España ha sorteado el fantasma de la recesión y ha cerrado 2022 con un crecimiento superior incluso al esperado, un 5,5% del PIB. La guerra de Ucrania, a punto de cumplir un año, ha puesto a prueba la resistencia de las economías europeas. El (relativamente) suave invierno ha colaborado al limitar la influencia del alto coste de la energía provocado por el corte de suministro desde Rusia, especialmente a los países del norte y del centro del continente, con Alemania como principal damnificada. El Gobierno de Pedro Sánchez respira, con una factura eléctrica a la baja y una inflación camino del control. Justo lo contrario ocurre en el PP, donde habían apostado buena parte de las fichas a la crisis.
Los datos no son tan malos como se esperaba, pese a los endémicos problemas del mercado laboral y un parón del consumo en el último tramo del año. Aunque la pandemia, primero, y la guerra en Europa, justo después y cuando se vislumbraba la recuperación, han golpeado duramente a la economía, la respuesta de la Unión Europea ha desmontado no solo buena parte de los mantras neoliberales austericidas que dominaron la creación del euro y, especialmente, la respuesta a la depresión de hace una década.
Donde hubo recortes, reproches y el intento de romper la UE entre norte y sur, ahora se ha impuesto una suerte de reconocimiento de la realidad que ha llevado a los gobiernos europeos más reacios a asumir, incluso, la mutualización de la deuda, a la vez que se levantaban las reglas del déficit y se regaba de miles de millones a los sistemas públicos que tanto sufrieron tras el crack financiero de 2008 y la reacción auspiciada por Angela Merkel.
Ahora, otra alemana, también conservadora, ha liderado la respuesta alternativa. Ursula Von der Leyen ha empujado los fondos Next Generation o la necesidad de poner impuestos a los beneficios extraordinarios de energéticas y banca. Incluso ha defendido el “tope ibérico”, el límite al precio del gas, que en el PP hace meses que ya nadie llama “timo ibérico”.
Un discurso que ha dejado fuera de juego al PP español, con Feijóo a la cabeza. Ya le ocurrió a su predecesor, el desaparecido Pablo Casado. Pero en el caso del actual líder de la derecha española los encontronazos de sus deseos con la realidad económica y el camino adoptado por Europa ha sido constante y parejo al infatigable descenso de su valoración entre los españoles.
En la dirección del PP son conscientes de que esa vía, hoy por hoy, conduce a un callejón sin salida. Aunque insisten, en público y en privado, en que la situación económica no es precisamente halagüeña, con especial hincapié en el aumento de la deuda, los datos del paro y el coste al alza de la cesta de la compra, han bajado un poco los brazos en el intento de convertirlo en su gran baza de desgaste al Gobierno.
De hecho, no son pocos los que se lamentan precisamente del cambio de época que ha asumido la UE y recuerdan las normas que se encontró en 2012 Mariano Rajoy, tan diferentes a las de ahora. En Génova afean que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda contar con decenas de miles de millones de euros aportados por Europa y creen que no tendrá “ningún reparo” en usarlo “como un cheque electoral”.
Una acusación que han dicho en público los más destacados dirigentes y que evidencia la desazón por haber perdido la palanca que permitiría a Feijóo ofrecer una imagen de buen gestor, tecnócrata, casi apolítico, alejado de los conflictos ideológicos, pragmático y transversal.
Sobre todo transversal, un significante que él mismo se ha arrogado y del que quizá pudo presumir en algún momento, según las encuestas, pero que se ha diluido a pasos agigantados en las últimas semanas. Un dato: desde noviembre solo ha subido en valoración entre los votantes de Vox.
No es solo que la economía no le permita repetir el plan que le llevó al poder en Galicia en 2009, a lomos de la crisis económica con el PIB en caída libre y el paro desbocado, es que tampoco las recetas de entonces, fundamentalmente la austeridad de la que hizo bandera, están en línea con los nuevos tiempos y lo que dictan incluso los organismos internacionales menos sospechosos. Es un contexto que no esperaban ni él ni sus asesores -en Madrid le acompaña prácticamente el mismo equipo que le ayudó a ganar cuatro elecciones consecutivas a la Xunta y que estaba convencido de repetir la estrategia- Alberto Núñez Feijóo busca un plan B, otro relato alejado de la gestión y más identitario. Pero no termina de encontrarlo, porque el equilibrio que pretende es muy difícil de cuadrar: taponar la fuga de votos a Vox y ampliar su base social hacia socialistas descontentos con Sánchez.
No es que Feijóo no hubiera ensayado en Galicia un discurso duro, de deslegitimación del Gobierno -se pasó varios años cuestionando al Gobierno de Touriño porque según él debía gobernar la lista más votada, que había sido el PP- la novedad ahora es que tiene un rival más a la derecha que siempre va a azuzar un discurso más radical.
Como había hecho cuando relevó a Fraga en Galicia, Feijóo pone en duda también la legitimidad del Gobierno de Sánchez. Ha arremetido contra los nombramientos discrecionales que la ley otorga al Ejecutivo, como por ejemplo el presidente del INE o del CIS. La primera vez que insinuó un plan tras los nombramientos fue el pasado mes de junio de 2022. Y, desde entonces, Feijóo lo ha reiterado varias veces. Hasta este mismo mes de enero.
La tesis se la compran poco más que los suyos, con Isabel Díaz Ayuso siempre vigilante. Pero cuando Feijóo ha intentado pasar de la crítica destituyente contra el Gobierno a construir una alternativa, se ha visto muy solo. Fue esta misma semana, cuando presentó con el máximo boato posible su Plan de Calidad Institucional, un contrato con España, que llevaba el escudo del país, también similar al que presentó desde la oposición en Galicia. En total, 60 medidas que fueron enterradas rápidamente por una: que los ayuntamientos los gobierne la lista más votada. Aquí Ayuso también fue vanguardia: antes de hacerse público el documento ya lo criticó. Ella misma había llegado a la presidencia de la Comunidad sin serlo, gracias al pacto que selló con Ciudadanos para desbancar a Ángel Gabilondo, el candidato más votado.
Esa estrategia de Feijóo bebe de otro de sus planteamientos políticos iniciales, cuando asumió el liderazgo del PP el pasado mes de abril: la apuesta por la vuelta del bipartidismo. Aquí el gallego encuentra algún adepto más, pero choca con la realidad de que el multipartidismo surgido en 2014 por la irrupción de Podemos (después Ciudadanos y Vox) no tiene visos de desaparecer, al menos en el ciclo electoral de este 2023.
Todas las encuestas prevén que el próximo será también un Gobierno en coalición, o al menos con un partido que no estará cerca de la mayoría absoluta. Y pese a que Feijóo reniega en público de Vox, no parece tener muchas más opciones que aliarse con la ultraderecha.
Y a tenor de lo ocurrido con Vox en las últimas semanas, esa futura coalición no arroja las mejores perspectivas para el líder gallego. El anuncio de un protocolo médico antiabortista en Castilla y León provocó que emergieran las contradicciones del PP. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, zanjó el asunto y paró el protocolo tras una semana de incertidumbres, pero se constató que no puede prescindir de los ultras en el Gobierno, lo que deja a Feijóo sin otro de sus argumentos: que Sánchez no puede destituir a los ministros de Unidas Podemos. De ser verdad, no es más que el reverso de lo que le ocurre a sus barones que han pactado con Vox.
La crisis en Castilla y León puso el foco, además, en un asunto en el que el PP quiere pasar de puntillas: el aborto. Hasta el punto de que Feijóo asumió en una entrevista por primera vez la ley de plazos, que su propio partido llevó al Constitucional. Su fichaje estrella de 2023, Borja Sémper, se dejó en el camino parte de sus reservas de moderación.
La polémica estalló en plena ofensiva del PP contra las revisiones de penas por la ley del solo sí es sí. El equipo de estrategas de Feijóo cree haber encontrado una grieta para entrar en el electorado progresista: los votantes descontentos con las políticas de Igualdad del Gobierno de coalición.
La persona elegida para atacar ese target es la secretaria general, Cuca Gamarra, quien dedica buena parte de sus comparecencias a señalar los agresores sexuales beneficiados por la reforma del Código Penal. Pero la crisis del aborto en Castilla y León ha desmontado en parte el relato. Así se lo afeó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado martes en su comparecencia ante el Congreso, quien acusó al PP de “temblor de piernas” ante Vox.
En el PP lo niegan, pero la realidad es que todo intento de Feijóo de distanciarse de la ultraderecha viene acompañado de un giro discursivo hacia el identitarismo ideológico. Precisamente contra lo que este mismo jueves le advertían dos personas que conocen muy bien al líder del PP: Mariano Rajoy y un exvicepresidente de la Xunta con AP, Xosé Luis Barreiro Rivas, que hoy ejerce de columnista en la prensa gallega y ferviente admirador del actual líder del PP.
Ambos presentaron un libro sobre Feijóo y le pidieron abandonar “la identidad ideológica”, hacer “en cada momento lo que hay que hacer”, “gobernar para todos”, y otros lugares comunes. El presidente del PP estaba sentado en primera fila, silente. Minutos antes se había visto obligado a improvisar unas declaraciones ante la prensa para intentar matizar sus propias palabras de unas horas antes sobre el ataque en Algeciras que se investiga como atentado yihadista.
“Hay personas que matan en nombre de un dios o en nombre de una religión y, sin embargo, desde hace muchos siglos no verá a un católico, a un cristiano, matar en nombre de su religión o de sus creencias”, dijo en Barcelona. Por la tarde repitió que “no hay un problema de terrorismo católico” y “sí de integrismo islámico” a la vez que pedía no “criminalizar” las religiones. Otro equilibrio complicado, más allá de que en muchos lugares del mundo hay atentados recientes cometidos precisamente por cristianos blancos contra colectivos de otras religiones o razas.
Feijóo pugna por salir del marco identitario, que según repiten algunos de sus colaboradores beneficia a Abascal y en el que se metió él mismo cuando rompió con el Gobierno la renovación del CGPJ, entre duras presiones de los sectores más a la derecha del PP y la propia Ayuso, partidarios de no dar ni agua a Sánchez. Por ejemplo, ha asumido ahora la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar la palabra “disminuido”. Una reforma que se negociará en el Congreso, y no solo entre su partido y el PSOE al margen del Parlamento, como pretendía. Y tampoco se hará un nuevo texto desde cero, sino que se usará la tramitación ya en marcha en la Cámara Baja. En 2021, el PP consideró “imposible” hacer esta reforma en una enmienda a la totalidad.
El PP está terminando de perfilar su programa marco para las municipales y autonómicas, así como las listas electorales. Las urnas medirán las posibilidades de Feijóo de llegar a la Moncloa, y si lo hará en solitario o en coalición. Una opción que el líder gallego no quiere, pero que tampoco rechaza. Porque lo importante es llegar.