El Congreso de los Diputados acoge este jueves el acto de proclamación de Felipe VI como nuevo rey, una vez que a las 12 de la noche del miércoles el BOE ha publicado la ley de abdicación. Con este trámite formal, convalidado unas horas antes con la firma de la ley por Juan Carlos de Borbón en el Palacio Real, se inicia el reinado de su hijo.
El proceso, impulsado por Zarzuela, se ha visto precipitado por una coyuntura política inédita en democracia y bajo serias críticas y llamamientos al referéndum. Casa Real ha conseguido salvar el trámite de la abdicación sin apenas resistencia parlamentaria. Más complicada está resultando la fórmula para garantizar al rey saliente una fórmula de aforamiento que no convierta su salida en un penar judicial.
La situación jurídica de Juan Carlos I es sencilla de explicar. Cualquier acto que hubiera cometido durante su mandato está amparado por la inviolabilidad que la Constitución otorga al jefe de Estado. Al abandonar el cargo, sin embargo, se plantea el problema de que el rey saliente debe responder ante los tribunales como otro ciudadano cualquiera. Moncloa lleva semanas trabajando en solucionar una salida para que Juan Carlos de Borbón cuente con un aforamiento que repose en el Supremo cualquier causa que se pueda abrir en su contra en el futuro.
Moncloa aprobará este viernes el mecanismo para aforar al rey saliente. Fuentes del PP, consultadas por eldiario.es, dan por seguro el apoyo del PSOE en el trámite parlamentario que es indispensable para blindar al rey Juan Carlos. Sin embargo, en Ferraz no tienen tan claro que, esta vez, puedan apoyar sin fisuras un mecanismo legal que ampare al monarca ante futuribles demandas.
Fuentes de Zarzuela consultadas por esta redacción reconocen la preocupación en Palacio. En Casa Real son conscientes de que, a partir de este jueves, al rey saliente le pueden llegar un rosario de demandas de difícil bloqueo judicial sin un aforamiento inmediato. La primera preocupación está relacionada con una probable demanda de paternidad planteada por Albert Solà.
La petición de este ciudadano, vinculado a la extrema derecha catalana y que dice ser hijo de Juan Carlos I, podría generar el impulso de nuevos movimientos jurídicos contra quien fue jefe del Estado.
El Gobierno de Rajoy no ha conseguido hallar la fórmula inmediata para hacer posible el aforamiento del rey, por lo que en las semanas inmediatamente posteriores al relevo en la corona se esperan movimientos jurídicos contra Juan Carlos de Borbón.
Mientras tanto, en el PSOE dudan a la hora de impulsar un acuerdo bipartidista para blindar al rey saliente a efectos jurídicos. Fuentes de Ferraz, consultadas por eldiario.es, señalan que no es sencillo explicar a los ciudadanos el impulso de esta nueva legislación.
Así las cosas, Juan Carlos I abandona el cargo sin protección judicial y con el temor, instaurado en Zarzuela, de que una catarata de demandas podrían enturbiar la nueva transición preparada por Casa Real con Felipe VI como convidado de piedra y con Juan Carlos I al albur de la justicia, al menos por unas semanas, tras su salida del cargo.