La familia se despedía de su ser querido en el Tanatorio El Salvador, en Valladolid, daba su último adiós y se marchaba pensando que el proceso estaba en marcha, que el cuerpo se consumía en ese horno. No era así. Fuentes del caso revelaron a eldiario.es que, una vez que los allegados abandonaban el recinto, el féretro salía del crematorio, si es que habían llegado a introducirlo, o de la sala de cremación, se metía en un coche fúnebre y lo llevaban al Cementerio Jardín El Salvador, en Santovenia de Pisuerga, a pocos kilómetros de Valladolid. Esta necrópolis privada cuenta también con crematorio.
Esta práctica es la que la Policía contempla como habitual en el modus operandi de la trama. Las instalaciones de Santovenia tienen un flujo de cremaciones y entierros mucho más reducido que el macrotanatorio de Valladolid. Además, hay un dato clave: el extorsionador que destapó el caso era trabajador del cementerio de Santovenia, y las imágenes se tomaron allí. Las familias nunca supieron que su ser querido hacía un último viaje de 7 kilómetros, que se le sacaba del féretro y se le reubicaba en uno más barato o sobre una tapa y que, una vez hecho cenizas, se llevaba la urna a Valladolid y se les entregaba. Parte del personal de Valladolid llevaba a cabo una puesta en escena para que nunca sospechasen nada, entre otras cosas, recomendar que no viesen como el ataúd entraba en el horno, o poner sonido que indicase que estaba en marcha.
Según los datos recabados del extorsionador, que documentó la estafa de los ataúdes desde 1995 a 2015, de 6.695 cremaciones, 5.308 fueron realizadas de manera irregular, es decir, sacando los cadáveres del féretro pagado por las familias para meterlo en otro de menor cuantía. Este trabajador, que chantajeó a los dueños de la funeraria cuando se jubiló en 2015, recopiló cada cambiazo en apuntes, y tomó más de 700 imágenes.
A pesar de que remitió las fotografías a los responsables de Grupo El Salvador exigiendo dinero que compensase su pensión de jubilación, estos denunciaron los hechos, confiados en que nadie investigaría su veracidad. El fundador y sus dos hijos siguen en el Centro Penitenciario de Valladolid. Reunir la fianza, 800.000 euros para el hijo y 400.000 para la hija, no es fácil. A propuesta de la Fiscalía, la jueza de instrucción ordenó el embargo de bienes que garanticen el pago de multas por posibles delitos de estafa continuada, fraude a la hacienda pública y blanqueo de capitales.
El abogado madrileño contratado por la familia ha advertido en varios medios de comunicación que la empresa se verá abocada a un ERE y que la investigación apenas cuenta con pruebas. Fuentes policiales y judiciales aseguraron a eldiario.es que el año largo de trabajo ha dado evidencias suficientes e insistieron en que la Operación Ignis tan sólo ha afrontado la primera fase de lo que será, dado el número de imputados hasta el momento (16) una macrocausa.