Segunda fase de la operación policial contra la estafa de los ataúdes: la hija del dueño de la funeraria ingresa en prisión
Agentes de la Policía Nacional han detenido a primera hora de esta mañana a la hija del dueño de la funeraria que presuntamente cometió la estafa de los ataúdes, según informaron a eldiario.es fuentes del caso. La actuación forma parte de la segunda fase de la Operación Ignis, que investiga la incineración de cuerpos en féretros más baratos que los que se habían adquirido o incluso sin ellos, en los tanatorios de Grupo El Salvador, en Valladolid.
En la primera fase, adelantada por eldiario.es, la Policía detuvo a 15 personas entre las que figuraban el dueño, su mujer, el hijo y varios trabajadores. La nueva detenida es también hija de los propietarios, y estuvo presente el día 31 de enero, cuanto la Policía y funcionarios de aduanas registraron los tanatorios de Valladolid y Santovenia de Pisuerga. La joven estaba al frente de estos tanatorios encargándose fundamentalmente de la contabilidad.
La detención se ha producido en la calle, según fuentes del caso, antes de que accediese a las oficinas de la Agencia Funeraria Castellana, central del grupo empresarial, en la calle Angustias, al lado de los juzgados de Valladolid.La Delegación del Gobierno ha confirmado la información adelantada por este diario y ha precisado que la detenida, L.M.V, de 33 años y sin antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial poco después de su detención y que la jueza ha decretado su ingreso en prisión. Se le imputan los delitos de estafa continuada y organización criminal.
De los 15 detenidos en la primera fase de Ignis, tan sólo permanecen en prisión el dueño y su hijo. Mientras que para el padre se decretó prisión comunicada sin fianza, al hijo se le impuso una fianza de 800.000 euros que, hasta el momento, no ha pagado.
Durante los registros, la Policía encontró en casa del propietario casi un millón de euros en efectivo. Todos los detenidos están investigados por presuntos delitos de estafa continuada, fraude a la hacienda pública y blanqueo.
La juez que investiga el caso considera que se pudieron sacar de los féretros unos 6.000 cadáveres, entre los años 1995 y 2015. Tal y como precisó la Policía, se sacaron cuerpos de los ataúdes para cremarlos en otros más baratos y en algunos casos incluso se les incineró fuera de la caja, sobre una tapa o en féretros dañados.
