El exalcalde de Valladolid declarará como imputado por falsedad documental y prevaricación
El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva (PP) volverá a pasar por los juzgados. La Audiencia Provincial confirma en un auto fechado hoy mismo que deberá declarar “con la cualidad ineludible procesalmente de investigado” sobre la comfort letter (un documento en el que una empresa o institución admite una garantía para recibir un crédito) que firmó en enero de 2011 y en la que se comprometió a avalar el crédito de 400 millones de euros para el soterramiento de las vías del tren. Además deberán prestar testimonio el interventor y el secretario municipal en el momento de los hechos.
La carta, que se firmó sin llevar a Pleno la decisión y sin un informe de la asesoría jurídica que lo avalase, deja, cinco años después, en una difícil situación al actual Ayuntamiento, que tiene que devolver el 25% de ese crédito (100 millones de euros) y con el soterramiento con el que se habría amortizado sin ejecutar.
Fue el nuevo equipo de Gobierno (PSOE, Valladolid Toma La Palabra y Valladolid Sí Se Puede) quien llevó el caso a los juzgados el pasado mes de abril. El juzgado de Instrucción número 4 acordó el 15 de junio el archivo provisional de la causa por entender que debía ser la jurisdicción administrativa o contencioso administrativa la que debía resolver sobre la validez del documento.
Tanto el Ministerio Fiscal como el Ayuntamiento presentaron un recurso. La Fiscalía argumentó que podrían haberse producido dos delitos: uno de falsedad documental y otro de prevaricación y que era necesaria la declaración de León de la Riva, mientras que el Ayuntamiento adujo que también deberían declarar el concejal de Hacienda, Alfredo Blanco y el interventor municipal.
La Audiencia revoca el archivo provisional no sin cierta dureza con la instructora, a quien recuerda que si bien justifica su decisión en el principio de intervención mínima del derecho penal, obvió “cualquier referencia a un posible delito de falsedad documental”. Para el Tribunal, aunque la vía administrativa podría resolver la cuestión de la prevaricación, determinando la nulidad o validez de la comfort letter, tienen más peso los informes del interventor y de la asesoría jurídica aportados y de los que se desprenden “indicios racionales de un delito de prevaricación que debe ser investigado”.
En concreto, el interventor aseguró en un escrito que nunca supo de la existencia de la carta. Este detalle es esencial puesto que debería haber emitido un informe sobre la adecuación presupuestaria de la operación y si superaba el límite del endeudamiento, el sometimiento al órgano colegiado municipal correspondiente y, en su caso, la autorización del Ministerio de Hacienda o del órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma si la operación fuese viable.
También señalaba que “además de haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido”, el Ayuntamiento tampoco cumplía otro requisito “esencial e incontrovertible” para poder conceder un aval y que además recoge la Ley de Presupuestos Generales para 2011: el endeudamiento del Ayuntamiento, a fecha del momento del aval, no podía exceder el 75%. Sin embargo, un informe de la Intervención de octubre de 2010 para la celebración de cuatro operaciones financieras por valor de más de 72 millones ya informaba de que el endeudamiento, una vez incluidos estos préstamos, era del 96,70%.
Pero la Audiencia no tiene dudas de que el caso tiene que investigarse en la vía penal porque además existe un posible delito de falsedad documental. “Este delito vendría configurado por una de las menciones existentes en el documento firmado por el señor León de la Riva”, recuerda. En concreto, se refiere al punto número 4 de la carta de conformidad en el que se afirma que el acto cuenta con todas las autorizaciones y consentimientos necesarios y que además no existían obstáculos ni reclamaciones, cuando era todo lo contrario. Según los informes del interventor y del secretario general que se emitieron en diciembre de 2015, desconocían la existencia de dicho compromiso.
Fuentes judiciales avanzaron a eldiario.es que el delito de prevaricación lleva aparejada la inhabilitación y el de falsedad la prisión, y que la suma de ambos delitos pintan un horizonte complicado para el exregidor si el caso llega a juicio.
León de la Riva ya sabe lo que es declarar como investigado y tiene una condena por desobediencia al no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que afectaba al céntrico edificio donde vive. El fallo, que le inhabilitó 13 meses, llegó justo después de las elecciones de mayo de 2015. Sin embargo, el contar con antecedentes no influiría si se produjese un nuevo fallo en su contra, ya que los hechos a enjuiciar datan de 2011, mientras que la sentencia de inhabilitación adquirió firmeza en 2015.
