“La Constitución se debe cumplir de pe a pá. Del primero al último de sus artículos. Todos los días del año. Se esté en el Gobierno o en la oposición. Que desde partidos políticos se incumpla sin pudor alguno es la derrota de la moderación y el triunfo del extremismo. No es nuestro caso. La defensa y el cumplimiento íntegro de la Constitución es nuestra obligación y también nuestra elección”.
Celebraba este sábado en Sevilla el presidente del Gobierno, junto a Felipe González y otros 4.000 socialistas, el 40 aniversario de la histórica victoria electoral del PSOE en 1982, y no pudo evitar la tentación de llevar al acto la decisión de Alberto Nuñez Feijóo de romper la negociación para desbloquear la renovación del Poder Judicial. Sabe que esta vez se mueve en un marco ganador porque en política, a veces, lo que parece es. Y esta es una de ellas.
Renovar el Consejo del Poder Judicial no es una opción, sino una obligación constitucional que hay que cumplir. Sí o sí. No hay excusas, aunque el PP las haya encadenado durante casi cuatro años. Elegir nuevos miembros del máximo órgano de los jueces en tiempo y forma es un mandato legal, aunque el procedimiento no guste, aunque desagrade la agenda legislativa del Gobierno y aunque Feijóo apele a otro PSOE para alcanzar el acuerdo.
Por cierto, que el “otro PSOE” al que idolatra Feijóo le ha respondido alto y claro a su decisión de torpedear la negociación. Y no lo ha hecho cualquiera, sino el mismísimo Felipe González. Alto y claro: “Si a alguien no le gusta una ley tiene derecho a cambiarla, pero lo que no tiene derecho es a incumplirla. Primero la cumples y luego la cambias. Así se estabilizan las democracias y se refuerza la convivencia”. Seguro que las palabras de González no le sonaron nuevas porque el presidente del PP lleva tiempo escuchando el consejo de socialistas de los que él llama la “España moderada” y ya en el Foro La Toja a principios de octubre le dijo lo ídem. Si su intención era abrir una brecha entre los de entonces y los de ahora, ya sabe que en esto los socialistas sí siguen siguiendo los mismos. “Sin estabilidad ni convivencia, todo es liviano, se puede caer y volver atrás”, remachó González en alusión a la mayor crisis institucional que ha vivido el Poder Judicial, con dimisión del presidente del Supremo incluida, y cuya responsabilidad recae en la derecha española.
Cuando Feijóo da por muerta la negociación sobre el Consejo General del Poder Judicial y sostiene que sólo habrá un acuerdo “con otro PSOE” lo que está diciendo es que mantendrá el bloqueo hasta después de las elecciones generales, que es una forma aviesa de negar la legitimidad de Sánchez, como hace sistemáticamente la derecha más reaccionaria y en el Gobierno consideran “profundamente antidemocrático”.
En La Moncloa recuerdan que el presidente del PP no sólo “incumple la ley y la Constitución, sino que además pretende dictar la agenda legislativa de un gobierno legítimo y decidir también quién es el líder del PSOE”. Entienden, como entendía por cierto el PP hasta la noche de jueves que anunció la ruptura de las negociaciones, que la reforma del delito de sedición y la renovación del CGPJ eran cuestiones distintas que Feijóo ha pretendido mezclar para enmascarar su falta de liderazgo dentro y fuera del PP.
Una hemeroteca implacable sobre la sedición
La hemeroteca, que siempre es implacable, recuerda no sólo las palabras de esta semana de la portavoz popular, Cuca Gamarra, desligando una cuestión de otra, sino también infinidad de ocasiones en las que, desde 2018, Sánchez ha manifestado, en sede parlamentaria pero también en actos públicos, su deseo de homologar el delito de sedición a la legislación europea. Y que ERC, socio habitual del Gobierno, le había pedido a Sánchez retomar su compromiso lo sabían hasta en el último rincón de la calle Génova, si bien no fue nunca un obstáculo cuando, tras la dimisión del presidente del Supremo, Carlos Lesmes, decidieron retomar la negociación que ahora dinamitan.
En el PP insisten en que una cosa “es saber que la reforma iba a aprobarse y otra distinta es que a pocas horas de cerrarse el acuerdo, una ministra del Gobierno lo explicite, por exigencia de ERC, en sede parlamentaria”. Un barón popular de los más proactivos en la defensa del desbloqueo del Poder Judicial lo explica de otro modo: “No podemos quedar de tontos útiles de Sánchez. Bien está que nos dejemos pelos en la gatera con una negociación que muchos de los nuestros no entendían y otra es que en términos electorales podamos aceptar que hemos asistido impasibles a una reforma legal que expedía el billete de vuelta a España de Puigdemont y otros líderes del procés considerados prófugos de la Justicia española”.
El lunes previo a la ruptura, varios dirigentes del PP ya manifestaban estar preocupados, además de por las encuestas que daban por muerto el “efecto Feijóo”, por las críticas que empezaban a dirigirles los medios afines ante la posibilidad real del acuerdo y que “el PP se deje engañar por Sánchez”. A los comentarios de varios analistas de referencia para el sector más radical del partido, le sucedió algún editorial de prensa escrita y varios comentarios radiofónicos de quienes ven en Ayuso a la musa de la derecha española. Esta es una realidad asumida en el partido, incluso entre quienes intentan maquillar la decisión con un supuesto “asalto de Sánchez y el independentismo a las instituciones españolas”. El asalto del que hablan es la consecuencia de una mayoría parlamentaria que salió de las urnas. Se llama democracia.
Sea como fuera, lo cierto es que Ayuso pidió a Feijóo por la mañana que no cerrara el acuerdo, justo en el momento en que los jefes de gabinete del presidente del PP y del Gobierno cerraban una conversación telefónica entre ambos esa misma tarde. Lo que se cuenta que dijo Bolaños a Pons y éste al ministro sobre el delito de sedición se desmontaría con mensajes cruzados que ninguna de las partes quiere hacer públicos en honor a la privacidad y al respeto por conversaciones privadas, justo la que “que no demostró Feijóo al hacer público su cruce de pareceres con el presidente del Gobierno”, lamentan los socialistas. Pero hay constancia escrita, defienden en el PSOE, “del pánico que un editorial de prensa escrita desató en las filas del PP” y de que “había demasiada gente conspirando contra el acuerdo”.
El caso es que La Moncloa se enteró por un comunicado enviado a los medios de que el PP dinamitaba una vez más la negociación y, luego, la presidenta madrileña se encargaría de colgarse la medalla de la ruptura al desvelar que fue exactamente lo que ella le pidió a Feijóo unas horas antes de que éste decidiera devolver a su partido a la casilla de salida: al incumplimiento de la ley y la Constitución, a un proyecto sometido a los vaivenes de los editoriales de la mañana y a un liderazgo nacional debilitado dentro y fuera del partido. Justo al mismo precipicio por el que cayó Pablo Casado hace ahora ocho meses.
“España es justo lo que hay fuera de la M-30”
“Intentará ignorarla [a Ayuso], pero es la historia de nuestra organización. Madrid no es España dentro de España. De hecho, España es lo que hay fuera de la M30”, resumía un destacado dirigente de la anterior dirección nacional en conversación con elDiario.es en clara alusión a la presión ejercida por la presidenta madrileña y la debilidad interna de Feijóo, “que se ha plegado a la primera de cambio”. Un análisis que han tratado de desmontar desde la dirección nacional al filtrar que el presidente del PP había pedido opinión a varios barones del partido y que el andaluz Juan Manuel Moreno también le pidió romper. Esta última versión no coincide, en absoluto, ni con la personalidad del presidente de la Junta ni con lo que aseguran desde su entorno, donde indican que “Feijóo siempre pide opiniones y, luego, es él quien toma las decisiones”.
¿Quién manda en el PP? Es la pregunta que subyace tras todo esto, toda vez que se ha sabido que Sánchez y Feijóo habían cerrado personalmente una cita para el próximo 2 de noviembre en la que ultimar dos asuntos menores del acuerdo. Si hubiera decidido romper la negociación, a las 6 de la tarde del jueves -cuando se produjo la conversación telefónica entre ambos-, nunca se hubiera agendado la reunión para después del puente de todos los santos. Y tampoco hubiera dicho esa mañana en un acto público, y en relación a la reforma del delito de sedición, que cuando fuera presidente del Gobierno revocaría la reforma y volvería a incluir en el Código Penal como delito la convocatoria de referendos ilegales, al tiempo que justificaba, para su parroquia, el acuerdo con Sánchez. Por acordar estaba ya acordado, hasta que el pacto sería rubricado en La Moncloa e iría acompañado, probablemente, de una foto de ambos dirigentes.
Esta vez sí, todo es tal como parece. Y La Moncloa además no se ha tenido que afanar en la batalla por el relato porque lo ocurrido ha sido además retransmitido en vivo y en directo por los propios protagonistas de la inducción a la ruptura. Ayuso vuelve por sus fueros, acompañada de la prensa amiga y de 23.000 millones de presupuesto que la convierten en objeto de adoración mediática mientras Feijóo queda en manifiesta situación de debilidad dentro y fuera del partido. La prensa afín sigue manteniendo su apuesta en la inquilina de Sol y en el PP vuelve a quedar constancia de que la madrileña puede doblar el pulso también al sucesor de Casado.