Félix Bolaños (Madrid, 1975) se ha convertido en una de las figuras clave del gabinete de Pedro Sánchez en la última legislatura. Muñidor de algunas de las negociaciones políticas más relevantes de los últimos años y cara visible de la reciente ley de amnistía o la exhumación de Franco, el abogado y político se convierte ahora en titular de la cartera de Justicia, reforzando así su presencia en el Consejo de Ministros al mantener sus competencias en Presidencia. Bolaños desembarca en una administración de Justicia levantada en armas desde hace meses, con un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace un lustro y con una carrera judicial postulada en contra de una amnistía que entrará previsiblemente en funcionamiento durante su mandato.
Bolaños llega a la sede de la calle San Bernardo de Madrid en uno de los momentos más convulsos de la historia de este Ministerio y la administración que gestiona. Todas las asociaciones de jueces y fiscales se han pronunciado abiertamente en contra de una medida, la amnistía, que previsiblemente entrará en vigor en los próximos meses. También desembarca en un momento de constantes acusaciones al ejecutivo central por presunta injerencia política en el trabajo de los jueces y de máxima tensión con todo lo que tiene que ver, de lejos o de cerca, con el caducado Consejo General del Poder Judicial.
Sobre el papel, el Ministerio de Justicia no tiene nada que decir ni sobre cómo aplican los jueces la ley de amnistía, la renovación de su órgano de gobierno o, en general, de las decisiones que firman día tras día miles de magistrados en todo el país. Pero sí es el interlocutor del Ejecutivo con todos estos colectivos y por sus manos pasan todas las leyes y normas que afecten a su trabajo, ya sea por sus condiciones laborales o por las reformas que tienen que aplicar en los juzgados.
En este último aspecto, el protagonismo de Justicia frente a otros departamentos ha sido poco menos que nulo. Las grandes reformas legales de esta legislatura han salido adelante con una escasa intervención, con y sin micrófonos, del departamento que ha dirigido Pilar Llop y de la propia ministra.
Bolaños llega, por tanto, en plena ofensiva judicial contra los acuerdos de PSOE y Junts que tienen que ver con la amnistía y las alusiones al 'lawfare', y después de haber sido fontanero mayor en asuntos como las fallidas negociaciones para renovar el caducado CGPJ. Lo hace también después de ser el encargado, precisamente, de afirmar que esas alusiones en ningún caso implicarán una injerencia de una comisión parlamentaria en el trabajo de los jueces.
Las asociaciones judiciales han recibido su nombramiento con cautela, viendo con buenos ojos el peso político del nuevo titular de la cartera de Justicia para priorizar asuntos relacionados con el departamento. Pero en el pasado sus declaraciones sobre asuntos como la renovación del Poder Judicial no han sido bien vistas. Por ejemplo, cuando en 2021 Bolaños afirmó en la Cadena SER que “los jueces no pueden elegir a los jueces”, en relación con la reclamación de que todos los vocales del CGPJ sean elegidos directamente por los integrantes de la carrera judicial. “Si el señor Bolaños pretende dar lecciones de democracia real a la Unión Europea, que lo diga claramente. A los jueces no nos la va a dar”, contestó María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura en declaraciones a El Independiente.
En cuanto a la amnistía, Bolaños se pone al frente de Justicia con jueces de todo el país protagonizando manifestaciones inéditas contra una iniciativa legislativa. También con un sector conservador del Consejo General del Poder Judicial decidido a denunciar esta medida ante las instituciones europeas y a comportarse, en este y otros asuntos, como una extensión de la oposición política del Partido Popular en el órgano de gobierno de los jueces.
Huelga y 350.000 vistas suspendidas
La última etapa del Ministerio de Justicia ha estado marcada por las reclamaciones laborales de funcionarios judiciales, jueces y fiscales, que se han traducido en varias huelgas y negociaciones para sus mejoras salariales. Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) desconvocaron a finales de marzo una huelga que duraba ya dos meses después de firmar con el Gobierno una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes para compensar las altas cargas de trabajo. Existen más de 3.700 de estos funcionarios en España.
Un conflicto laboral que por poco no se solapó con el planteado por jueces y fiscales, cuyas asociaciones desconvocaron la huelga planteada para mediados de mayo después de alcanzar un acuerdo similar con el Ministerio de Justicia. Una problemática que no quedó zanjada hasta medio año después, cuando el Consejo de Ministros dio luz verde a todas estas mejoras salariales pactadas en primavera. Las distintas huelgas y protestas dejaron un balance de 350.000 juicios y vistas suspendidos en juzgados y tribunales de todo el país.
Bolaños se pone al frente de una administración con un diagnóstico claro de falta de medios materiales y personales que se traduce en una Justicia lenta y colapsada, donde un trabajador que denuncia un accidente laboral puede estar más de un año y medio esperando una sentencia, por ejemplo. También se convierte en interlocutor de colectivos judiciales que han pedido en varias ocasiones la dimisión de Tontxu Rodríguez, número dos de Llop, y con el CGPJ estudiando si sanciona sus críticas al juez Manuel García Castellón.