La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que condene a diez años de cárcel y 29 de inhabilitación al magistrado de la Audiencia de Las Palmas Salvador Alba, por delitos de cohecho, prevaricación judicial, falsedad y revelación de secretos.
La Fiscalía acusa a Alba de manipular de forma “arbitraria” y “con ánimo espurio” una instrucción penal que había iniciado la juez Victoria Rosell, con el propósito de “recopilar material ajeno” a los hechos que se investigaban en ella (un fraude fiscal) “que sirviera de plataforma profesional” para perjudicar a su colega.
El Ministerio Público sostiene que Alba ejerció “arbitrariamente el poder que le confiere su condición de juez” para intentar dañar la reputación de Rosell -en esos momentos, diputada en el Congreso por Podemos-, llegando al punto de “prometer” al empresario implicado en esas diligencias, Miguel Ángel Ramírez, que se iba a “cargar” su caso de fraude fiscal si colaboraba en sus propósitos.
Todos esos hechos sucedieron mientras el Tribunal Supremo tenía pendiente de decidir si admitía o no a trámite una querella presentada contra Victoria Rosell por el entonces ministro y presidente del PP canario José Manuel Soria, que la acusaba de haber retrasado de forma maliciosa la causa contra Ramírez movida por intereses personales (los negocios que mantenía o había mantenido en el pasado este empresario con su pareja, el periodista Carlos Sosa).
La Fiscalía de Canarias del TSJC sostiene, de hecho, que el juez Alba intentó llegar a “un acuerdo corrupto” con Miguel Ángel Ramírez para que este le proporcionara documentación sobre sus relaciones empresariales con la pareja de la juez Rosell, “lo que supondría el impulso definitivo de la querella promovida” por Soria contra ella.
Con ello, añade, el juez Alba lograría algo “para su provecho o para el de un tercero” y el propietario de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, la promesa de que “vería archivado” el procedimiento en el que se le acusa de un fraude millonario a Hacienda y la Seguridad Social en el pago a sus trabajadores.
Este “acuerdo corrupto” al que se produce el fiscal se produjo en una reunión que Alba mantuvo en su despacho en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria con Miguel Ángel Ramírez, en la que supuestamente le dijo lo que debía declarar cuando lo citase formalmente como nuevo instructor de su causa de fraude fiscal.
Ramírez hizo lo pactado y de esa manera, añade el fiscal, Alba introdujo “en el objeto procesal los delatores contratos mercantiles y el reconocimiento del empresario investigado de la existencia de una relación mercantil con la pareja” de la juez Rosell.
Sin embargo, el empresario había grabado a escondidas la conversación mantenida con Salvador Alba en esa reunión y, en cuanto este dejó su Juzgado, la puso a disposición de la Justicia.
A juicio de la Fiscalía, esos hechos constituyen un delito de prevaricación judicial y otro de cohecho.
Los otros dos cargos se refieren a lo que ocurrió después de que Ramírez testificara: Alba, dice el fiscal, envío la grabación de la declaración oficial del empresario a un periodista madrileño buscando causar un “perjuicio profesional para la señora Rosell” (revelación de secretos), y remitió al Tribunal Supremo informes falsos sobre cuál había sido el desempeño de esta (falsedad).
En concreto, la Fiscalía cree que el juez Alba envío al Supremo un informe -que a la postre sirvió de apoyo para que el Alto Tribunal admitiera la querella de Soria contra Rosell, hoy archivada- salpicado de “afirmaciones inexactas, mendaces e inveraces”, que además “omitía datos procesales clave”.
A su juicio, Alba “deformó a su conveniencia” su relato al Supremo, ocultó a este “el pacto clandestino” al que había llegado con Ramírez e hizo creer al Tribunal que este le había proporcionado datos reveladores sobre Victoria Rosell de forma “espontánea”.
Con ese informe sobre la mesa, la Sala de lo Penal del Supremo decidió investigar a la juez Rosell, que en ese momento renunció a su cargo como diputada y puso fin a su carrera política.
La exdiputada de Podemos también está personada como acusación particular en esta causa contra Salvador Alba, para el que pide 13 años y medio de cárcel y 41 de inhabilitación por los mimos delitos que observa la Fiscalía de Canarias.