El exabogado de Podemos que ha llevado al partido ante los tribunales por un amplio abanico de supuestas irregularidades financieras reconoció ante el juez que no tiene ninguna prueba de muchas de ellas y que parte de su denuncia se basa en “rumorología” o en lo que le comentaron personas del propio partido o de otros como IU, que era parte de la coalición electoral Unidas Podemos. Una de las cuestiones que denunció José Manuel Calvente fue la contratación, supuestamente ficticia, de la consultora Neurona, que él relaciona con el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero. Calvente sostiene en su denuncia inicial que pudo haber “contrataciones ilícitas” para simular gastos y llevarse así “comisiones”. Pero ante el juez dice que no tiene pruebas de esas “autocontrataciones” en las que implica al secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo: “No lo puedo demostrar, me lo han dicho”.
Así consta en la declaración íntegra de Calvente a la que ha tenido acceso elDiario.es y que se desarrolló el pasado 29 de julio ante el juzgado de instrucción 42 de Madrid. El documento, que recopila más de tres horas de declaración, se había perdido en un primer momento y las partes solo habían podido acceder a los 42 minutos iniciales. Pero tras solicitarlo Vox, personada como acusación popular en la causa, el juzgado rectificó su primera comunicación y dijo que sí constaba la grabación íntegra, que remitió a las partes.
Durante las preguntas a Calvente, el fiscal le inquiere por el papel del secretario de Comunicaciójn y máximo responsable de campaña. De Olmo es una de las personas a las que el exabogado señala en su denuncia como parte de una “trama” que se habría dedicado a “vaciar” económicamente al partido. Una de las fórmulas que habrían utilizado, siempre según la denuncia, sería la supuesta contratación ficticia de la consultora mexicana Neurona.
En la denuncia de Calvente se lee que “Del Olmo (...) es la persona que ha decidido en última instancia el gasto de los presupuestos de las campañas electorales de Podemos en las elecciones generales y en las elecciones autonómicas de Madrid, celebradas este año 2019, ordenando la celebración de contratos presuntamente ficticios o manifiestamente hinchados, con importes muy elevados con varias empresas opacas, entre otras, con la empresa Neurona Comunidad SL, creada expresamente para la campaña electoral del 28 de abril de 2019, a través de un testaferro”.
Además, dice que Monedero “habría actuado como intermediario en las contrataciones ilícitas” con Neurona, “obteniendo un beneficio personal por ello según algunas de las personas entrevistadas en la investigación interna”. Y añade que “sería el responsable de buscar empresas y gobiernos extranjeros con los que contratar (...) obteniendo fondos mediante contratos simulados, que luego servían tanto para su propio beneficio personal —a través de comisiones de intermediación cobradas directa o indirectamente— como para financiar a otros partidos extranjeros y, posiblemente, a Podemos, a través de microcréditos”.
Sin embargo, ante el juez el exabogado no sostiene todas estas acusaciones. Y, además, asegura que no puede probar las irregularidades que manifiesta. A preguntas del juez sobre los contratos nulos dice: “A mí eso me lo explica Pablo Fernández Alarcón [exgerent del partido hasta 2019]. Y a él se lo ha explicado un consejero ciudadano de Podemos, y a él se lo explican personas de dentro”.
Calvente reconoce que él mismo repasó algunos de esos contratos, en concreto el de la empresa portuguesa ADDB, que en su denuncia relaciona con el supuesto entramado de Neurona y con “contratos ficticios con sociedades y entidades vinculadas al entorno de Neurona Consulting”. Ante el juez, dijo: “A ese contrato no vi nada destacable más que aparecían personas que eran extranjeras, tampoco le di en su momento más importancia, pero ya nos llamó un poco la atención, ¿qué raro esto, no?”.
El exabogado sostiene que para la campaña de abril de 2019 Del Olmo montó “un centro de big data” fuera de la sede de Podemos. Ahí fue donde se desarrollaron los trabajos de las empresas contratadas y donde efectivamente acudieron a trabajar los empleados de estas, provenientes de Latinoamérica. Calvente reconoce que estos sí se desplazaron, aunque no sabe si eran “mexicanos o brasileños”, así como la compra de ordenadores y el material necesario para montar la oficina de campaña.
Fue en el marco de esa campaña y de su presupuesto, que el denunciante dice que nunca se aprobó por el Consejo Ciudadano, como es obligado estatutariamente, donde se produjeron algunas “autocontrataciones” para desviar supuestamente fondos del partido a los propios dirigentes. El fiscal le pregunta expresamente por el papel en esto de Juan Manuel del Olmo y Calvente responde: “Es el que dirigía, decidía sobre el presupuesto de campaña electoral. Contratemos con esta o con otra. Hasta incluso autocontratación, no lo puedo demostrar, me lo han dicho también, a través de la consultora Neuroa, no lo sé. Supongo que se podrá pedir si se piden las cuentas”.
El juez, en la batería de diligencias que solicitó al día siguiente de la declaración de Calvente, ha citado en calidad de investigados a dos altos cargos de Neurona Comunidad S.L. También ha puesto el foco en los trabajos que esta consultora y otra llamada ABD Europa LDA —localizada en Portugal— hicieron para la formación en los comicios del 28 abril de 2019. Así, pide a la Policía Judicial que identifique todos los pagos realizados a ambas mercantiles y al partido que aporte los trabajos realizados. También pide a las entidades bancarias Bankinter y BCP Millenium que remitan documentación de cuentas de ambas consultoras.
Calvente recuerda que el Tribunal de Cuentas no aceptó estos contratos y sus pagos como parte del gasto electoral subvencionable por el Estado, tal y como figura en el informe publicado recientemente y en el que el órgano fiscalizador no propone ninguna sanción sobre Podemos ni le retira dicha subvención. Es en este contexto, en el de las comunicaciones entre Podemos y el Tribunal de Cuentas sobre los contratos a Neurona, en el que el denunciante dice que comienzan a sospechar que están ocurriendo cosas raras, alertados también por “alguien” de IU. Izquierda Unida formaba parte de la coalición Unidas Podemos y, por tanto, también era parte en las diferencias con el organismo fiscalizador. “Eso es lo que me dicen que está pasando, yo no lo he visto”, dice en otro momento sobre las posibles diferencias entre los dos principales partidos que integraban Unidas Podemos.
Complementos salariales a trabajadores
Otras de las denuncias que hace Calvente tiene que ver sobre los complementos salariales que cobran algunos trabajadores. Entre ellos, otros dos de los investigados por el juez, la gerente, Rocío del Val, y el tesorero, Daniel de Frutos. En su relato, el exabogado sostiene que estos constituyen “sobresueldos” y que son irregualares.
Calvente señala en su declaración ante el juez que a principios de 2019 había “malestar generalizado en la plantilla” porque se estaban revisando todos los gastos en personal “por si las elecciones iban mal”. “Hubo bastantes problemas laborales. Se bloqueó el comité de empresa. Despidos indiscriminados. Amenazas internas”, relata Calvente.
El fiscal le pregunta a Calvente si los complementos “extraordinarios de 600 euros” que cobraban en nómina Del Val y De Frutos fueron autorizados por la dirección política del partido. Y, otra vez, se refiere a terceros para confirmar su denuncia. “Lo que me ha dicho Gloria Elizo [por entonces máxima responsable legal y miembro de la ejecutiva de Podemos] es que no se había aprobado. Porque se estaba en una economía de guerra por el miedo a una debacle electoral y una bajada de ingresos. Eso en enero-febrero. Además, no había presupuesto. Lo que se me ha dicho es que esa decisión partió de la Gerencia. Si a la Gerencia se lo dijeron otras personas, no lo sé”.
A continuación, el fiscal le inquiere si además del tesorero y de la gerente alguien más cobra esos complementos. “No me consta nadie más”, responde Calvente.
Sin embargo, minutos después le toca el turno al abogado de Podemos, quien muestra una serie de nóminas tanto del propio Calvente como del anterior gerente, Pablo Fernández Alarcón, en la que figuran algunos de los mismos complementos que poco antes había dicho que no le constaba que cobrara nadie más. El juez le pregunta: “¿por qué cobraba usted ese complemento y cree que los otros son improcedentes?”. A lo que Calvente respondió: “el complemento de coordinación ejecutiva no estaba regulado. El mío [de coordinación], sí”.