El final del curso político ha tenido este miércoles en el Senado uno de sus momentos culmen. El último cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo de 2022 sirvió para certificar la falta de entendimiento entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, quien se va a las vacaciones navideñas con la satisfacción de quien cree haber logrado su objetivo: quebrar la estrategia del rival. Nada invita a pensar que la derecha vaya a cejar en su empeño de bloquear las principales instituciones del Estado y, además, azuza las movilizaciones que policías y guardias civiles preparan contra el Ejecutivo en año electoral y con la reforma de la ley mordaza en la agenda.
Feijóo hizo en la Cámara Alta una defensa cerrada del Tribunal Constitucional, que por primera vez ha intervenido la tramitación parlamentaria de una ley. El líder del PP arremetió contra Sánchez por criticar la resolución del tribunal de garantías y relacionar la actual (y caducada) composición del órgano, heredado de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, con “los poderes que acompañan” a Feijóo.
Unos “poderes” que, según el presidente, “arropan” y “dirigen” al líder de la derecha. Que están “cada vez menos ocultos” y que “han conseguido un hito trascendente e importante”, como es “quitar competencias a los parlamentos”. “Le he escuchado decir que está dispuesto a hacer lo que haga falta”, le respondió Sánchez. “Todo un hito” que el líder socialista atribuyó al PP: “Esa es la gran aportación de Feijóo”.
“Deje de tomar el pelo a los españoles. Deje de provocar. Deje de descalificar al Constitucional”, le replicó Feijóo. El líder del PP aterrizó en la política nacional el pasado mes de abril y cierra su primer curso como líder de la oposición al frente de casi todas las encuestas. Ninguna le da una mayoría suficiente para gobernar, pero eso no enturbia su satisfacción.
En la sede nacional de la calle Génova de Madrid están contentos. Creen que su victoria en el Constitucional es “incontestable”, pese a lograrla por un escueto 5-4 y con dos magistrados recusados que se salvaron a sí mismos. Y apuntan a que la estrategia legal que ha dirigido la secretaria general y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha roto los planes del Ejecutivo.
El PP señala hace semanas que el Gobierno ha querido “pisar el acelerador” en el final del año para sacarse de encima la reforma de la malversación, la derogación de la sedición y, de paso, intentar “tomar” el Constitucional con un cambio del sistema de mayorías que pretendía solventar un bloqueo propiciado por el propio PP y del que no se baja. De hecho, en un nuevo giro argumental, Feijóo ha añadido nuevas condiciones para recuperar las conversaciones con el Ejecutivo.
Sánchez sí ha conseguido la primera de sus supuestas intenciones, ya que el Senado votará este jueves la versión definitiva de la reforma del Código Penal, que irá al BOE de forma inmediata.
De la derecha judicial a la policial
Pero el Congreso no resolverá hasta enero la proposición de ley con la que los grupos parlamentarios del Gobierno de coalición, y sus aliados, volverán a intentar desbloquear el Constitucional. Es decir, según esta tesis, que Sánchez no podrá encubrir sus movimientos aprovechando la Navidad. En el PP no tienen claro si recurrirán o no al Constitucional este nuevo movimiento.
Así, el PP mantendrá su ofensiva contra el Gobierno, pero con el caballo cambiado. En abril, Feijóo prometió centrarse en los problemas reales y materiales de la gente: el trabajo, los precios, los impuestos, el precio de la luz, etcétera. Pero termina 2022 con la política identitaria como ariete y la bandera de Catalunya como arma arrojadiza.
Al bloqueo institucional se sumarán las movilizaciones contra el Gobierno. El PP ha alentado algunas en los últimos meses, como las de los ganaderos y los agricultores. Y este martes dio una nueva vuelta de tuerca.
Feijóo se reunió en secreto con la mayoría de las asociaciones y sindicatos policiales del país. En la cita estuvo acompañado de su vicesecretario Institucional, Esteban González Pons, y de la diputada Ana Vázquez. En el PP no revelan el contenido de las conversaciones que se mantuvieron en lo que consideran una “reunión privada”.
Pero sí reconocen que, tras la cita, los representantes de los policías nacionales y los guardias civiles se quedaron en la sede de Génova en una reunión propia, ya sin representantes del PP. De ahí salió una conclusión: movilizarse contra el Gobierno, tal y como adelantó elDiario.es.
La reunión ha llegado en plenas navidades, ocho meses largo después de la llegada de Feijóo a Génova y cuando el Congreso va a retomar los trabajos para reformar la llamada ley mordaza. Fuentes del PP consultadas reiteran que ningún dirigente estaba en ese momento. “Les dejamos solos para que debatieran qué hacer, no estuvimos presentes en su debate interno”, aseguran.
Debate jurídico
Mientras, se mantiene el debate jurídico tras la decisión del Constitucional. Una resolución inédita en democracia, el Constitucional acordó el lunes desactivar la vía que había explorado el Ejecutivo para acabar con el boicot de la derecha judicial a su propia renovación. La mayoría conservadora de ese tribunal acordó suspender la tramitación de la reforma que reducía las mayorías para elegir a sus miembros y suprimía el requisito de verificación de los nuevos magistrados.
El Constitucional cortó el procedimiento legislativo que se había iniciado en el Congreso y que quedaba en manos del Senado, sin dejar que se produzca el debate previsto para este jueves y que, salvo sorpresa, habría llevado al BOE esa reforma. Los socialistas barajan promover ese cambio legal a través de una proposición de ley específica. Y no como enmiendas a una iniciativa que nada tenía que ver —la reforma del Código Penal—, un atajo legal que han utilizado gobiernos de uno y otro signo político a pesar de que la doctrina del tribunal de garantías lo considera inconstitucional. En todo caso, esta proposición de ley no estaría aprobada hasta dentro de unos meses.
Esta semana se ha constatado también que el bloqueo a la renovación del Constitucional persiste en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), encargado de relevar a dos de sus magistrados con el mandato caducado. Estas designaciones deberían haberse hecho antes del 13 de septiembre, pero ha sido imposible por el boicot de los vocales elegidos a propuesta del PP. En un pleno extraordinario celebrado este martes los consejeros conservadores fracasaron en su intento de imponer a sus candidatos. Pero no se vislumbra que pueda haber un acuerdo a corto plazo con las actuales reglas del juego, que requieren poner de acuerdo a vocales de ambos bloques, en un órgano caducado desde hace cuatro años por el bloqueo del PP, que ha boicoteado toda negociación para renovarlo.
La designación de estos dos magistrados que elige el CGPJ es clave porque los miembros de la mayoría conservadora del Constitucional han considerado hasta ahora que el tribunal no debería dar el plácet a los dos magistrados que ya ha elegido el Gobierno si no llegan acompañados de los otros dos del órgano de gobierno de los jueces. El asunto había quedado en manos del presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, que se comprometió a convocar un pleno para abordar el examen de idoneidad de los candidatos del Ejecutivo aunque siguiera el boicot en el CGPJ.
Este jueves, sin embargo, González.Trevijano avisó al resto de magistrados de que no va a convocarlo, como había dicho inicialmente. Lo ha comunicado durante el pleno extraordinario que se ha celebrado para rechazar de nuevo que el Senado pueda tramitar la reforma, esta vez en respuesta a un recurso de la propia cámara alta.