El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha decidido procesar a Pedro Antonio Sánchez por el caso Púnica. El magistrado Enrique Quiñonero ha dictado auto de procedimiento abreviado, que equivale al de procesamiento, contra el expresidente murciano del Partido Popular y también contra un miembro de su gabinete cuando era consejero de Educación.
El magistrado ha tomado la decisión después de escuchar la declaración de Sánchez en calidad de investigado, ya que estima que se han practicado las diligencias “necesarias y suficientes para determinar la naturaleza y el grado de participación en los mismos de los investigados”. Pedro Antonio Sánchez dimitió como presidente de la región de Murcia, pero mantuvo su acta como diputado del PP en la Asamblea regional y continúa siendo el presidente del PP en la comunidad.
Una vez valorada de forma conjunta las transcripciones telefónicas, los datos de geolocalización de los terminales, el material intervenido y las manifestaciones de las distintas personas que han prestado declaración a lo largo de la instrucción, el auto judicial sintetiza en tres párrafos como hechos punibles los siguientes: los contactos del que fuera consejero de Educación y un miembro de su gabinete con personas relacionadas con dos empresas para mejorar la imagen pública de Pedro Antonio Sánchez.
En concreto, argumenta que entre los meses de junio a octubre de 2014, Sánchez y un miembro de su gabinete, “actuando de común acuerdo y con el objetivo de mejorar la imagen pública de Sánchez de cara a su postulación como candidato a presidente en las próximas elecciones regionales de Murcia, en competencia con otros miembros de su partido, mantuvieron reuniones presenciales e intercambio de llamadas telefónicas y mensajes de correo electrónico y por servicios de mensajería telefónica con diversas personas relacionadas con las mercantiles EICO ON-LINE y Madiva Editorial y Publicidad S.L”.
Con ellos “negociaron y acordaron las condiciones de realización por éstas últimas de trabajos reputacionales y de mejora de imagen en Internet y redes sociales de carácter personal para Sánchez”.
El auto apunta también que en el curso de esos contactos y negociaciones previos al acuerdo, “éste último recibió de sus interlocutores un primer informe de percepción inicial”. Así como las condiciones negociadas y el acuerdo de sufragarlas con el desvío de fondos públicos destinados a formación; y que la operación policial del finales de octubre de 2014 impidieron que los trabajos reputacionales no se efectuaran, los contratos no se formalizaran y las sumas no llegaran a cobrarse. Hechos en los que “aparecen presuntamente como responsables” los investigados y, que según recoge la fundamentación de la resolución, podrían ser constitutivos de delitos contra la Administración Pública.
Tras esta resolución, una vez firme, el Ministerio Fiscal y las demás acusaciones personadas tendrán 10 días para formular escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, “sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación”, concluye la parte dispositiva del auto.
Declaración de Pedro Antonio Sánchez
El expresidente de la región ha asegurado este martes que nunca contrató servicios con las empresas de la trama Púnica, y ha subrayado que accedió a reunirse con empresarios investigados porque durante diez meses le solicitaron “de forma insistente” celebrar un encuentro.
Sánchez ha reiterado que estas empresas llegaron “casi a acosar” a su gabinete con este tipo de ofertas, y solo se reunieron a instancias de las empresas para atenderles, como se hace con cualquier otra persona que así lo solicita.
En una breve comparecencia ante los medios de comunicación tras declarar durante una hora ante el tribunal, el expresidente ha recalcado que ha aportado una docena de documentos en los que queda patente que no hubo contrato alguno con la trama corrupta, y ha mostrado uno de ellos en el que se podía leer la oferta de la compañía Eico, valorada en 32.200 euros anuales, pero sin firmar y sin ninguno de los campos rellenos.
Renuncia al acta de diputado
Toda la oposición ha pedido que Sánchez renuncie también a su acta de diputado. “No puede permanecer ni un minuto más en el escaño”, ha asegurado Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, en los pasillos del Congreso.
El dirigente de Ciudadanos considera que Sánchez debería abandonar de inmediato la Asamblea Regional de Murcia a fin de preservar la “limpieza” del órgano de representación de los ciudadanos murcianos.
El secretario de Comunicación del PSOE-RM y diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Emilio Ivars, ha exigido a Sánchez que “deje de buscar más excusas y abandone su acta de diputado para pasar a defenderse desde su esfera privada, y no amparándose en los privilegios que tiene”.
El Secretario General de Podemos Región de Murcia, Óscar Urralburu, ha señalado que Sánchez, “sólo sabe contar cuentos que ya no convencen a nadie” y “miente cada vez que habla”.
Urralburu ha lamentado que los murcianos y murcianas tengan a un “mantenido” como ex presidente regional, que disfruta de un sueldo público como diputado cuando “no da palo al agua. Ni aparece por la Asamblea, salvo para las mociones de su grupo, y ni siquiera trabaja en las comisiones”.