Negociador infatigable, muñidor de acuerdos y hombre de la absoluta confianza del presidente del Gobierno, el ministro de Presidencia es de esas raras avis de la política que nunca pierden la calma. Ni delante ni detrás de los micrófonos. Sereno, discreto, imperturbable y hasta hermético, está al tanto de hasta el último papel que se mueve en cada ministerio. No por entrometido, sino porque así lo ha determinado Pedro Sánchez, pese a que con la decisión haya levantado no pocas suspicacias entre los integrantes del Consejo de Ministros de Unidas Podemos y del PSOE. Desde que ascendió de la secretaría general de la Presidencia a ministro, hay quien le cuelga etiquetas, aspiraciones o actitudes que no reconocen en él quienes saben de su lealtad a prueba de bomba con Sánchez y con el proyecto político que define en esta conversación como “el más transformador de la historia de la democracia en materia de avances sociales, del sistema económico y productivo y en defensa de las libertades y de valores democráticos”.
Desconfía de los sondeos que hoy, a 16 meses de las elecciones generales, sitúan ya a la derecha en la Moncloa e ironiza con lo que llama “un club de presidentes por encuesta” que nunca lo fueron al que pertenecen ya Albert Rivera o Pablo Casado, y al que augura que pertenecerá pronto Alberto Núñez Feijóo,. Y en todo caso sostiene que le importa mucho más la aplastante mayoría social que defiende las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la crisis económica que cualquier intención de voto por temprana o lejana que resulte. Hasta que las urnas decidan, el ministro más transversal del Gobierno mantiene inalterable la agenda legislativa que esta semana ha conseguido, con la única oposición de la derecha y la ultraderecha, la aprobación definitiva de la ley de Memoria Democrática.
Un texto, en su opinión, que da la victoria moral, tras varias décadas de olvido, a los perdedores de la guerra civil y los represaliados de la dictadura con el que se persigue pasar definitivamente la página del franquismo. Con permiso, claro, del PP que ya ha anunciado su intención de derogarlo cuando vuelva a La Moncloa. La entrevista transcurre el jueves en la redacción de elDiario.es, justo un día antes de que las bases de Junts decidieran romper con ERC y abandonar el Govern de Catalunya.
Sostiene la derecha que con la ley de Memoria Democrática han traicionado a los españoles y al espíritu de concordia de la Transición. ¿Siente que han traicionado a alguien?
Muy al contrario. La ley reivindica lo mejor de nuestra historia reciente y reivindica la Transición como pilar fundamental de la democracia y de la Constitución. Lo que hemos hecho es dar mayor dignidad a nuestra democracia. Teníamos una deuda que saldar con las víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del golpe de Estado. Y ayer [por el miércoles] la ley que se aprobó lo que hace es saldar una deuda con toda esa gente.
128 votos a favor y 113 en contra no es una mayoría incontestable para una ley de la envergadura de la que estamos hablando.
Tiene usted razón. No, no es la mayoría que hubiéramos deseado. De hecho, es una ley de memoria homologable con la de cualquier país europeo que haya sufrido dictaduras como España y, por tanto, lo que no entiendo es que no haya tenido una mayoría mucho más amplia porque lo que hacemos es poner en el centro a las víctimas. Es una ley sobre todo para acompañar a las víctimas y para, de una vez por todas, cerrar heridas. Cuando una persona no sabe dónde tiene los restos de sus seres queridos no puede cerrar la herida. Y lo que hacemos es apostar claramente por las víctimas, por homenajearlas y por cuidarlas para intentar recuperar sus restos y que ésta sea una actuación que financie el Estado y no las propias familias. Esto es una seña de identidad de la ley y, por tanto, sinceramente, a mí me llama mucho la atención que la derecha -no hablo ya de la ultraderecha- no la haya respaldado. Si fuera una derecha moderna, europea, civilizada, lo habría hecho.
¿Buscaron en algún momento el apoyo del PP durante la tramitación parlamentaria?
Fue imposible desde el principio. Consideraron que no podían de ninguna manera dar ningún tipo de apoyo a la Ley de Memoria. Y, sinceramente, lo lamento, porque en otros países europeos de nuestro entorno, como es el caso de Francia o de Alemania, la Memoria es un gran lugar de encuentro y de consenso. Y aquí lo que ocurre, lamentablemente, es que la derecha no ha sido capaz de soltar lastre y como no ha podido soltar lastre, no puede apoyar una ley de memoria, que animo a que lean de principio a fin y que nos digan exactamente en qué están en desacuerdo. No se puede estar en desacuerdo cuando se está apoyando a las víctimas y cuando se están generando políticas públicas para superar definitivamente la dictadura y condenarla. De verdad que de lo que estamos hablando es de cultura democrática, de valores democráticos. Pero ya le digo que no han soltado lastre.
¿Bildu es el mejor compañero de viaje para reivindicar la memoria democrática de este país?
La ley de memoria ha salido, salvo con la derecha, con todos los grupos parlamentarios que han apoyado el texto o en algún caso, con alguna abstención. Es una ley que sale tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado con una mayoría de todas las fuerzas políticas que no están situadas en la derecha o en la extrema derecha. Y lo que hacemos es dignificar nuestra democracia. Porque, insisto, no hay nada en la ley de Memoria que no sean valores democráticos, que no sea superar las viejas heridas y las peores épocas de la historia reciente de nuestro país. Y no hay nada tampoco que no sea reivindicar la Transición, la Constitución y la democracia. Por tanto, lo que hay que preguntarse es por qué la derecha no está en esta ley.
Se le atribuye a Bildu esa enmienda por la cual el Gobierno se comprometió a crear una comisión que estudie la posible vulneración de derechos humanos hasta el año 1983. ¿Puede explicarnos cómo se gestó aquello? Porque no fue una petición de Bildu, ¿no?
Es una de las mentiras que se han repetido hasta la saciedad en el debate. Fue una enmienda del Grupo Socialista y del Grupo de Unidas Podemos y es una previsión que contiene todas las leyes de memoria de los países europeos de nuestro entorno. La Ley de Memoria termina su vigencia con la entrada en vigor de la Constitución en el año 78. Sin embargo, los historiadores, los catedráticos, los memorialistas nos dicen que siempre hay ciertas inercias donde puede haber violaciones de derechos humanos una vez que entra en vigor la Constitución y que un periodo razonable puede ser, como es el caso, cinco años. Y es que en España ha habido violaciones de derechos humanos una vez que la Constitución estaba en vigor. Por ejemplo, el caso de la estudiante Yolanda González, que fue asesinada en el año 80 por fascistas. Hubo líderes de movimientos vecinales de Orcasitas en Madrid que también fueron asesinados por fascistas. Y esto también ocurrió en el año 80 y en el 81. Creo que es bueno para una democracia estudiar esas violaciones de derechos humanos a personas que lo que estaban haciendo era defender la democracia y la consolidación de la misma. Se trata de una comisión que va a estudiar esos casos, y no con ningún tipo de representantes del Estado, sino con ser expertos. Catedráticos y miembros de la academia para analizar cuáles son esos casos y de alguna manera tratar de reparar la memoria de estas personas, que incluso después de entrar en vigor la Constitución también perdieron la vida o vieron vulnerados sus derechos por defender la democracia y la libertad. La comisión hará un informe técnico donde se van a explicar estos casos y donde vamos a ver si somos capaces de encontrar algún punto de reparación, incluso moral, porque la mera existencia de ese informe del Comité Técnico ya va a ser una reparación moral para estas personas y para sus familiares.
¿Cuándo saldrá Primo de Rivera del altar mayor de Cuelgamuros?
La ley establece que no puede haber nadie en un lugar preeminente en el altar mayor de Cuelgamuros. Y por tanto, una vez que entre en vigor, se iniciarán las actuaciones encaminadas a conseguir que se sitúen sus restos mortales en otro lugar, que puede ser dentro de Cuelgamuros o en el lugar que decida la familia. Nosotros ahí, como ya demostramos en la exhumación del dictador, somos respetuosos con las decisiones de la familia y queremos hacerlo de una manera en la que se mantenga la dignidad del entierro de Primo de Rivera.
¿Y no teme que, como ocurrió con Franco, se pueda paralizar o demorar en los juzgados?
Es el cumplimiento de una ley. Creo que lo ideal, desde luego, sería hacerlo de la mano de la familia, comprendiendo que se trata de un mandato que establece una ley. No queremos que esto se convierta en un procedimiento judicial, queremos hacerlo de manera razonable y, si es posible, de la mano de la familia.
¿Con esta ley se cierra definitivamente la página del franquismo o será necesaria otra ley dentro de 15 años?
Creo que no. Será la ley de Memoria definitiva porque cierra o intenta cerrar las heridas para siempre. La ley del año 2007, que fue un avance muy importante, fue la primera ley de memoria en nuestro país y fue un avance indiscutible. Sin embargo, posteriormente ha habido recomendaciones de organismos internacionales, leyes autonómicas y reivindicaciones de las asociaciones memorialistas que hacían necesario otro texto para de una vez por todas cerrar las heridas. Una ley que intente explicar, sobre todo a nuestros jóvenes, cuál ha sido la historia reciente de nuestro país. ¿Qué significó el golpe de Estado del 36? ¿Qué significó la Guerra Civil? ¿Qué significó la dictadura? Que hubo víctimas que lucharon en la guerra, en los dos bandos, pero que también hubo víctimas de la represión franquista. Y también explicar y dar valor a lo que ha sido lo mejor de nuestra historia, que está en la Transición, la consolidación de la democracia y la Constitución española. Desde ese punto de vista, si conseguimos homenajear a las víctimas y ponerlas en el centro para que consigan recuperar los restos de sus familiares y logramos que nuestra democracia sea un poco más digna, habremos cumplido.
¿Con esta norma, las víctimas del franquismo dejarán de ser víctimas de segunda para la democracia?
Claro. La ley salda una deuda con todas ellas porque fueron personas que no solo fueron víctimas del golpe de estado, de la guerra o también de la dictadura, sino que fueron vilipendiados por la dictadura y no fueron en ningún caso reconocidas como víctimas. Y por tanto, ahora, con décadas de retraso, las homenajeamos y las ponemos en el centro de nuestra acción política. Y lo que es más importante, les trasladamos que han sido absolutamente imprescindibles para la consolidación de la democracia en España. Damos valor a su lucha por la democracia y por las libertades. Ellos, que durante décadas fueron los perdedores de la guerra, ahora podemos decir que han ganado y han ganado moralmente porque la España de hoy, la España democrática, europea y constitucional, es la España por la que muchos de ellos lucharon y soñaron.
Hablemos de Presupuestos que también han sido aprobados en el Consejo de Ministros esta semana. ¿Han ocultado a sus socios de Gobierno el incremento del 26% en el gasto de Defensa?
Creo que esta pregunta ya ha sido respondida por varios ministros en distintas entrevistas y distintas declaraciones públicas. A mí me parece un debate muy menor comparado con lo que supone de avance la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la que 6 de cada 10 euros de los que se va a gastar el Estado, son inversión social.
Bien, le parece un debate menor, pero ¿les enseñaron o no el cuadro presupuestario a los ministros de Unidas Podemos?
Pues pareciéndome un debate menor, como me lo parece porque creo que lo importante es el avance que supone la ley de Presupuestos, las personas que estaban en la mesa de negociación, como es lógico, conocían la información.
¿Está sugiriendo que el reproche de Pablo Echenique iba dirigido a los negociadores que designó Unidas Podemos, y no tanto a la parte socialista del Gobierno?
No quisiera yo comentar las declaraciones del señor Echenique. Entiendo que será él quien quien las pueda explicar mejor que yo. En todo caso lo importante es la aprobación de los Presupuestos, que vamos a tenerlos tres años seguidos en tiempo y forma, en unos momentos de tanta incertidumbre y de tanta inestabilidad en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo. Le diría que el Gobierno de España ha sido un gobierno estable, que ha mantenido un rumbo claro, de apoyo y de protección al 95% de la población y que es difícil encontrar a un español que no haya tenido una política pública que le haya beneficiado directamente: 3,6 millones de empleos protegidos con los ERTE; 1,5 millones de autónomos también que han tenido ayudas y van a tener un régimen fiscal más beneficioso; un millón de personas con becas muy superiores a las que cobraban... Esto es lo importante y para esto estamos en política.
El carácter social de los presupuestos es indiscutible, ¿pero tienen también un carácter electoralista?
Bueno, nosotros somos un gobierno socialdemócrata y progresista, y por tanto, lo que hacemos es apoyar al 99% de la población. Y eso es lo que hacemos con estos presupuestos, hicimos con los anteriores, y haremos con los años sucesivos. Creemos en un estado de bienestar fuerte, donde todo el mundo tenga la tranquilidad de vivir en un país que no abandona a nadie a su suerte, que te proteja cuando tienes más dificultades y con unas políticas tanto públicas como fiscales que beneficien a los trabajadores y a las clases medias del país. A esa gente nos dirigimos y, sí, a la derecha le parecen mal. Pues que nos diga concretamente qué partidas recortaría que es lo que el Partido Popular hace cuando gobierna. Recortar partidas y provocar sufrimiento en personas que necesitan apoyo que los gobiernos de derechas se lo niegan.
Ahora les toca sumar apoyos en el Congreso, ¿la Ley de Vivienda es un escollo para conseguir el respaldo del bloque de la investidura?
La Ley de Vivienda es independiente de la Ley de Presupuestos. La Ley de Vivienda fue un acuerdo que se adoptó en el seno del Gobierno en el marco de la negociación de los presupuestos del año pasado. Y el acuerdo se cumplió porque desde el Gobierno aprobamos una Ley de Vivienda y se mandó a tramitación parlamentaria, que es donde se está discutiendo ahora y deseamos que salga adelante la ley. Pero es, insisto, independiente de la tramitación de la Ley de Presupuestos.
¿Está sugiriendo que con la remisión al Congreso, el Gobierno ya ha cumplido su compromiso?
Cumplimos con el acuerdo de gobierno en el seno del Gobierno. Cumplimos en el momento que esa ley sale del Gobierno y nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, la hacemos nuestra. Es verdad que el Gobierno tiene 155 diputados y por tanto tiene que sumar 21 más para conseguir mayorías y conseguir la aprobación de la ley. Esto supone lo que hacemos todos los días: dialogar con los grupos, lograr equilibrios, lograr pactos, lograr enmiendas. Nosotros, por supuesto que estamos dispuestos a pactar, pero en los términos que consideramos razonables. Creo que encontraremos un equilibrio. Las fuerzas políticas progresistas en el Congreso han de saber que es muy importante la Ley de Vivienda, que todos hemos renunciado a nuestra política de máximos en materia de vivienda porque nadie tiene una capacidad en el Parlamento como para imponer ninguna norma a otros. Y me gustaría hacer un llamamiento a las fuerzas políticas del Congreso para que lleguemos a un equilibrio en la Ley de Vivienda y se apruebe, no porque estemos buscando aprobar una ley más, sino porque es una ley especialmente importante para ese quinto pilar del Estado del Bienestar que ha de garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna.
¿La situación en Catalunya y la crisis entre los socios del Govern les ayuda o les perjudica para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a los Presupuestos?
Creo que es independiente de la tramitación de los presupuestos e independiente del sentido de voto de Esquerra Republicana de Catalunya. A mí me preocupa la situación que tiene el Gobierno de Catalunya porque creo que durante demasiado tiempo su prioridad no ha sido mejorar la vida y las condiciones de vida de los catalanes y de las catalanas, sino que han sido otras que no han conducido a ninguna parte. Me gustaría un Gobierno en Catalunya estable y con una voluntad clara de mejorar la vida a los catalanes y a las catalanas. Dicho esto, nuestra apuesta es por el diálogo, por las mayorías amplias, por no volver a unas tensiones que fueron insoportables y por buscar siempre la superación del conflicto, el enfrentamiento y la batalla política.
¿Tiene la sensación de que el presidente de la Generalitat se ha plantado ante la parte más radical del independentismo catalán?
Tengo la sensación que hay una parte del independentismo que está haciendo política en el sentido de intentar resolver el problema. Y que hay otra parte del independentismo que se encuentra muy cómoda en el enfrentamiento, en la tensión y en no buscar ninguna solución a nada. Y por tanto, a mí me parece que hoy en Cataluña la mayor división no se produce entre independentistas y constitucionalistas, sino entre quien apuesta por el diálogo y quien cree que que todo se soluciona con soluciones mágicas que por supuesto no llevan a ninguna parte.
¿ERC ha puesto como condición para apoyar los Presupuestos la reforma del delito de sedición?
Tampoco tiene ninguna relación con la Ley de Presupuestos. Ha habido algunas declaraciones públicas que podían ir en ese sentido, pero nosotros tenemos claro que son dos campos diferentes.
Y fuera del marco presupuestario, ¿el Gobierno tiene voluntad de afrontar esa reforma en este periodo de sesiones?
Hemos dicho muchas veces que nosotros estaríamos dispuestos a homogeneizar con el resto de legislaciones europeas el Código Penal español, pero que para eso hay que tener una mayoría que sea suficiente para llevarlo a cabo. Por supuesto que confiamos y que creemos que sería bueno que nuestra legislación se pareciera a la legislación europea y no fuera muy diferente, pero esas mayorías no existen en la medida en que las peticiones que se hacen son peticiones de máximos para abordar esa reforma.
¿Cuando en la mesa de diálogo se habla de desjudicialización de la política, están hablando de paralizar los procesos judiciales abiertos y pendientes a decenas de altos altos cargos independentistas como consecuencia del procés?
Desjudicializar la política es, en primer lugar, hacer política dentro de la ley y, por tanto, no judicializarla.
¿Y una vez que está ya judicializada?
Claro, antes de que se abriera la mesa de diálogo y antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno en Cataluña, se incumplió la ley y, como se incumplió la ley, hubo consecuencias en los tribunales. Y algún algunos de esos procedimientos judiciales todavía se están tramitando. Nosotros queremos superar esa situación. Se supera fundamentalmente haciendo política dentro de las instituciones democráticas, dentro de la ley y llegando a consensos muy amplios que es, por cierto, lo que pactamos en la mesa de diálogo. Esa es la base de la desjudicialización. Es hacer política en….
¿Los procesos judiciales abiertos y aún pendientes, tienen que seguir su camino y llegar hasta el final?
Por supuesto, no hay otra opción. En democracia, el Poder Judicial es independiente. Hay unos procedimientos judiciales que están abiertos, que tendrán que ser juzgados por los tribunales, y sobre los que el gobierno poco tiene que decir.
¿El impuesto temporal a las rentas altas es una armonización fiscal encubierta?
Bueno, creo que es una política fiscal propia de un gobierno progresista como el nuestro. La Ley de Presupuestos lo que establece son bonificaciones fiscales para los salarios de menos de 21.000 euros, que eso al final afecta o, mejor dicho beneficia, al 50% de los trabajadores. También a los autónomos que se les bajan las deducciones de difícil justificación, que pasan del 5% a un 7%, de tal manera que es un 2% más de ingresos netos que van a tener todos los autónomos. Y las empresas con una cifra de negocios de menos de 1 millón de euros, también van a tener una bajada del 2% en su impuesto.
¿Por qué el PSOE votó en contra de una propuesta de Unidas Podemos para crear el impuesto a las rentas altas el pasado junio en el Congreso y ahora lo cree necesario?
Mire, la situación es muy dinámica y tenemos que ir dando respuestas prácticamente al día. En este momento somos conscientes que necesitamos que la política fiscal del Gobierno sea una política en la que se ayude a las personas que tienen mayores dificultades, a las rentas medias y a las clases trabajadoras. Por eso, a los que ganan menos de 21.000 euros en IRPF, a todos los autónomos, a todas las pymes, a todas las empresas con menos de 1 millón de euros se les ayuda y se pide un esfuerzo temporal y ilimitado a las personas que tienen unos patrimonios muy altos a partir de 3 millones de euros. Creo que es justicia social. Y esa justicia fiscal que supone que las personas con un patrimonio de más de 3 millones de euros aporten algo más, se convierte en justicia social.
¿Si el presidente de la Junta de Andalucía no hubiese eliminado Patrimonio, el Gobierno hubiera aprobado el impuesto a las rentas altas?
No sé responder a un futurible porque no sé qué hubiera pasado si no hubiera hecho lo que hizo. Lo que está claro es que la Junta de Andalucía bajó los impuestos al 0,2% de la población y benefició a 20.000 andaluces para perjudicar a 8 millones y medio.
¿El Gobierno está pensando en algún otro instrumento con el que evitar el dumping fiscal entre Comunidades Autónomas, más allá de la idea del ministro Escrivá de recentralizar los impuestos básicos del Estado?
Creo que la idea fundamental sería que consiguiéramos un nuevo acuerdo de financiación autonómica. Para eso es necesario que se trabaje mucho y se trabaje bien. Nosotros como Gobierno ya hicimos una propuesta, pero es verdad que fue difícil siquiera hablar con el Partido Popular, que es con quien tenemos que hablar. El Partido Popular, el señor Feijóo no tiene un modelo de financiación autonómica única. Yo le preguntaría: señor Feijóo, ¿cuál es su modelo de financiación autonómica? ¿El que defiende Galicia? ¿El que defiende Andalucía? ¿El que defiende Madrid? Pero, como no tienen respuesta a esta pregunta, es difícil consensuar con el Partido Popular un modelo de financiación autonómica. Buena parte del Estado de Bienestar recae en las Comunidades Autónomas y, por tanto, es necesario que tengan una financiación importante. También le digo que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, con los presupuestos que acabamos de aprobar, las Comunidades Autónomas van a tener un 40% más de ingresos de los que tenían en el Gobierno de Rajoy. Por tanto, esa es la apuesta clarísima por el Estado del bienestar, por la educación, por la sanidad, por las universidades y por todas aquellas materias que gestionan las Comunidades. Y es una apuesta indudable en materia también de financiación. No habrá habido un acuerdo global de financiación autonómica, pero hemos transferido un 40% más de recursos a las comunidades autónomas. Es un hecho indiscutible.
¿La división entre ricos y pobres es un error de bulto de este Gobierno, como dice su compañero Emiliano García-Page?
No creo que sea un error que hablemos en esos términos para el debate público. Yo no quiero, por supuesto, comentar las declaraciones del compañero de Emiliano García-Page, al que respeto mucho, pero sí me gustaría decir que es propio de un Gobierno progresista, como somos nosotros, hacer una política fiscal justa. Y una política fiscal justa es que pague más y contribuya más, quien más tiene. Y hay otra política fiscal muy legítima, que es la de la derecha. La derecha quiere que quien más tiene pague menos en perjuicio, evidentemente, de todos los demás.
¿Ve a su compañero García-Page más cerca de la derecha en materia fiscal que del Partido Socialista?
No, veo a Emiliano García-Page en el Partido Socialista y de hecho ha tomado alguna decisión en materia fiscal en la que también ha reducido impuestos a las clases trabajadoras y a las clases medias, que es lo que los gobiernos autonómicos socialistas están haciendo. Hay una línea de justicia fiscal, que es de lo que estamos hablando, que todos ellos están cumpliendo.
¿Feijóo es un insolvente?
Feijóo no es lo que creíamos que era.
¿Qué busca Pedro Sánchez con un segundo cuerpo a cuerpo en el Senado con el líder de la oposición?
Es, o debiera ser, una muy buena noticia para todos los españoles que haya debates entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. No le escondo que para nosotros estos debates en el Senado, con el señor Feijóo, resultan muy interesantes. Primero, porque permiten al Gobierno explicar todo lo que estamos haciendo en beneficio de la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque también demostramos que no hay ningún proyecto en el señor Feijóo ni en el Partido Popular. Su proyecto es destruir, derogar todo lo que estamos aprobando, todos los avances que está llevando a cabo este gobierno. Todo su proyecto político es destruir, de tal manera que el señor Feijóo pretende derogar la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la ley de eutanasia, la ley educativa… Es decir, ese es su proyecto, es un proyecto de demolición del Estado del Bienestar.
¿Qué le sugiere el titular: “Feijóo y Díaz pactan en una cena forzar la bajada del IVA de los alimentos”?
Me extraña enormemente ese titular. No creo que se corresponda con la realidad.
¿Informó Yolanda Díaz al presidente del Gobierno de la cena que mantuvo con el líder de la oposición?
Pues ignoro si en alguna conversación privada le informó. Pero bueno, en todo caso, Yolanda Díaz tiene derecho a reunirse con quien quiera. También el señor Feijóo. De hecho, esa reunión con Yolanda Díaz o esa cena se conoce cuando se hace público que el señor Feijóo se había reunido con el señor Abascal. Una reunión de moderados y de la que alguien se avergonzó de alguien porque no la hicieron pública.
¿Estamos ante las últimas horas de la presidencia de Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial?
La situación en el Consejo es absolutamente inaceptable y ya no da más de sí. No se puede esperar ni un segundo más. Es imprescindible que el Partido Popular abandone su bloqueo insistente en los últimos cuatro años y renovemos el Consejo del Poder Judicial. Ya se ha dañado suficientemente la reputación del CGPJ. Y ese daño reputacional ya está llegando fuera de nuestras fronteras. Por tanto, le pido al señor Feijóo, no ya sentido de Estado, no ya responsabilidad, le pido simplemente patriotismo. Le pido, por favor, que piense en su país, que piense en el prestigio del Poder Judicial, que piense en el prestigio de España, que abandone las mil y una excusas que pone cada día para no renovar el Consejo y que nos sentemos para conseguir renovarlo.
¿Quién actúa contra los jueces del Consejo General del Poder Judicial que incumplen la ley que les obliga a nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional en tiempo y forma?
En esta materia lo que de nuevo hago es hacer un llamamiento para que hablen, trabajen y consensuen dos nombres para ser nombrados magistrados del Constitucional. Que lo hagan con tranquilidad, que lo hagan con sosiego, que lo hagan con serenidad, que lo hagan sin injerencias de ninguna clase, pero obviamente, el CGPJ el máximo órgano de gobierno de los jueces en España, ha de cumplir la ley. No me puedo imaginar un escenario en el que no cumplieran la ley. Sería inimaginable. Y por tanto, lo que creo es que tenemos que darles esa tranquilidad que necesitan para trabajar y que cumplan la ley en los próximos días.
Ministro, con todos los respetos, parece un llamamiento desesperado, pero también baldío. ¿Qué motivo tienen para renovar el Consejo General del Poder Judicial en una semana cuando no lo han hecho en cuatro años?
Bueno, creo que la situación de deterioro institucional del Poder Judicial y las palabras de Lesmes y su posible dimisión son el ejemplo más evidente de esto. Creo que todo ello debería hacer reflexionar a un partido que ha gobernado España y que estoy convencido que aspira a volver a gobernarla. No pueden hacer una política de tierra quemada y de desprestigio de las instituciones. Por lo tanto, sinceramente, les llamo de nuevo a que recapaciten, a que abandonen el bloqueo y a que prestigien el Poder Judicial con un pacto en el que se renueva. Ya le digo que el daño reputacional que el Partido Popular y su bloqueo está haciendo al Poder Judicial empieza a ser muy grave y puede ser todavía peor.
¿Que venga un comisario europeo a España a decirnos cómo hay que gestionar el nombramiento de los jueces, no es humillante como país, además de un fracaso de la política española?
El comisario Didier Reynders no viene a España para esto. Hace una visita que va a hacer a los 27 países de la UE. Se emite todos los años por la Comisión Europea un informe, que es el informe sobre el Estado del Estado de Derecho, y se entrevista con todos los actores que él considera relevantes para conocer de primera mano cuál es la situación de las distintas democracias y de los distintos sistemas judiciales en los diferentes países. Es decir, no vino a hacer un llamamiento a que nos pusiéramos de acuerdo. Le expliqué con toda claridad cuál era el problema. Le entregué un documento con las 19 excusas que había puesto el Partido Popular para no renovar el CGPJ. 19 Excusas variopintas, diferentes. Hubo personas que me dijeron: ¿solo 19? Y es que son desde el año 2020. Si nos hubiéramos remontado al año 2018, pues igual hubieran sido bastantes más. Y le expliqué con toda claridad cuál era la situación en España. Lo entendió y me dijo lo que luego públicamente expresó: que era absolutamente urgente y prioritario renovar el Consejo y hacerlo de manera inmediata. Y eso es un llamamiento directo al Partido Popular.
¿Si las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar esta nueva crisis económica, tienen un apoyo social por encima del 80%, por qué cree que el Partido Socialista no crece en las encuestas?
Pues mire, creo que la pregunta es muy interesante porque plantea distintas cuestiones que hay que analizar. Una, que las políticas que estamos llevando a cabo desde el gobierno tienen una mayoría de apoyo social¡ indiscutible. La mayoría de la gente ve bien que bajemos la factura de la luz, que bajemos la factura del gas, que hagamos que el transporte público sea gratuito, que aumentemos las becas, que creemos IMV, que hagamos una reforma laboral para que la mitad de los contratos ahora sean indefinidos, que se suba el SMI… Es decir, son políticas. para mejorar la vida de la ciudadanía y merecen el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. ¿Eso se traslada directamente a encuestas sin intención de voto? No, pero es que no hay elecciones a la vista. Si es que en España ya hay un club de presidentes por encuesta que nunca lo fueron. Al que pertenece Albert Rivera y Pablo Casado, y al que seguramente va a pertenecer también al señor Feijóo. Cuando haya elecciones, la gente decidirá su voto. Pero hasta el momento, me importa mucho más que valoren positivamente las medidas y las políticas que pone en marcha el Gobierno que cualquier otra cosa.
¿El discurso ideológico desplegado por el Gobierno tras la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas les aleja del carril de la centralidad con el que se suelen ganar las elecciones?
El PSOE es el partido de la centralidad en España y el partido que tiene más implantación territorial en todos los territorios. Y además somos un partido que siempre ha gobernado mirando por la inmensa mayoría de la ciudadanía y, por tanto, en una posición de centralidad indudable. Por supuesto que somos un gobierno progresista, que somos un partido progresista, que queremos que nuestra sociedad avance… El Partido Socialista, y así se demostrará en las elecciones futuras, sigue manteniendo la centralidad en el sistema político español.
¿Y cómo explica que un 8% del electorado del PSOE hoy diga que votará al Partido Popular?
Ya le digo que mucho más importante que ese 8%, lo es que la inmensa mayoría del electorado piense que lo estamos haciendo bien y que estamos gestionando las crisis desde una perspectiva progresista para intentar beneficiar a la inmensa mayoría del país.
¿Que Sánchez revalide un segundo mandato depende del éxito o el fracaso del espacio político que pretende liderar Yolanda Díaz?
Bueno, en un escenario con un parlamento tan fragmentado, hemos aprobado ya 169 iniciativas legislativas en lo que va de legislatura. Y esto significa simple y llanamente, que somos el gobierno más transformador de la historia de la democracia en materia de avances sociales, en materia del sistema económico y productivo y en defensa de las libertades y de valores democráticos.
Dice la derecha mediática que los barones del Partido Socialista se están organizando ya para enterrar el sanchismo y relevar a Pedro Sánchez.
Pero, ¿eso fue en la sección de ficción o en la sección de actualidad?
¿Cuando llegue el post sanchismo hay que tener en cuenta el nombre de Félix Bolaños?
Mire, Pedro Sánchez tiene tanta potencia, tanta capacidad y tanta vida política por delante que cuando él decida dar un paso a un lado, yo seré un anciano.
Vídeo: Clara Rodríguez y Xabi González