Tras más de año y medio año paralizados, los trámites parlamentarios para reformar la polémica Ley de Seguridad Ciudadana –conocida como ley mordaza– se han retomado este jueves en el Congreso. Los grupos acordaron qué catorce expertos, dos por cada uno de ellos, expondrán en la Comisión de Interior sus puntos de vista sobre qué aspectos debería contemplar la nueva regulación.
Los perfiles de los comparecientes son diversos. Mientras el PSOE, Unidos Podemos y ERC han invitado a juristas (profesores, abogados e incluso una jueza), el PP y Ciudadanos han optado por llevar a representantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, entre ellos a un policía, Samuel Vázquez, que vincula inmigración y terrorismo.
Además, el Grupo Mixto ha invitado a componentes de colectivos de la sociedad civil de perfil más activista y el PNV a miembros de organizaciones vinculadas a la Iglesia católica. Serán en total diez hombres y cuatro mujeres.
Los socialistas han propuesto la comparecencia del catedrático de Derecho Penal Luis Arroyo Zapatero, que también formó parte de la comisión a la que el exministro de Justicia Rafael Catalá encargó la reforma de los delitos sexuales tras la sentencia de la manada; y de la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Pilar Rasillo López. Unidos Podemos, por su parte, ha invitado al catedrático de Derecho Penal de la Universidad de León José Manuel Paredes Castañón y a Lorena Garrido, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El PP y Ciudadanos coincidieron en invitar a representantes de las mismas organizaciones profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, por lo que tuvieron que hacer retoques a última hora. Finalmente, por parte de los conservadores acudirán Javier Montes Robles, vicepresidente de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil; y Ramón Cosío, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario en el Cuerpo Nacional de Policía y que acude en representación de todos los sindicatos. La formación naranja invitará a los agentes Miguel Ángel Alonso, secretario general de la Plataforma Social de Policías Locales (PSPL); y a Samuel Vázquez, coordinador general del colectivo Una Policía para el Siglo XXI. En algunos de sus artículos en prensa, este último ha vinculado inmigración con terrorismo, tal y como adelantó eldiario.es.
Al igual que el PSOE y Unidos Podemos, Esquerra Republicana también ha optado por llevar a juristas. En su caso, a Agustí Carles i Garau, que es miembro de la asociación Drets.cat y que como letrado ejerció la defensa de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; y a Marc Marsal i Ferret, abogado, profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universitat de Barcelona y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat, equivalente en Catalunya al Consejo de Estado.
El PNV, por su parte, ha invitado al sacerdote Josep Buades, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes y que irá en representación de la Confederación de Religiosos y Religiosas de España; y a María Segurado, abogada y responsables de políticas migratorias de Cáritas. Y el Grupo Mixto, compuesto por diputados del PDeCAT, Compromís, Bildu, UPN, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias, ha propuesto la comparecencia de Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional; y de Sara López Martos, portavoz del colectivo de No Somos Delito.
Trámite parlamentario
Sus exposiciones, que se iniciarán el 5 de noviembre, serán en abierto. Cada uno de ellos tendrá veinte minutos para comparecer y después cada grupo podrá solicitar aclaraciones durante otros cinco minutos, explican fuentes parlamentarias. El 14 de ese mismo mes está previsto que arranque el trámite de ponencia, donde los diputados irán artículo a artículo redactando un informe que pasará después a la Comisión de Interior, de donde saldrá un dictamen que se debatirá en el Pleno del Congreso. A continuación, irá al Senado.
Los parlamentarios se basarán en la proposición de ley que promovió en 2015 el PNV, cuando Jorge Fernández Díaz estaba todavía al frente del Ministerio de Interior. Sobre ese texto trabajaron ya el PSOE y Unidos Podemos en el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que fraguaron hace sólo una semana y que, entre otros compromisos, incluye blindar el derecho de reunión, acabar con las redadas racistas o garantizar que los policías vayan siempre identificados.
La reforma de esta polémica norma aprobada en la primera legislatura de Mariano Rajoy es una de las principales promesas del PSOE. Este mismo jueves, sin embargo, los socialistas anunciaron que no van a eliminar las devoluciones en caliente que permite la ley mordaza hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y eso a pesar de que el rechazo a esta práctica que permite la expulsión exprés de los migrantes nada más cruzar la frontera sin darles la posibilidad de identificarse o pedir protección internacional estaba incluido en el recurso que el PSOE presentó en el Tribunal Constitucional.
No obstante, tal y como adelantó eldiario.es, el Gobierno si ha estudiado los márgenes que concede el actual texto para suavizar de inmediato la aplicación que se viene haciendo de algunos de los preceptos más controvertidos de esta norma. La idea es hacerlo a través de una instrucción que el Ejecutivo prevé trasladar a las Fuerzas de Seguridad del Estado y cuyo borrador, entre otras cuestiones, exige a los agentes “especial atención” al describir los hechos y “el posible riesgo causado” en las actas de todas las infracciones o que las multas por difundir sus imágenes especifiquen en qué les ha perjudicado su grabación y reproducción.