“Tengo fe en los tribunales y en los foros jurisdiccionales españoles y europeos”. La frase la pronunció el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse en Bruselas con los miembros del PP Europeo, cuando los periodistas le preguntaron si derogaría la ley de amnistía si reúne la mayoría parlamentaria necesaria para hacerlo. Un compromiso expreso que Feijóo no quiso asumir ante los micrófonos. De hecho, el PP se resiste a proclamar en público que derogará la norma, temerosos de que la hemeroteca se vuelva contra ellos en un futuro en el que quizá ya no tendría sentido político eliminar la ley.
Feijóo salió del paso de la pregunta con una aseveración que deja la pelota en el tejado de los jueces. “Estoy convencido de que la derogarán los tribunales”, dijo sobre la ley de amnistía para evitar decir que lo hará él si llega al Palacio de la Moncloa y ésta sigue en vigor. El problema es que no hay tantas opciones para que esto ocurra, además del Tribunal Constitucional español o las cuestiones prejudiciales que se puedan plantear ante el Tribunal del Justicia de la UE.
Unas palabras que alimentan las esperanzas de evitar que se convierta en ley justo cuando dirigentes del PP habían decidido rebajar las expectativas sobre las opciones reales de parar la norma antes de su entrada en vigor o inmediatamente después. Con suficiente antelación para evitar que se aplique.
“No generemos expectativas que no son reales”, apuntó esta semana un miembro de la dirección del PP, donde todavía no se han olvidado de las expectativas exageradas que se crearon ante las elecciones del 23 de julio. A pocos días de los comicios llegaron a verbalizar que había opciones de “mayoría absoluta”, o casi. La realidad es que el PP se quedó a 40 escaños y Feijóo no logró los votos necesarios para ser investido presidente.
Esos mismos dirigentes intentan poner la venda por si finalmente la ley de amnistía se aprueba sin que ni Europa ni los tribunales puedan frenar su aplicación, sobre todo tras comprobar la movilización de una parte de su electorado que ha salido a la calle en distintas marchas empujados por sectores de la derecha que consideran la ley una traición a España.
Según publicó El Periódico de Catalunya, la pregunta se ha planteado ya a niveles intermedios en el PP. Concretamente, en el Senado, donde se puso sobre la mesa la posibilidad no solo de que los jueces no quieran o puedan parar la ley, sino de que tampoco Bruselas lo haga. Porque no está claro que la Unión Europea vaya a considerar un procedimiento sancionador a España por atentar contra el Estado de derecho, como sí ha ocurrido con la Hungría de Viktor Orbán o con Polonia. O que, si se abre, llegue a convertirse en sanciones económicas concretas.
Ni siquiera que, si en algún momento giran las necesidades comunitarias, Bruselas no opte por negociar con España como lo ha hecho ahora con el propio Orbán ante su veto a la integración de Ucrania en la UE. En el PP han bautizado a Sánchez como “el Orbán del sur”, pese a que el presidente del Gobierno se desenvuelve por las instituciones comunitarias sin los malos gestos que suscita el húngaro.
En Bruselas, de hecho, preocupa ahora mismo más el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP que una ley que todavía está en trámites. La Comisión Europea analizará el texto de la norma una vez que esté publicada en el BOE, no antes, tal y como advirtió el comisario de Justicia, Didier Reynders, ante el Parlamento Europeo.
En este contexto en el PP no han rechazado de plano la reunión de Pedro Sánchez con Feijóo, ni siquiera tras el pacto del PSN con EH Bildu para arrebatar a UPN la Alcaldía de Pamplona. Feijóo, de hecho, ha reculado y asume ahora la posibilidad de renovar el CGPJ con la ley en vigor, cuando en mayo dijo que solo lo haría una vez que ya estuviera el nuevo sistema de nombramiento de vocales aprobado.
El PP ha empezado a llamar a otras puertas europeas. Por ejemplo, la Comisión de Venecia que depende del Consejo de Europa (órgano que no está relacionado con la UE). El Senado ha tramitado una petición para que esta institución se pronuncie sobre la proposición de ley que ha echado a andar esta semana en el Congreso.
Feijóo no consigue que Europa vea en la ley de amnistía, de momento, el gran problema del que el PP les intenta convencer. Pero mientras eso ocurre o no, el líder de la oposición intentará exprimir el rechazo social a la norma que el PSOE ha pactado con Junts y ERC.
La tramitación de la norma todavía es incipiente, y aunque el PSOE quiere pisar el acelerador es improbable que esté lista antes de la primavera. Después llegará el turno de los recursos. Y todavía después, de la aplicación por parte de los jueces uno a uno en cada caso que esté instruyéndose relacionado con las hechos amnistiados. Y aún más allá, la posible sanción desde Bruselas.
Tiempo más que de sobra para que la amnistía sea asunto central en las elecciones vascas, gallegas y europeas, previstas para el primer semestre de 2024.