La exjefa de la Fiscalía de Barcelona Ana María Magaldi frenó en vísperas de las elecciones catalanas una investigación por prevaricación contra el líder del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, relacionada con la concesión de ayudas millonarias desde una fundación participada por el Ayuntamiento de Badalona al Joventut, el equipo de baloncesto en el que jugó de joven el dirigente popular.
El caso se cerró, a pesar de que en su resolución para archivar las diligencias, firmada el pasado 6 de noviembre, la entonces responsable de la Fiscalía de Barcelona admitió la ausencia de controles en la fiscalización de ese dinero público que manaba cada año (hay ejercicios con más de 500.000 euros) desde la entidad participada por el Ayuntamiento hacia el club deportivo, un emblema de la ciudad.
La investigación nunca llegó a los juzgados pese a que su instructor, el fiscal de urbanismo de Barcelona Antoni Pelegrín escribió un informe a sus superiores en el que proponía poner todos los expedientes en manos de Anticorrupción e informar a la Fiscalía General del Estado. La conclusión de ese dictamen, al que ha tenido acceso eldiario.es, decía: “Se ha podido determinar la presunta responsabilidad penal del señor Xavier García Albiol, en cuanto a su participación primero como patrono y desde su nombramiento como alcalde, como presidente de la fundación Badalona, Capital Europea del Bàsquet”.
En ese escrito, el representante del ministerio público que había asumido desde el principio la investigación sostenía que en la concesión de las ayudas públicas el Gobierno de Badalona había vulnerado durante el mandato de Albiol varias leyes, entre ellas la de subvenciones, la de fundaciones y la de contratos del sector público.
La fiscal jefe de Barcelona entonces, Ana María Magaldi, acabó dando carpetazo al asunto en contra del criterio del fiscal que había trabajado con los expedientes durante meses quien estaba convencido de que existían delitos graves.
Investigación archivada
Antoni Pelegrín mostró por escrito su disconformidad con la orden de su superiora, Magaldi de cerrar el caso. Así que la fiscal jefe de Barcelona decidió hacer suyas las diligencias y archivarlas para siempre. El argumento que empleó fue que todas las irregularidades detectadas –las ayudas de Albiol y el impulso de la Generalitat a una recalificación de terrenos que favoreció también al Joventut– deben dirimirse en la vía administrativa.
La Fiscalía Superior de Catalunya se limitó a ratificar el carpetazo al caso con un escrito de trámite el pasado 29 de diciembre. Dos semanas después, Magaldi abandonó el puesto de jefa en Barcelona y la carrera fiscal para jubilarse.
La investigación había nacido con la denuncia de una asociación de vecinos de Badalona que estaba en contra de la operación inmobiliaria diseñada entre el Ayuntamiento y el Joventut (presidido por uno de sus históricos, el alero internacional Jordi Villacampa). Tras varios intentos, el cambio de la normativa urbanística y una polémica valoración del Instituto Català del Sòl (Incasol) permitió al club de baloncesto vender un solar -tras una controvertida recalificación- a Mercadona y enjugar parte de su millonaria deuda, que llegó a cifrarse en 10 millones de euros y motivó un embargo de Hacienda.
La querella de la asociación de propietarios del barrio de Mas Ram cayó en manos del fiscal de urbanismo Antoni Pelegrín quien, a la vista de la documentación que iba descubriendo, decidió extender la investigación a las subvenciones millonarias que diferentes gobiernos de Badalona concedieron al Joventut desde el año 2002 a través de una entidad mixta integrada por el Ayuntamiento y el club de baloncesto: la fundación Badalona, Capital Europea del Bàsquet.
Una fundación mixta, en el centro de la polémica
Este organismo fue creado en 2002. El equipo de baloncesto aportó como capital a la entidad los derechos de explotación del Palacio de Deportes Municipal que el mismo ayuntamiento le había cedido por 50 años y que se valoraron en 1,2 millones de euros.
En esa fundación clave para salvar las finanazas del Joventut estuvo desde su nacimiento Albiol, primero como patrono por su condición de concejal del Ayuntamiento, y cuando llegó a la alcaldía en 2011, como presidente hasta 2015. Durante esa larga etapa, escribe el fiscal: “Se dictaron reiterados acuerdos destinados a subvencionar al Club Joventut manifiestamente contrarios a lo establecido en el artículo 107 y siguientes del Tratado de la Unión Europea, la Ley General de Subvenciones y la ley de fundaciones, así como a lo establecido en materia de contratos del sector público”.
El fiscal siguió el rastro del dinero y descubrió la ausencia total de controles municipales para comprobar el buen uso de los fondos públicos. Pelegrín concluyó que en la actuación de la fundación participada por el Ayuntamiento y del propio Albiol existen indicios de un delito continuado de prevaricación “que no se halla dentro de los asignados a la sección de Medio Ambiente y Urbanismo” y pidió derivar la investigación y toda la documentación recabada a la Fiscalía Anticorrupción además de ponerlo en conocimiento del Fiscal General del Estado.
En su resolución escribió: “De los hechos expuestos queda evidenciado que, al menos indiciariamente, durante ese dilatado lapso temporal la actuación de las administraciones concernidas ha tenido como objetivo la ayuda ilícita a un club deportivo como es el Joventut, con la participación activa no solo del Incasol [el Instituto de Suelo de Catalunya] sino también de altos cargos del Ayuntamiento de Badalona”.
En el escrito remitido a su superior –la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi– en el que pide que Anticorrupción asuma el caso, Antoni Pelegrín señala directamente al líder el PP catalán: “En la toma de estas decisiones intervino de manera directa Xavier García Albiol, quien es concejal (desde el 15 de junio de 1991) y después alcalde de Barcelona, siendo actualmente Señador de las Cortes Generales [...] y diputado del Parlamento de Catalunya”.
A la vista de que Albiol tenía la condición de aforado por su condición de senador, el fiscal solicitó además informar a la cúpula de la Fiscalía, entonces presidida por José Manuel Maza: “De conformidad con la instrucción de la Fiscalía General del Estado [...] debe ponerse en conocimiento del Fiscal General del Estado la presente investigación, por cuanto a resultas de la misma se ha podido determinar la presunta responsabilidad penal de Xavier García Albiol, en cuanto a su participación primero como patriono y desde su nombramiento como alcalde, como cresidente de la Fundación Badalona, Capital europea del Bàsquet”.
“Ayudas opacas, irregulares, ilegales”
Los calificativos con los que alude el fiscal en su informe de 27 páginas a las ayudas concedidas al Joventut dejan pocas dudas sobre sus sospechas: “Opacas, irregulares, ilegales”. De hecho, el escrito sostiene que la fundación fue un mero vehículo para sortear la prohibición de la legislación comunitaria de que las administraciones públicas otorguen ayudas directas a los clubes deportivos.
La entonces fiscal jefe Ana María Magaldi recibió esa propuesta de denuncia justificada con abundante papeleo –sobre las ayudas y también acerca de las operaciones inmobiliarias y los cambios en el planeamiento urbanístico y los contratos de compra-venta de los solares– el pasado 4 de agosto de 2017.
El 6 de noviembre en plena precampaña, diez días después de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, convocase las elecciones catalanas valiéndose del artículo 155 de la Cosntitución, Magaldi dio la instrucción a Pelegrín de que finiquitase el asunto. Ante la negativa de este, la entonces fiscal jefa de Barcelona decidió hacerlo suyo y decretar su archivo. Los indicios que relacionaban a Albiol con un delito de prevaricación continuada nunca llegaron a Anticorrupción ni mucho menos a los tribunales.
En su justificación para poner fin a las diligencias la responsable de la Fiscalía de Barcelona admitió que en parte de las subvenciones al Joventut “no se hace constar la necesidad de justificar el destino del dinero, ni quedó reflejado que ello se realizara debidamente”. Pero la entonces fiscal jefe provincial añadió un párrafo exculpatorio para el líder y ya entonces candidato del PP catalán: “Aun admitiendo la posibilidad de que en la concesión de ayudas por la fundación pública al Joventut, hubiera algún tipo de irregularidad o ilegalidad, de los datos expuestos no hay elementos suficientes para considerar que estamos ante un ilícito penal y, por el contrario, parece que, en principio, dichas irregularidades, de existir deberían ventilarse en el ámbito administrativo”.
Cuando decidió frenar la investigación, Magaldi ya había tomado la decisión de jubilarse. El pasado 17 de enero el Fiscal General del Estado Julián Sánchez Melgar comunicó en el Consejo Fiscal que su sustituta sería la expresidenta de la Asociación de Fiscales –la más conservadora– Concepción Talón, que hace una semana tomó posesión de la plaza. El caso oficialmente está cerrado.