El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber dado instrucciones para que se espiara a dirigentes de Podemos con el objetivo de hallar información negativa que pudiera perjudicarles políticamente. Así lo confirman fuentes conocedoras de la declaración como imputado de Martínez ante el juez Santiago Pedraz, que investiga desde el pasado febrero las maniobras policiales contra la formación que ahora dirige Ione Belarra.
La búsqueda de antecedentes de los diputados de Podemos es uno de los episodios en los que ha puesto el foco el juez a partir de los mensajes que se le incautaron a Martinez en el caso Kitchen, grabaciones y documentos apócrifos publicados en medios de comunicación y testimonios incorporados a otras causas judiciales.
En este intercambio de WhatsApp, que tuvo lugar en enero de 2016, cuando las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente, consta cómo Martínez escribió a un destacado miembro de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contestó que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclamó Martínez.
Sin embargo, ante el juez, Martínez ha negado que él pidiera buscar información sobre dirigentes de la formación y también ha asegurado que nadie le dio cuenta de esas búsquedas. La pasada primavera, el que fuera ‘número dos’ de Interior pidió que la causa se archivara al considerar un delito la utilización de sus mensajes, obtenidos en el marco del caso Kitchen, en la investigación de Pedraz, después de que el juez Manuel García Castellón suspendiese su acceso a los mismos.
En paralelo, el juez Pedraz ha recibido un paquete de informes y oficios de las diferentes unidades policiales en las que se produjeron consultas a bases de datos restringidas por parte de sus agentes sobre miembros de Podemos. Según cálculos de los abogados de la formación, el 10% de las unidades han justificado esas búsquedas, que han enmarcado en tareas de “contravigilancia” o por mandato judicial, otro 10% son lo que se califica como “entradas automáticas” y en un 80% no las han justificado. En consecuencia, la acusación de Podemos ha solicitado al magistrado que solicite a Asuntos Internos que analice si se realizaron esas búsquedas y que detalle, en caso afirmativo, por qué razón se hicieron.
Entre esos informes consta en el de Brigada Provincial de Información de Madrid, que justifica que las búsquedas se produjeron después de que los propios dirigentes de Podemos, a raíz de la precampaña de las europeas de 2014, pidieran colaboración policial después de que los que fueran algunos de sus máximos dirigentes del momento —Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, entre otros— hubieran recibido amenazas por parte de colectivos de extrema derecha. “Tanto para la investigación de hechos delictivos, como para la planificación de servicios de seguridad, la consulta de aplicaciones informáticas de la Dirección General de la Policía es necesaria”, recoge ese informe.
En el interrogatorio de este lunes, Martinez también se ha desvinculado de otro de los episodios que investiga Pedraz: la publicación —en esas mismas fechas— del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Se trata de un dossier, sin sello ni firma policial, en el que se lanzaban acusaciones sin concretar sobre la financiación de Podemos.
Según delatan las conversaciones de Martínez, ese documento fue obra de la brigada política, pues algunos de sus integrantes aparecen hablando con él sobre la obtención de datos y su posterior filtración a los medios. Ante el juez, Martínez ha asegurado que lo conoció por la prensa. El informe PISA fue descartado como indicio de ninguna ilegalidad por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por basarse, entre otros motivos, en recortes de prensa.
Ocho meses de investigación
El pasado febrero, Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobró de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.
La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Martínez y en última instancia de Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.
El objetivo principal, según esa querella, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación a Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.
Desde su irrupción en la política española en las elecciones europeas de 2014, ni Podemos ni ninguno de sus líderes han sido condenados por financiar de forma irregular el partido. Un juzgado de Madrid mantuvo abiertas durante tres años unas diligencias en el conocido como 'caso Neurona' que, finalmente, fue archivado por falta de pruebas.