Un total de 64 exdiputados han solicitado al Congreso la indemnización por cese al no encontrar ninguna vía de ingresos, tras dejar la política. Se trata de una retribución regulada en la normativa de pensiones del Congreso de los Diputados. Los exparlamentarios reciben 2.813 euros al mes y la duración del subsidio tiene relación directa con el tiempo de ejercicio en el cargo.
Los exparlamentarios no tienen derecho a paro ya que su relación con el Congreso no es laboral. El acuerdo de indemnizaciones fue aprobado por la Mesa en su reunión del pasado martes y se limita a aplicar un reglamento que reserva para los parlamentarios un pago de 30 días por año trabajado, un régimen similar a los despidos improcedentes en el actual marco laboral.
La indemnización es incompatible con cualquier otro ingreso del sector público o privado, tras una reforma del reglamento impulsada en 2011. Si el exdiputado encuentra trabajo, está obligado a comunicarlo a la Cámara y en ese momento deja de recibir en su cuenta corriente los pagos mensuales.
En este último supuesto se encuentran seis de los 64 exdiputados de la lista. Como ejemplo está el caso de la socialista Trinidad Jiménez. La exministra solicitó el 13 de enero que el Congreso le abonara la indemnización y, apenas mes y medio después, comunicó su reincoporación al mundo laboral. Gracias a ese movimiento y al listado publicado por la Cámara conocemos la fecha exacta de incorporación de la exdiputada en Telefónica: el 29 de febrero de 2016.
Según el listado publicado por el Congreso, un total de 10 exdiputados podrían estar más de un año sin trabajar y percibiendo un ingreso mensual de casi 3.000 euros. Cuanto más asciende la veteranía de los exparlamentarios, más se incrementa el número de meses con derecho a pensión. Ignacio Gil Lázaro (PP) podrá seguir cobrando del Congreso durante 23 meses, a María Isabel López i Chamosa (PSOE) le quedan 19 mensualidades por percibir y a Ana Mato (PP) le faltan por percibir 18. Estos tres exparlamentarios son los que más derechos han acumulado por su presencia continuada en los escaños del Congreso.
Analizado por partidos, el PP es el grupo que más solicitantes aporta a la cuenta general. Si todos los que se encuentran en el listado agotasen la prestación, la cámara tendría que asumir un gasto global de 1,3 millones de euros.