El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que denunciará ante la Comisión Europea la designación por parte del Gobierno del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como miembro del Tribunal Constitucional. “Vamos a poner en conocimiento de las instituciones europeas la politización de la Justicia y de los órganos del Estado en nuestro país”, ha declarado a los medios tras recibir el “premio al Mejor Político”, concedido por la revista Cambio16.
Feijóo también ha aprovechado la decisión del Gobierno de coalición para justificar su renuncia a renovar el Consejo General del Poder Judicial. La designación de Campo, que todavía debe ser visada por el propio Constitucional, será así usada por el PP para intentar enjuagar ante Bruselas el bloqueo al que someten al Poder Judicial desde hace casi cuatro años.
“Vamos a acreditar el por qué no fue posible avanzar en la independencia judicial y la despolitización de la justicia en el Consejo General del Poder Judicial”, ha dicho Feijóo. “Por si había alguna duda”, ha añadido, “ahora ya queda reflejado que asesores en Moncloa y exministros forman parte del Tribunal Constitucional de nuestro país” lo que implica que “el Gobierno ha profundizado en politizar la Justicia” en que “sea menos independiente”.
El martes por la tarde el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ya señaló que la Comisión Europea tendría en cuenta lo ocurrido con el Constitucional en el marco del informe que, de forma periódica, hace sobre la calidad democrática de los países miembros. El dictamen, que suele incluir “recomendaciones”, se emitirá en junio de 2023 y, según el PP, “condicionará” la Presidencia de turno de la UE, que recae precisamente en España.
“¿Cómo es posible que el ministro que lleva a Consejo de Ministros el indulto de los sediciosos pueda formar parte de un tribunal que va a valorar los recursos de inconstitucionalidad sobre las cuestiones que afectan a la sedición o que afectan a la integridad del Estado?”, se ha preguntado Feijóo. “Eso es una incompatibilidad manifiesta y no llega con que se abstenga en la votación, porque al final forma la opinión y criterio con el conjunto y al resto de los miembros del tribunal”, ha apuntado, para zanjar: “Eso es incompatible con las democracias occidentales y eso es incompatible con las propuestas del comisario de Justicia Europeo”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido por su parte la “idoneidad” de Campo para el puesto. Durante la sesión de control en el Congreso, Sánchez ha asegurado que la designación del exministro es “legal” y ha acusado al PP de “rechazar cualquier cosa” que plantee el Ejecutivo.
Además, Sánchez ha reprochado al PP el “antidemocrático” bloqueo del CGPJ. Precisamente la designación de Campo, así como la de su par, Laura Díaz, está en el aire porque la renovación del Tribunal Constitucional se hace por tercios (de cuatro en cuatro). Y los dos del Gobierno van acompañados de los dos que debe señalar el propio CGPJ. El Congreso modificó la ley y puso septiembre como fecha límite al órgano de gobierno de los jueces. A punto de entrar en diciembre, todavía no hay acuerdo.