La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de cinco años y dos meses de cárcel para el exdiputado de CiU y exsecretario general de Convergència, Oriol Pujol Ferrusola, por su supuesta implicación en la trama corrupta de las ITV en Catalunya.
En su escrito de conclusiones provisionales, los fiscales anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado acusan al exdirigente convergente e hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol de un delito de tráfico de influencias, uno continuado de cohecho y otro continuado de falsedad en documento mercantil.
Anticorrupción también solicita que se multe a Oriol Pujol con 310.000 euros y que se le decomisen, junto a su esposa, la también acusada Anna Vidal, los 443.660 euros que supuestamente les pagó el empresario acusado Sergi Alsina en concepto de dádiva para que intercedieran a favor de sus intereses.
La Fiscalía, basándose en informes de Hacienda, considera probado que Pujol cobró comisiones del empresario Sergi Alsina a través de su esposa, que emitía facturas por servicios que nunca se realizaron. Según estos informes, las facturas emitidas por Vidal a Alsina, amigo del matrimonio, “no se corresponden a ninguna actividad económica real, al no existir ninguna prestación de servicios efectiva”. Pese a eso, el matrimonio cobró a través de estas facturas más de medio millón de euros.
Con todo, el escrito de acusación de la Fiscalía podría quedar en papel mojado si las partes terminan cerrando el pacto que negocian desde hace meses. El hijo del expresident tendría que reconocer los delitos e ingresar en prisión unas pocas semanas, aunque a cambio su esposa se libraría de entrar en la cárcel.
La investigación por el caso de las ITVs comenzó en el año 2011 y un año después resultó involucrado Oriol Pujol, por entonces secretario general de Convergència. El político aparecía en las conversaciones telefónicas intervenidas, hablando con empresarios con los que usaba su influencia política para dar acceso a diferentes altas autoridades de la Generalitat. Finalmente fue en marzo de 2013 cuando Oriol Pujol resultó imputado, pese a que su partido lo mantuvo en el cargo hasta 16 meses después, cuando dejó sus cargos en el Parlament.