La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aseguró este martes en el Congreso de los Diputados que las investigaciones que tiene abiertas la Fiscalía del Tribunal Supremo en torno al patrimonio de Juan Carlos I han motivado las dos regularizaciones fiscales presentadas por quien fuera jefe del Estado durante casi cuarenta años y han permitido aflorar una cantidad “importante” e “inimaginable” de dinero para las arcas públicas.
“Estamos hablando de cinco millones y pico de euros que es de todos los españoles”, afirmó refiriéndose a la suma abonada por el rey en las dos regularizaciones presentadas: los 678.393,72 euros que pagó en diciembre para impedir una investigación penal sobre sus tarjetas opacas y los 4,4 millones de euros depositados la semana pasada con los que pretende regularizar los viajes de placer que durante años le pagó una fundación bajo sospecha.
Con estas afirmaciones, la fiscal general del Estado intentó sacudirse las críticas de los portavoces de Unidas Podemos, ERC, JxCat y Bildu que, en sus intervenciones previas, habían cuestionado la inacción de la institución que preside en relación al emérito. La fiscal general alegó que la Fiscalía “no ha dejado de trabajar” sobre el caso en ningún momento y afirmó que las pesquisas se estaban llevando a cabo con un equipo “altamente cualificado”, “respetando las garantías constitucionales del investigado” y “con absoluta reserva” a pesar de que eso pueda generar críticas como las que tuvo que escuchar este martes por boca de varios grupos, incluido el socio menor del Gobierno de coalición que la propuso para ese puesto.
Delgado también atribuyó a la “cooperación internacional” la lentitud de las pesquisas. La investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en la que participa el fiscal jefe de Anticorrupción, está pendiente de las comisiones rogatorias cursadas a distintos países y eso retrasa sus avances. En todo caso, la fiscal general confirmó que las regularizaciones presentadas “obligarán a realizar nuevas investigaciones y comprobaciones” porque “seguramente” aportarán nuevos “datos”, tal y como informó elDiario.es.
Las palabras de la fiscal general chocaron con las críticas que en los últimos días han expresado técnicos e inspectores del Ministerio de Hacienda, que cuestionan por qué no se ha actuado antes contra el anterior jefe del Estado, siendo, como era, público que la Fundación Zagatka había empleado una fortuna en sus vuelos privados. La segunda regularización del monarca en tres meses provocó indignación entre los representantes de los funcionarios de Hacienda por el hecho de que se haya dado margen al monarca para pagar, e intentar evitar, una investigación tributaria o penal.
A esa denuncia se sumó este viernes Unidas Podemos, que señaló directamente a la Fiscalía y a Hacienda. Este martes, su diputado Enrique Santiago también afeó a Delgado la “falta de acción” de la Fiscalía sobre el emérito y pidió judicializar “ya” las pesquisas abiertas. A su juicio, están nutridas de “numerosos indicios y averiguaciones” procedentes de la investigación abierta en Suiza, de informaciones de prensa, de las propias notas de prensa del abogado del monarca “confirmando actuaciones que al menos aparenta delito fiscal” y de la información que consta en la Agencia Tributaria. “En España no puede existir impunidad ni patente de corso para nadie”, añadió.
Previamente, los portavoces de ERC, JxCat y Bildu habían acusado a Delgado de permitir una doble vara de medir con el monarca. “Vemos que este marzo la Fiscalía sí que se ha ganado el sueldo a base de perseguir a las independentistas pero en cambio vemos que no tiene tiempo de investigar a un monarca fugado y corrupto”, dijo Carolina Telechea, de ERC, que también calificó de “paradoja” que la Fiscalía “no solicitara medida cautelar para huida del Borbón” pero justo ayer solicitara cinco años más de cárcel para el rapero Hasél en una de las causas que tiene abierta, la relativa a los altercados tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania.
Jaume Alonso Cuevillas, de Junts per Catalunya, contrapuso la “postura de dureza de la aplicación de la ley” en Catalunya con una supuesta dejación de funciones en relación a las finanzas del emérito. “No consta que se haya iniciado ningún tipo de actividad para ver la última regularización del rey emérito, si ha habido blanqueo de capitales o si alguien prevaricó en la Agencia Tributaria alertándole del inicio de una actuación”, aseveró. “En este momento, tras la segunda operación de regularización, la ciudadanía se pregunta si esta Fiscalía es igual para todos o hay una doble vara”, señaló, por su parte, la portavoz de Bildu, Isabel Pozueta, que preguntó directamente a Delgado que había hecho la institución que dirige en torno a un asunto de la máxima relevancia “politica y mediática”.
Aunque en otro sentido, también la acusó de ejercer su cargo de forma parcial el diputado del PP Luis Santamaría, que la calificó de “quintacolumnista” del Gobierno y de una de las más leales servidoras tanto del presidente, Pedro Sánchez, como del “señorío de Galapagar”. “La Fiscalía protege a Podemos”, aseveró el diputado, que recriminó a la fiscal general su “silencio atronador” sobre determinadas cuestiones. En concreto, le pidió que aclarara cuántos miembros del Gobierno han tenido relación con el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
A las críticas por su pasado como diputada socialista y como ministra de Justicia se unió también Edmundo Bal, de Ciudadanos, que expuso que que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que quita la investigación penal a los jueces para dársela a los fiscales, da “un poco de miedo a la mayor parte de los juristas” pero no porque los fiscales instruyan sino por quién dirige la Fiscalía General del Estado. En la misma línea, Javier Ortega Smith, de Vox, afeó a Delgado que se declarara “orgullosa” de su trabajo: “La realidad es que quienes no estamos orgullosos de la Fiscalía somos los españoles”.