El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció ante la Fiscalía que había cometido dos delitos fiscales.
“Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, ha afirmado García Ortiz en una declaración institucional en la que ha asegurado que como fiscal general del Estado “estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado” que, ha aseverado, “se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”.
El citado comunicado de la Fiscalía se publicó después de que el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid filtrara a varios medios de comunicación una información falsa que fue publicada por varios de ellos: que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador para después frenarlo por órdenes de algún superior. El Ministerio Público reaccionó con un comunicado en el que desmentía esa información y afirmaba que había sido el abogado de la pareja de Ayuso quien había comunicado por email al fiscal del caso que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo, reconociendo que “ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda pública”.
Días después, la defensa del empresario y comisionista denunció tanto al fiscal del caso, Julián Salto, como a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez por supuesta revelación de secretos a propósito de este comunicado. Según publicó elDiario.es, González Amador asegura en esa querella que se apresuró a buscar un acuerdo porque ser pareja de la presidenta madrileña le iba a impedir defenderse como cualquier ciudadano y no porque hubiera cometido los delitos, tal y como admitía su abogado en el correo electrónico.
En su declaración institucional, García Ortiz ha afirmado que la comunicación de la Fiscalía “no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia” en el procedimiento judicial. En este sentido, ha insistido en que “no puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”.
Asimismo, el fiscal general ha reiterado que recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución y ha recordado que la ley atribuye al Ministerio Fiscal “la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia”. “No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución. No pienso consentir que la Fiscal Jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva”, ha añadido el fiscal general.
Antes de finalizar su intervención, García Ortiz también ha asegurado que la Fiscalía actúa con “absoluta imparcialidad, objetividad y neutralidad política en el ejercicio de sus funciones”. Y ha añadido: “Ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento distinto por motivos ajenos al proceso. La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la ley, porque fuera de la ley no hay nada”.
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En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias sobre la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.
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