Los expertos en Derecho Constitucional consultados por elDiario.es corrigen las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en las que utilizó la imagen del rey para cargar contra el Gobierno por la inminente aprobación de los indultos a los presos del procés. “¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?”, aseguró la presidenta madrileña minutos antes de participar en la concentración celebrada en la plaza de Colón este domingo. Este lunes, más de 24 horas después de esas declaraciones y tras una ola de críticas y correcciones –incluida la de Pablo Casado–, la lideresa del PP matizó sus palabras, asegurando que Felipe VI “no es cómplice de nada”. Este martes ha afirmado que no se trató de una rectificación y que Casado “piensa exactamente lo mismo” que ella.
Ante la pregunta lanzada el domingo por Díaz Ayuso, la respuesta de los docentes de Derecho Constitucional consultados por elDiario.es es tajante: “El rey no se puede negar a firmarlos”. Y si lo hace, tendría que abdicar. “Hay unanimidad. Nadie discrepa. El rey no tiene legitimidad para negarse a firmar, no es su función”, explica Joaquín Urias, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. En esa misma línea se posiciona la docente de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ana Valero, que expone que las actuaciones del monarca “son actos debidos”, que consisten en formalizar “una decisión que previamente ha sido tomada por otros poderes del Estado que sí están legitimados democráticamente”.
La Constitución establece que los actos del monarca “serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes”. Y si no están avalados por estas personalidades “carecen de validez”. Por lo tanto, la responsabilidad de los actos aprobados recae sobre el representante del Ejecutivo que lo refrenda y nunca sobre el rey.
Con este contexto, Mercè Barceló, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, indica que el monarca es “irresponsable” porque “en ningún caso” asume las consecuencias de las decisiones que rubrica. Por lo tanto, continúa Urias, la firma del monarca “es un acto puramente simbólico”, que sirve para “darle dignidad estatal a cualquier acto de Estado, pero en sí no tiene ningún valor decisorio”.
El docente de la Universidad sevillana considera que las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid son “un ataque a la línea de flotación de la monarquía”. Por su parte, Valero señala que la interpelación de Díaz Ayuso a la corona demuestra “desconocimiento y desprecio hacia la Constitución”.
Un día después de las polémicas declaraciones de la presidenta autonómica, varios miembros de su partido se han desmarcado de sus afirmaciones, entre ellos, el presidente nacional del PP, Pablo Casado, que ha recordado que en la Constitución el papel del monarca “está tasado”. “La responsabilidad corresponde en exclusiva a Pedro Sánchez y a su Gobierno”, ha añadido. Horas después, la presidenta ha rectificado y ha defendido que Felipe VI “no es cómplice de nada”. “Toda la culpa que conste recae en el presidente del Gobierno quien está deteriorando todas las instituciones”, ha señalado. Representantes de Vox y Ciudadanos, que coincidieron con los populares en la concentración de Colón, han enmendado igualmente las declaraciones de Díaz Ayuso este domingo.
El precedente belga
En la monarquía europea existe un precedente de abdicación por cuestiones ideológicas. Este episodio fue protagonizado por el rey Balduino de Bélgica en 1990, que renunció al trono durante 36 horas por su negativa a ratificar el proyecto de ley de despenalización del aborto. La hemeroteca recoge que el monarca tomó esta decisión por su oposición a la interrupción voluntaria del embarazo.
Para sacar la ley adelante, el Gobierno belga se amparó en un artículo de la Constitución que dejaba las funciones del monarca en manos del Consejo de Ministros si se alegaba una “incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona”. Y así sucedió, el Ejecutivo asumió los poderes del rey, ratificó la ley y Balduino recuperó el trono horas después.
En España, los expertos en Derecho Constitucional entrevistados por elDiario.es insisten en que el papel del jefe de Estado en una monarquía parlamentaria queda recogido en la Constitución. “Si al rey le atribuyes la posibilidad de decidir algo, necesitaría legitimidad democrática, estar elegido, escoger públicamente cuál es su ideología”, incide el docente de la Universidad sevillana, que destaca que “el rey no expresa su ideología nunca porque representa a todo el mundo”. Asimismo, defiende que si hiciese pública su opinión “alteraría el papel que le da la Constitución y al final se produciría una crisis”.
Para Carlos Flores, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia, la negativa del monarca provocaría un “mayor perjuicio para la institución”. “Si se negase, sería mucho mayor el daño que el remedio”, sentencia el docente.