La negativa del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con el mandato caducado desde hace tres años y medio, amenaza con extenderse al Tribunal Constitucional y mantener así a las bravas una mayoría conservadora en ambos organismos durante mucho más tiempo del previsto por la propia Ley Fundamental. Este 12 de junio ha caducado el mandato de cuatro magistrados del tribunal de garantías cuya renovación completa depende de que se pueda poner en marcha un nuevo CGPJ, bloqueado por un PP que lo diseñó durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.
En los próximos días, el Gobierno tiene que decidir si activa por su cuenta la sustitución de los dos candidatos que le corresponden, sin esperar a los dos que tiene que designar el organismo que preside Carlos Lesmes en funciones y cuya capacidad de nombramientos está limitada por ley. Está en juego, entre otras cosas, una mayoría conservadora o una progresista en un momento delicado con asuntos como el aborto y la eutanasia en la lista de espera de sentencias de enorme proyección pública.
El PP de Feijóo ha añadido el electoralismo a la nómina de excusas para bloquear el CGPJ que el partido esgrime de forma inopinada desde que Pablo Casado asumiera en 2018 su liderazgo. El dirigente gallego se ha comprometido en diferentes ocasiones a que la organización que ahora preside tendrá un marcado perfil institucional, ha insistido en que son un “partido de Estado”, e incluso ha presumido de que la Alianza Popular de Manuel Fraga de la que son herederos nació “para escribir y hacer cumplir la Constitución”, pese a las evidencias históricas que señalan que parte del germen del PP rechazó el acuerdo constitucional de 1978, y votó en contra o se abstuvo. Y pese a que desde 2018 han optado por no dar cumplida cuenta de la renovación de los órganos que propugna la Ley Fundamental.
Las consecuencias van mucho más allá del órgano de gobierno de los jueces, y van a hacerse visibles en los próximos días. El bloqueo llevó a una reforma legal, propuesta por PSOE y Unidas Podemos y aprobada por la mayoría del Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos, que impide que un CGPJ en funciones nombre altos cargos judiciales, y eso incluye dos magistrados en el Tribunal Constitucional cada nueve años.
Dos magistrados del Tribunal Constitucional que, según la ley del tribunal de garantías, se renuevan de manera conjunta con los otros dos que dependen exclusivamente del Gobierno central. Esos dos magistrados no se podrán designar hasta que no se renueve el CGPJ, algo que por ahora parece fuera de los planes de Feijóo.
De hecho, el plante del PP, como mínimo hasta después de las elecciones andaluzas del 19 de junio, puede llevarse la renovación del Poder Judicial hasta el otoño. El procedimiento para que el Congreso y el Senado hagan sus nombramientos no es inmediato, ya que incluye sendas comparecencias de los candidatos ante las respectivas comisiones parlamentarias, además de la convocatoria de un pleno en cada una de las cámaras. Julio y agosto no suelen ser meses hábiles.
Y ni siquiera está claro el futuro de los otros dos que forman parte del mismo pack, porque en el Tribunal Constitucional algunos interpretan que no se puede hacer por separado, mientras y otros reconocen que no hay antecedentes claros en los que basarse.
Este bloqueo que perpetúa una mayoría conservadora en el CGPJ puede traducirse, en primer lugar, en un enfrentamiento institucional directo entre el Ejecutivo central y el propio Tribunal Constitucional. Si el Gobierno optara por poner en marcha la renovación de los dos magistrados que dependen de él, sin esperar al CGPJ, sería el actual Constitucional el que complete algunos pasos para que se hiciera efectivo.
La Ley deja en manos del presidente solicitar al Gobierno la propuesta de designación de nuevos magistrados antes de que expiren los mandatos. También debe ser el Pleno del organismo el que verifique los nombramientos “para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución”. Es decir, existe la posibilidad de que el Gobierno proponga dos candidatos y el Constitucional, donde varios entienden que la ley es muy clara a la hora de especificar que hay que renovar a los magistrados de cuatro en cuatro, ponga reparos.
Las mayorías de ambos organismos
El conflicto que se puede derivar no se queda en un posible choque de criterios entre Gobierno y Tribunal Constitucional. El bloqueo del CGPJ, extensible a una facción del Constitucional, puede facilitar que el PP extienda la mayoría conservadora establecida con Rajoy en la Moncloa mucho más allá de lo que también marca la Ley.
En el caso del Consejo General del Poder Judicial, tres años y medio después de terminar el mandato, el pleno sigue contando con una amplia mayoría conservadora que ha realizado decenas de nombramientos en audiencias provinciales, tribunales superiores y el Tribunal Supremo, decantando la balanza de los pactos a favor de una mayoría de candidatos de esa sensibilidad. Algo que se extiende a informes no vinculantes sobre leyes de gran importancia en las dos anteriores legislaturas. Esta proporción, tal y como está planteada en la Ley, tendría que haberse invertido en diciembre de 2018.
Si el CGPJ con el mandato caducado no puede hacer nombramientos, tampoco puede renovar a dos magistrados del Tribunal Constitucional, y esto deriva en que la mayoría conservadora heredada de los gobiernos del PP se perpetúa mucho más allá de lo que le corresponde. En estos momentos, y tras la última renovación de cuatro candidatos surgida del acuerdo entre PSOE y PP de octubre de 2021, el pleno del tribunal de garantías cuenta con siete miembros considerados del sector conservador y cinco del progresista.
El posible bloqueo tiene una consecuencia concreta: se mantiene la mayoría conservadora impulsada en su momento por el PP. Si el ejecutivo central renueva su parte sin esperar al Consejo, dos magistrados conservadores (el presidente Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez) serían sustituidos por dos progresistas y eso invertiría los equilibrios del tribunal. Esa nueva mayoría parece estar en el fondo de las reticencias de Casado, primero, y de Feijóo, ahora, para acceder a la renovación.
Los asuntos pendientes
Este equilibrio de fuerzas en el Tribunal Constitucional, que depende de los movimientos de Gobierno, PP y del propio tribunal, llega en un momento en que los magistrados tienen varios asuntos de enorme calado social encima de la mesa. El más inmediato y más esperado es la sentencia sobre los recursos del Partido Popular contra la Ley del Aborto, que llevan más de una década en el cajón. La intención del nuevo ponente, Enrique Arnaldo, es tener una propuesta de ponencia encima de la mesa del pleno para estas fechas.
La primera duda es cuál será el contenido de esa ponencia y si tendrá apoyos suficientes para salir adelante, pero también qué pleno del Constitucional será el que debata el asunto. Si el pleno actual con mayoría conservadora o un pleno renovado en tiempo y forma con mayoría progresista. Lo mismo sucede con asuntos como la condena de Alberto Rodríguez, la Ley de Eutanasia, la Ley de la Infancia y otras normas que todavía no están en agenda pero cuyos recursos ya han sido admitidos a trámite.
El bloqueo del PP que perpetúa una mayoría conservadora en el Consejo General del Poder Judicial, por tanto, puede hacer lo mismo a corto plazo en el Tribunal Constitucional. Teniendo en cuenta también otra consecuencia legal: cada día que un magistrado permanece en el Constitucional con el mandato caducado es un día de menos que tendrá de mandato el nuevo magistrado. Prolongar, por tanto, el mandato de un magistrado conservador acorta el del progresista que le sustituirá.