El Tribunal Constitucional entrará en un terreno casi inédito el próximo 12 de junio. Cuatro de sus magistrados cesarán en su puesto al caducar su mandato, pero el bloqueo al que el Partido Popular somete desde hace más de tres año al Consejo General del Poder Judicial impedirá su renovación. Este lunes, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha confirmado que no piensan retomar las conversaciones por las elecciones andaluzas, que se celebrarán el 19 de junio, lo que puede dejar al tribunal de garantías sin capacidad de decidir durante un tiempo indefinido. Gamarra no ha escondido el electoralismo de la decisión: “Queremos centrarnos en las andaluzas”.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acordó con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retomar las negociaciones durante su primera y única reunión, celebrada el pasado mes de abril. Pese a que el CGPJ acumula años de bloqueo por las reticencias del PP a ceder al resultado electoral de 2019 y perder la mayoría, el líder de la oposición tardó semanas en designar a un interlocutor: Esteban González Pons. Fue el 25 de abril. Un día después, Juan Manuel Moreno adelantaba las elecciones andaluzas al 19 de junio.
Y esas elecciones son ahora la escusa del PP para no avenirse a pactar los nombramientos de los vocales del Poder Judicial, aunque incluso el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, lo exigiera recientement. Justo antes de un acto institucional que compartió con Alberto Núñez Feijóo y con el rey Felipe VI en Vigo (Pontevedra), y al que el líder de la oposición acudió aunque el Parlamento de Galicia ya había elegido a su sucesor al frente de la Xunta.
Pese a que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el enviado de Feijóo han mantenido algún contacto, el principal partido de la oposición no ha mostrado interés alguno por facilitar la renovación. Además, los nombramientos deben ser votados por el Congreso y el Senado y, salvo que se determine lo contrario, el mes de julio no es un mes hábil para convocar plenos, por lo que la situación podría prolongarse hasta finales de verano o principios de otoño.
Por el camino, el PP bloquea también la renovación del Tribunal Constitucional, donde el sector conservador detenta la Presidencia, además de la mayoría del Pleno. Una situación que está a punto de cambiar, algo que la derecha parece querer impedir. Los 12 magistrados del tribunal se renuevan por tercios, según marca la Carta Magna. Y ahora le corresponde al Gobierno nombrar a dos y al CGPJ los otros dos. Según la correlación de fuerzas, entrarían tres diputados designados por las fuerzas progresistas y uno por las derechas.
Pero como el Poder Judicial tiene su capacidad de nombramientos congelada precisamente por estar en funciones, no podrá designar a los suyos. En el Gobierno hay dudas sobre si podrían nombrar su terna de forma independiente al CGPJ, aunque la Constitución establece que la renovación será “por tercios”. El Ejecutivo está dispuesto a forzar la ley y seguir adelante. Con todo, no se cambiaría la correlación de un Constitucional que tiene por delante decisiones de calado: desde la ley del aborto, cuyo recurso está en un cajón desde hace 12 años, a la nueva ley educativa o las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros durante la pandemia.
El PP pretende además endosar la responsabilidad del bloqueo del Constitucional al Gobierno. El PSOE y Unidas Podemos promovieron en el Congreso una modificación de la ley que impedía al CGPJ en funciones hacer nombramiento. La intención era, precisamente, presionar al partido de Pablo Casado para que accediera a negociar los vocales. No lo hizo. Y Feijóo tampoco parece querer hacerlo, pese a prometer que, a diferencia de otros, él sí iba a respetar las instituciones españolas.