El director gerente del Canal de Isabel II en 2001 y actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda, ha llevado este viernes a la comisión de investigación sobre corrupción de la Asamblea de Madrid las actas del Canal sobre la compra de la empresa colombina Inassa, unas actas que no tienen los diputados pese a haberlas reclamado a la Comunidad insistentemente.
“No hay nada que ocultar. No entiendo por qué no las tienen”, ha dicho en varias ocasiones durante la sesión. No obstante, cuando se las ha pedido el portavoz de Ciudadanos (Cs), Cesar Zafra, Canalda ha señalado que no se las puede entregar. El Gobierno regional ha señalado en varias ocasiones que dará esas actas de aquella época a la oposición si el juez del caso Lezo lo autoriza.
El compareciente ha aseverado que no albergó “la más mínima sospecha” sobre la operación de compra y que pidió explicaciones cuando supo que la compra se realizaría a través de una empresa ubicada en Panamá.
“Cuando se me dijo que se tenía que hacer la compra en un país que era paraíso fiscal, les dije que me lo tenían que explicar bien. Era un vehículo, en el libro de venta está así explicado. Me dicen que es totalmente legal. El Canal no se iba a quedar en Panamá porque es una sociedad instrumental”, ha indicado.
Canalda ha puntualizado que dicha sociedad fue disuelta poco después de esa operación, y así lo comprobaron. Además, ha afirmado que esa decisión estuvo avalada por un informe internacional de planificación fiscal por parte de un auditor.
También ha afirmado que el hecho de que dicha sociedad panameña no constara en documentos del Canal “no tenía mayor importancia” porque luego fue disuelta poco después, aunque cree que debería haberse puesto en los papeles. “No hubo ninguna ilegalidad y se fuera ilegal no se podría haber inscrito. Fue un tracto mercantil”, ha apuntado.
A este respecto, Zafra ha preguntado al interviniente en la comisión si nadie preguntó o a nadie le preocupó que el Canal comprara Inassa a unos socios extranjeros que apenas conocían. “No. Lo he leído en las actas”, le ha respondido.
Arturo Canalda ha recalcado que el Consejo de Administración tuvo la administración soberana de la compra, mientras que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la operación porque así lo obligaba la ley cuando una empresa pública adquiere más del 50 por ciento de otra. “El presidente de la Comunidad (Alberto Ruiz-Gallardón) no toma las decisiones del Canal y siempre ha dejado hacer a las personas a las que ha confiado. La autorización es para adquirir el 75 por ciento de las acciones y así fue”, ha destacado.
Arturo Canalda ha recordado que llegó a la gerencia del Canal poco antes de la compra de Inassa, por lo que de la documentación con la que cuenta de los consejos del Canal y de las reuniones mantenidas con el director financiero y del director de Nuevos Negocios “no albergó ninguna duda de lo que se estaba haciendo se estaba haciendo bien”. De hecho, ha añadido que los notarios tanto de la empresa pública como del Consejo del Gobierno avalaron los acuerdos como suficientes y bastantes para inscribir el contrato.
El compareciente, que ha asegurado que “no ha habido afán de ocultación”, también ha explicado que constituyeron la filial Canal Extensia por seguridad jurídica para que a la operación no vaya la empresa matriz y para asegurar la financiación a través de los créditos bancarios. “En mi época se facilitaban las cuentas a la Cámara e informábamos de todo... No es lo mismo lo que se hizo con Inassa que después”, ha dicho.
Canalda tampoco ha dudado de la solvencia de la trayectoria de las personas que se encargaron de la compra. “Los profesionales que vinieron eran como la copa de un pino. Y me apoyaba en ellos. Lo que pretende es diversificar y extender el Canal se contrata a personas para ello”, ha dicho.
El exgerente del Canal ha reiterado que es “una persona honesta, siempre toma las decisiones de forma legal, nunca se ha llevado un duro y no tiene la condición de investigado”. Y no cree que termine imputado en el caso Lezo porque “nunca ha cometido ninguna ilegalidad”. No obstante, en el caso de que acabara con la condición de investigado dimitiría como presidente de la Cámara de Cuentas “para no hacer daño al organismo” aunque nadie está obligado a dejar su puesto si no es por sentencia firme.
Asimismo, Arturo Canalda ha revelado en otro momento de la comisión que este mes o el siguiente estará lista la auditoría de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el periodo 2008-2015 de la empresa pública de aguas madrileños que otorga prioridad a la situación de las empresas en Iberoamérica.