Fernández Díaz quiere que el CGPJ castigue a un juez por hablar de torturas en España

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha pedido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que adopte “algún tipo medida” ante las palabras del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada sobre torturas en España y estudie “como mínimo” si puede tener la responsabilidad que ocupa. El ministro las ha calificado de “infames”.

El ministro, en declaraciones a los periodistas, se ha referido a los comentarios que hizo el juez en un foro organizado por el Ayuntamiento de Tolosa (Guipúzcoa), donde dijo que en España “la tortura se ha producido de manera clara” y él ha vivido casos de “sospecha fuerte” en los que “los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”.

Son unas palabras “indignas” de un juez y ofensivas para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ha dicho el responsable de Interior, quien ha recordado que la legislación española tipifica los delitos de humillación a las víctimas o de apología del terrorismo.

“Creo en la separación de poderes, sin ella no hay democracia, pero eso no quiere decir que se esté por encima de la Ley y creo que sería bueno que el CGPJ tomara algún tipo de medida. Esa es una declaración ofensiva”, ha dicho el ministro tras inaugurar el nuevo Centro Tecnológico de Seguridad en el municipio madrileño de El Pardo.

José Ricardo de Prada es magistrado de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. “La tortura se ha producido de manera clara (en España) y yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho”, dijo el juez en el acto de Tolosa. Junto a él participaron en el foro la catedrática Carmen Lamarca, el abogado Iñigo Iruin y la jueza Garbiñe Biurrun.

Fernández Díaz ha recordado que entre la Policía y la Guardia Civil hay centenares de asesinados a manos de la banda terrorista y muchos familiares afectados, de modo que ha considerado que esas declaraciones son “indignas” de un juez, más aún si ejerce en la Audiencia Nacional. Para ello, ha aludido a la Ley de protección a las víctimas o al delito de apología del terrorismo, “tipificado en el Código Penal”.