El último y definitivo pulso para que ETA dejara de matar se libró en el otoño de 2009. El sector de la izquierda abertzale favorable a que la organización terrorista siguiera actuando como su vanguardia y utilizando la violencia para conseguir sus objetivos políticos fue derrotado por la mayoría que seguía a Arnaldo Otegi y sus colaboradores. Con el tiempo, un pequeño grupo de esos descontentos se fue aglutinando en un par de iniciativas, IBIL y más tarde ATA, en defensa de una salida para los presos que no pasara por asumir la legalidad penitenciaria y adentrarse en el camino de la reinserción. Los servicios de Información han estado pendientes a la evolución de esas iniciativas, la de ATA a partir de 2014, y descartan que tengan capacidad alguna para protagonizar episodios de violencia.
Sin embargo, hace aproximadamente un año se produjo un episodio que encendió las alarmas en ETA, ya inmersa en el proceso de entrega de su arsenal. Uno de los escondites de cuya ubicación pretendían informar a los facilitadores de la entrega apareció vacío en los días previos. En el seno de lo que resta de ETA se produjo un debate sobre quién podría haber accedido a las armas. Finalmente, y según explican fuentes de los servicios de Información a eldiario.es, la dirección de la banda decidió enviar una carta al líder de ATA en Euskadi, Jon Iurrebaso, principal sospechoso de la sustracción.
De la autoría del robo, desvelado el martes por la Cadena SER, no ha podido concluir nada ETA ni las Fuerzas de Seguridad españolas. ATA está dinamizado por media docena de individuos y dos representantes oficiales en Francia y España que en sus distintas reuniones no han llegado a congregar a más de 60 personas en total. La mayoría del núcleo dirigente se sitúa entre los 65 y los 77 años de edad.
En el país vecino su líder público es Joel Sistiaga, de mediana edad y uno de los primeros condenados por ‘kale borroka’ en Francia. El Tribunal Correccional de París le impuso una pena de cinco años por asociación de malhechores en quince atentados cometidos entre julio de 2001 y junio de 2002 en trece localidades vascofrancesas. Las Fuerzas de Seguridad españolas califican de “inexistente” su peso en ETA en el pasado.
Un perfil más interesante para los analistas es el de Jon Iurrebaso, de 63 años y el destinatario de la misiva de ETA acusándole del robo de las armas. Llama la atención que Iurrebaso era el hombre que, en silencio, acompañaba a Josu Ternera, en las reuniones con Jesús Eguiguren del proceso fallido de 2006. Ternera es uno de los artífices del cierre definitivo de la banda mientras que su ayudante entonces ha llamado a Otegi públicamente “chivato” y considera una catástrofe el proceso hacia las vías pacíficas que éste lideró en 2009.
De la relevancia de Iurrebaso en el pasado da cuenta su detención el 29 de marzo de 2007 en la localidad francesa de Perigueaux. Ante los agentes galos se presentó como “negociador” con los Gobiernos español y francés y, como prueba, presentó varios teléfonos entre los que se encontraban el del director de la Policía española entonces y el del jefe de los antidisturbios franceses y policía próximo al presidente Nicolás Sarkozy. Aquella investigación resultó archivada y Iurrebaso, encarcelado y liberado más tarde por motivos de salud.
Del escaso peso de ATA da cuenta su intención de conformarse en partido, hecha pública en mayo de 2016, y que a estas alturas no se ha llegado a concretar. Sus movilizaciones a favor de los presos, sin respaldo de la izquierda abertzale oficial, a veces no pasan de congregar a cinco o seis personas, según se puede comprobar en su web oficial. Iurrebaso lleva años aquejado de una grave enfermedad.
Un reciente informe de situación de los servicios de Información se limita a señalar a ATA para constatar que ha intentado poner en marcha iniciativas mediáticas y de acercamiento a los presos en las que se presentaban como “agente idóneo” para favorecer su situación dentro de la cárcel, intentando contrarrestar el poder de la izquierda abertzale “oficial”. El apoyo a asumir la reinserción del 73% de los presos, resultado hecho público en verano, y el comunicado del EPPK que ha anticipado el de la disolución de ETA estrechan cualquier margen de actuación para ATA.