Alguien dijo que vale más un gramo de hacer que un kilo de decir. Aplicado a la estrategia del PP es fácil colegir que las palabras del partido antes de Pablo Casado y muy pronto de Alberto Núñez Feijóo pesan toneladas y, sin embargo, es exiguo el valor de sus hechos. Entre la soflama y la voluntad real o la traducción práctica hay un trecho que los populares rara vez están dispuestos a recorrer. No al menos en lo que respecta al Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. Decenas de malas palabras y ni una acción puesta sobre la mesa. Una cosa son las críticas y las quejas ante los problemas y otra, contribuir a la búsqueda de soluciones.
El decreto aprobado el martes en Consejo de Ministros para paliar los efectos de la espiral inflacionista no es un texto solo del Gobierno. Desde el principio, el presidente dijo que sería un plan “dinámico y abierto” a los grupos parlamentarios, los agentes sociales y las comunidades autónomas. Y tanto en la ronda de consultas entre la delegación gubernamental encabezada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y los grupos representados en el Parlamento como en las sectoriales posteriores a la Conferencia de Presidentes de La Palma quien más y quien menos hizo sus aportaciones.
Desde los grupos fueron muchas las propuestas que se trasladaron al Gobierno, con la única excepción de PP y Vox, que ni siquiera se dignó a sentarse en una mesa con los ministros de Sánchez en busca de soluciones a la crisis para, por ejemplo, el sector agrario que ahora tanto le preocupa. Desde las comunidades lo hicieron la Comunitat Valenciana, Asturias, Baleares, Canarias, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha o la Rioja, entre otras. Nunca llegó una sola aportación desde Galicia, que es la comunidad que preside el que pronto será líder del PP.
De la información facilitada por La Moncloa se desprende que tampoco elevaron iniciativas para que fueran siquiera estudiadas ni Madrid, ni Castilla y León, ni Catalunya. No lo hicieron, además, las ciudades de Ceuta y Melilla. Se da la circunstancia de que Feijóo e Isabel Díaz Ayuso han sido los más combativos con el Plan Nacional de Respuesta a la Guerra. El primero se ha limitado a agitar el espantajo de una rebaja general de impuestos y a sostener, en contra de la literalidad del texto acordado en la Conferencia de Presidentes de La Palma, que Pedro Sánchez había asumido un compromiso explícito en esta línea.
La declaración de La Palma
Lo que decía aquella declaración era: “Las medidas que se incorporarán al plan desarrollarán e intensificarán las ya anunciadas hasta ahora, como son las rebajas fiscales para amortiguar el impacto de los precios de la energía en los recibos que pagan familias y empresas y otras que se puedan plantear. El Gobierno de España y las Comunidades Autónomas comparten la determinación de proteger a nuestras empresas, a nuestra industria y a nuestra ciudadanía”.
Pero de aquel “otras que se puedan plantear”, el PP y Feijóo entienden que Sánchez asumió el compromiso de una bajada generalizada de impuestos que no se planteó y que tampoco puso sobre la mesa ninguna autonomía. Traducción: “Sánchez no es de fiar”. Es el mantra que estos días repiten los populares, con la excepción del andaluz Moreno Bonilla, que ha acogido con agrado las medidas aprobadas por el Gobierno a la espera de una lectura detallada del decreto de más de 170 páginas, publicado este miércoles en el BOE.
El Gobierno entiende que en lo aprobado han quedado incluidas demandas como el apoyo a las empresas electrointensivas que planteó Asturias, el impulso al despliegue de energías con origen en fuentes renovables (Extremadura y Valencia); la agilización de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables (La Rioja); la bonificación del precio final de determinados productos energéticos (Extremadura y Asturias); el favorecimiento del desarrollo de la fotovoltaica flotante y la reducción de cargas administrativas (La Rioja); la exoneración de tasas portuarias al sector pesquero (Baleares); una nueva línea de avales y carencias líneas Covid (Baleares, Extremadura, Valencia, Canarias, Navarra y País Vasco) o las ayudas al sector agropecuario y pesquero (Extremadura).
También han quedado satisfechas las demandas sobre el aplazamiento en el pago de cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en el sector pesquero (Comunitat Valenciana); la limitación de la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda (Baleares y Valencia); que el perceptor del IMV es automáticamente beneficiario del bono social y la flexibilización de la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación no universitaria (Baleares) y la ampliación del ámbito temporal de revisión de precios de obra pública (Valencia y Castilla-La Mancha).
El “nulo interés” del PP
Casi todas las propuestas, sí, son de gobiernos socialistas, aunque también ha quedado asumida la reivindicación defendida por el País Vasco y otras autonomías, como Andalucía, para desvincular el precio del gas del precio del resto del mercado eléctrico y que Sánchez logró arañar bajo lo que ya se conoce por “excepción ibérica” en el último Consejo Europeo.
La Moncloa niega que lo aprobado haya sido una respuesta unilateral y reivindica la declaración de La Palma que tanto invoca Feijóo y que quedó negro sobre blanco en los siguientes términos: “El plan se irá configurando a través del diálogo que el Gobierno desarrollará con las comunidades autónomas, las fuerzas parlamentarias y los agentes sociales, teniendo en cuenta a los colectivos más vulnerables”. Así rezaba en el punto cuatro del texto acordado por el Ejecutivo y las 17 autonomías, y del que tanto Galicia como Madrid parecen haber hecho caso omiso porque ni han dialogado ni han hecho llegar sus propias propuestas.
Tampoco el Grupo Popular en el Congreso ha trasladado sus inquietudes al Gobierno, lo que en La Moncloa interpretan como “un nulo interés” por actuar sobre el precio de los combustibles, la situación del sector transportes o la tan cacareada rebaja de impuestos. El Real Decreto ha incluido la bonificación extraordinaria del precio de la gasolina (0,20 €/litro), una prórroga de las bajadas del IVA electricidad (al 10%), de la bajada del impuesto especial sobre la electricidad (al 0,05%) y la suspensión del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía, además de ayudas directas al sector del transporte por valor de 450 millones de euros.
Sí han participado, por el contrario, en plantear soluciones otras formaciones, como ha sido el caso de ERC, que entre otras medidas propuso aplicar una tasa a “los beneficios caídos del cielo”, reducir el IVA del gas a los consumidores domésticos, impulsar el autoconsumo, transitoriamente, aplicar un descuento temporal directo de 20 céntimos por litro en los carburantes, la reactivación de todas las medidas contempladas en el “escudo social”, un aumento del alcance del IMV o la prohibición de despido por causas directa o indirectamente relacionadas la guerra en Ucrania. Y el decreto finalmente incluyó la renovación del mecanismo de minoración del exceso de retribución del mercado eléctrico causado por el elevado precio de cotización del gas natural en los mercados internacionales (“beneficios caídos del cielo”), la ampliación del bono social eléctrico, la renovación automática del bono social, la prohibición de despido por causas relacionadas con la invasión de Ucrania en aquellas empresas que reciban ayudas públicas de este plan o el aumento del Ingreso Mínimo Vital durante 3 meses en un 15%.
Las propuestas de los grupos
Ciudadanos, por su parte, planteó la bajada temporal de impuestos; impulsar la Inversión en energías renovables; adoptar medidas para la mejora del almacenamiento de la energía, y actuaciones para aumentar la capacidad de las interconexiones eléctricas y los gasoductos. Lo aprobado por el Gobierno incluye la devolución mensual en lugar de trimestral, del impuesto sobre hidrocarburos, la rebaja de cargos del sistema eléctrico por valor de 1.800 millones para incentivar las energías renovables de retribución especial (RECORE) o medidas para evaluar la capacidad de la red e incrementar la capacidad de acceso para las operadoras.
El PNV trasladó la necesidad de adoptar medidas para la salvaguarda de la actividad industrial electro intensiva, la ampliación del Ingreso Mínimo Vital o el aseguramiento de que las medidas incorporen una reserva competencial para las comunidades y las diputaciones forales, en el ámbito que les es propio. El RDL aprobado este martes atendió una reducción de peajes a electro intensivos en un 80%, 65 millones de euros las ayudas para la compensación de los costes de emisión de CO2 y 225 millones para proteger a la industria reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores electro intensivos. Esto, además de una salvaguarda de la competencia propia de las instituciones vascas y navarras para la implementación de las medidas de bonificación del precio del combustible.
Y Bildu propuso transitoriamente, y de manera excepcional, aplicar un descuento temporal directo de 20 céntimos en los carburantes, restablecer y ampliar el alcance el impacto del recorte a los beneficios “caídos del cielo”, medidas específicas dirigidas a los consumidores industriales electrointensivos, la reactivación de todas las medidas contempladas en el “escudo social” y, como otros grupos, aumentar el alcance del IMV y prohibir el despido por causas directa o indirectamente relacionadas la guerra en Ucrania. Todas muy similares a las que el BNG también hizo llegar al Gobierno.
¿El PP? Cero propuestas. Todo lo demás es relato de parte y de una estrategia de oposición que en el caso del PP se construye solo a golpe de titular, de medias verdades y de crítica no acompañada por soluciones prácticas. La madrileña Isabel Díaz Ayuso ya dijo que todo lo que no sea bajar impuestos es “una pérdida de tiempo” en lo que podría resultar un insulto para agricultores, ganaderos, pescadores, perceptores del IMV u otros colectivos que recibirán ayudas directas en unos casos y en otros, avales y créditos ICO.
Y Feijóo, que hasta que Sánchez no cumpla su palabra sobre lo que él dice que firmó en La Palma, que no cuente con su apoyo. Luego, eso sí, proclama que el PP es un partido de Estado y que él viene a Madrid a recuperar los consensos que sean necesarios. Por el bien de España. Siempre, por España, que no por los españoles. Así siguen.