Se cumple una semana de la guerra abierta en el seno del Gobierno de Castilla y León entre el PP y Vox a cuenta del protocolo antiabortista que, casi a la vez, se anunció y no existió, y que ha puesto de evidencia las contradicciones que existen en la derecha española cuando se trata de la interrupción voluntaria del embarazo. El PP de Feijóo, pero no solo, intenta desligarse de una polémica que no ha terminado y que pone de relieve los riesgos de gobernar con la ultraderecha. En Génova cargan duramente contra Vox, pero confirman la actual coalición y no renuncian a gobernar con ellos allí donde sumen.
La continuidad del Gobierno de coalición en Castilla y León entre el PP y Vox no está en duda. No hay una sola declaración pública, de unos ni de otros, que se pueda interpretar como una opción real de ruptura del Ejecutivo, que en realidad no ha cumplido siquiera un año. La ultraderecha ha amenazado con revisar el acuerdo entre ambos. Y desde el PP se ha esgrimido el clásico “la competencia es solo del presidente”, Alfonso Fernández Mañueco, tanto para meter en agenda la cuestión como para desentenderse del asunto.
De hecho, otros presidentes autonómicos del PP han optado por ponerse de perfil y dejar el balón en el tejado de Mañueco. Es el caso de Fernando López Miras (Murcia), quien ha aprovechado la crisis de su compañero para remodelar su propio gobierno apenas a cuatro meses de las elecciones. Juan Manuel Moreno (Andalucía) se limitó a repetir las palabras del presidente castellano y leonés, quien primero dijo que no sería de obligatoria aplicación el protocolo para después negar su mera existencia.
Especial mención merece Isabel Díaz Ayuso, que esta vez ha optado por atacar a Vox, con quien no ha sido capaz de pactar más que unos presupuestos en cuatro años y con quien, además, mantiene una pugna por el voto ultra en Madrid. Eso ahora, porque en un primer momento se subió al tren antiabortista. La presidenta de Madrid prometió un teléfono de información para mujeres embarazadas “a favor de la vida” un día después del anuncio oficial (de voz y por escrito) del nuevo protocolo en Castilla y León.
La bronca por el aborto es un disparo a la línea de flotación de la recién reestrenada estrategia de moderación del PP de Feijóo. El fichaje, nada más comenzar el nuevo año, de Borja Sémper como portavoz de la dirección ha sido rápidamente enterrado en una serie de cruce de declaraciones y comunicados. Quizá por eso el líder del partido criticaba este miércoles en Tarancón (Cuenca) la labor de los periodistas que le preguntaban por lo ocurrido en Castilla y León: “Que ustedes pierdan el tiempo, con lo importante que es informar sobre lo que ocurre. No debemos perder el tiempo en informar lo que no ocurre”.
Feijóo y Ayuso se borran de la marcha ultra de Madrid
Feijóo también negó cualquier contacto en los últimos días con el líder de Vox, Santiago Abascal, aunque el martes el portavoz parlamentario de la ultraderecha, Iván Espinosa de los Monteros, insinuó que sí han existido conversaciones entre las direcciones de ambas formaciones.
Feijóo y Abascal podían haber dialogado sobre la continuidad o no del Gobierno de Castilla y León y de cómo gestionar sus discrepancias, el próximo sábado, en la manifestación ultra convocada por asociaciones como el Foro Libertad. Pero finalmente el líder del PP no asistirá a la concentración.
El PP, que negoció su asistencia a la protesta, sí forma parte de las organizaciones que la secundan. Irán dirigentes, pero no se sabe quién todavía. No acudirá Feijóo. Ni Ayuso. Y eso que el partido movió del 21 al 22 el acto de presentación de candidatos municipales que se celebrará en Madrid. Pero todo fue antes de que saltara la polémica en Castilla y León.
Las discrepancias entre ambos partidos en algunos asuntos identitarios son públicas. En el caso del aborto, Feijóo fijó el martes una nueva posición del PP. Pese a que el partido recurrió al Constitucional en 2010 la ley de plazos que aprobó la ministra de Igualdad Bibiana Aído, y que intenta ahora recuperar en su plenitud quien ocupa ahora ese puesto, Irene Montero, y pese a que en 13 años no han retirado dicho recurso (ahora es imposible porque uno de los firmantes falleció), Feijóo aseguró en una entrevista en Telemadrid que la única discrepancia con la actual legislación está en la obligatoriedad o no de que exista consentimiento paterno para las mujeres de 16 y 17 años que quieran abortar.
Su nuevo portavoz, Borja Sémper, también dijo esta misma semana que el aborto no es una cuestión sobre la que exista debate social y dio a entender que son conscientes de que la mayoría de la población acepta la norma vigente.
El giro no solo coincide con la crisis en Castilla y León. El nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha acelerado para resolver cuánto antes un recurso que lleva 13 años en un cajón del tribunal de garantías, pese a la mayoría conservadora que lo ha dominado hasta hace unas semanas. El cambio de signo del organismo y el cambio del PP sobre el aborto también han coincidido en el tiempo.
El PP se ha encontrado algunos aliados mediáticos quizá inesperados para los residentes en el edificio del número 13 de la madrileña calle de Génova. Tras los golpes recibidos por Feijóo por su intención de negociar un nuevo CGPJ con el Gobierno, quienes le acusaron entonces de blando o entreguista, con el locutor Federico Jiménez Losantos a la cabeza, ahora defienden al gallego, y con mucho ahínco a Ayuso, ante lo que consideran una deslealtad de Vox.
Este mismo miércoles, en una entrevista a la líder ultra en Madrid, Rocío Monasterio, se vivieron momentos de mucha tensión y dureza, con acusaciones cruzadas de intentar amordazarse mutuamente, y con la amenaza poco velada del locutor de que iba a dejar de votar a Vox.
El PP, a gobernar con Vox aunque sean segundos
Feijóo, que estuvo días en silencio, dijo en Castilla-La Mancha que no tiene “indicios” de un adelanto electoral en la otra Castilla. Y zanjó en que “honradamente” cree que “no hay un debate” al respecto.
Pero el líder del PP dijo más cosas. Por ejemplo, aterrizó su inconcreta propuesta de pacto con el PSOE para que “gobierne la lista más votada”, algo que limitó a “elecciones municipales”. Es decir, que no aplicaría en las 12 comunidades autónomas que se someten a las urnas este próximo mes de mayo. El objetivo del gallego es arrebatar algún gobierno autonómico a los socialistas, y para eso quizá no le quede más remedio que pactar con Vox desde la segunda plaza.
Algo que, en realidad, ya hiciera el PP en 2019. No solo en comunidades como la propia Castilla y León o Madrid, donde pactó con Ciudadanos y Vox pese a perder contra el PSOE. Sino en municipios como Ourense, donde el PP de Feijóo quedó segundo y dio el Gobierno local al polémico Gonzalo Pérez Jácome en lugar de permitir el gobierno de la lista más votada.
Feijóo tampoco mencionó las elecciones generales, aunque sí dijo que el PP había hecho una “reestimación” del Barómetro del CIS publicado este mismo miércoles. El sondeo del instituto público de opinión daba al PSOE una ventaja de casi dos puntos sobre el PP.
Pero el cálculo que han hecho los sociólogos de Génova da al PP una ventaja de 8,5 puntos. “A mí me interesa eso de la lista más votada”, zanjó este miércoles el líder de la oposición, por si quedaban dudas.