Feijóo adjudicó 1,4 millones en contratos a la empresa de la que su hermana es apoderada

En los primeros nueve meses de este año electoral en Galicia, el Gobierno de la Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo, adjudicó a Eulen S.A. ocho contratos de servicios por un importe de 1.140.000 euros. La cifra se eleva a 1,4 millones de euros si se le suma otro contrato de 2010, ya con Feijóo al frente de la Xunta. La hermana del presidente gallego, del PP, Micaela, es la apoderada general de Eulen S.A. y de varias de sus filiales desde hace varios años.

El Partido Socialista de Galicia (PSdG) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) han denunciado estos hechos y han exigido una explicación pública al presidente gallego, ahora candidato a la reelección el próximo 21 de octubre. Las adjudicaciones pueden verse en la página oficial del Gobierno autonómico.

Micaela Núlez Feijóo es apoderada general de cuatro empresas, tres de ellas denominadas Eulen: Eulen SA, Eulen Seguridad SA, Eulen Servicios Sanitarios SA. También lo es de Flexiplan SA, Empresa de Trabajo Temporal. El apoderamiento general la faculta para realizar todo tipo de gestiones (incluidos contratos) en nombre de esas empresas.

Según la plataforma digital en la que se registran las adjudicaciones de la Xunta de Galicia, el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo tiene en la actualidad en vigor contratos con distintas empresas de Eulen por valor de 1.416.011,70 euros (1.203.986,60 euros si descontamos el IVA). De ellos, 1.143.849,5 euros fueron adjudicados este mismo año, en los meses previos a la convocatoria electoral autonómica que se dirime el próximo 21 de este mes.

Cuatro de los ocho contratos de este año fueron realizados mediante el sistema “negociado sin publicidad”, es decir, a dedo, ya que no superaban (cada uno de ellos) la cuantía que fija la ley para obligar a un concurso público: 60.000 euros antes de impuestos. En su totalidad, los cuatro contratos a dedo ascienden a 182.090 euros.

En marzo de este año Eulen ha conseguido la contrata de seguridad del recinto ferial Semana Verde de Silleda (147.000 euros), la limpieza del mismo recinto ferial (73.160 euros) y la limpieza de las dependencias para los trabajadores de esa misma feria (26.904 euros).

Junio de este año fue un buen mes para Eulen. Logró ocuparse de la gestión de limpieza, conserjería y mantenimiento de las instalaciones deportivas del ayuntamiento de Fene (A Coruña). La adjudicación le reportó 171.100 euros y, curiosamente, fue la única empresa que acudió al concurso. El mismo mes se hizo con el contrato para gestionar un almacén de la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria situado en Tambre, Santiago, A Coruña, por un importe de 70.800 euros. Y también en junio se responsabilizó de la seguridad del centro de Formación Ocupacional de Coia (Vigo) por 29.028 euros, en una adjudicación sin publicidad (a dedo).

Pero son los contratos de servicio al consumidor los que han despertado las suspicacias de la oposición. En el mismo junio, se adjudicaron a Eulen las oficinas de atención a las reclamaciones de los ciudadanos gallegos afectados por las preferentes. La adjudicación se realizó mediante dos contratos: uno para la oficina de A Coruña (70.800 euros) y otro para la oficina de Pontevedra (29.500 euros), con lo que ambos se adjudicaron sin publicidad ni concurso, porque ninguno de los dos contratos supera los 60.000 euros antes de impuestos (IVA).

La jardinería es otro de los grandes negocios de Eulen. En julio logró el contrato para mantener las plantas de una residencia de mayores en Vigo (52.510 euros) y en agosto ganó a otras 15 empresas en la pugna por la adjudicación más jugosa, el mantenimiento de las zonas verdes del complejo medioambiental de Cerceda, por un importe de 472.547,52 euros. Su oferta superó a las demás pese a no ser la más económica.

El PSdG exigió hoy mismo que el candidato a renovar la presidencia de la Xunta “dé la cara, explique y aclare” este asunto, calificado como “inquietante” por el cabeza de lista por A Coruña, Francisco Caamaño, ex ministro de Justicia. El nacionalista Carlos Aymerich y el socialista Francisco Rivera ya habían denunciado en el Parlamento regional las adjudicaciones sin concurso de las oficinas de atención a los afectados por las opciones preferentes de Nova Caixa.