La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a primera hora de este viernes a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es. Apenas tres horas después, estos fiscales han mostrado su desacuerdo con la instrucción dada y han elevado el conflicto a la cúpula de la institución, que se reunirá el próximo martes.
Se confirma así el choque de trenes en el Ministerio Público por la diferencia de criterios entre el fiscal general y los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que defienden que el desvío de fondos públicos para la realización del referéndum del 1-O debe quedar fuera del perímetro de la ley y que tampoco deben levantarse las medidas cautelares.
En un escrito hecho público este viernes, García Ortiz califica de “insuficientes” los argumentos que esgrimieron estos fiscales —que son los que participaron en el juicio del procés— para poner en duda la posibilidad de amnistiar la malversación. Y cuestiona que incluyeran en su informe “extravagantes” o “intrascendentes” consideraciones políticas. También sostiene que alzar las medidas cautelares que pesan sobre varios de los procesados es una medida no sólo “adecuada” sino “necesaria” de acuerdo a las leyes.
En los últimos días, el debate se ha centrado en el delito de malversación por el que el Tribunal Supremo condenó a cuatro de los 12 dirigentes independentistas a los que enjuició —Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa— y que atribuye también a Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. En caso de que el Alto Tribunal acogiera la tesis de los fiscales que participaron en ese juicio, las condenas por malversación se mantendrían y el expresident huido en Bélgica desde 2017 seguiría en busca y captura por ese delito.
Para ello, previamente, la Fiscalía debe fijar su postura. García Ortiz tendrá la última palabra sobre el informe que el Ministerio Público entregará a los jueces, aunque el asunto se debatirá primero en la Junta de Fiscales de Sala tras solicitarlo estos fiscales. La convocatoria de este órgano llega después de que Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno decidieran activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite derivar un asunto a la cúpula de la Fiscalía cuando se considera que se ha recibido una orden “contraria a las leyes” o “improcedente”.
Amnistiar la “totalidad” del procés
En su escrito, García Ortiz ordena que “procede declarar amnistiadas la totalidad” de las conductas que fueron y son objeto de estos procedimientos y despliega una batería de argumentos jurídicos para rebatir las posiciones de Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno. Estos fiscales apoyan la aplicación de la medida de gracia para los delitos de desobediencia y desórdenes públicos, pero consideran que el desvío de fondos para el 1-O no entra en las exclusiones previstas en la ley, que prevé que se amnistíen los delitos de malversación “siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento”.
Los citados fiscales interpretan que los líderes independentistas sí gozaron de un “beneficio patrimonial” porque, “con ánimo de lucro”, se “apropiaron” de dinero público y lo destinaron al pago “de quienes ellos mismos habían contratado” para llevar a cabo el procés. Por contra, el fiscal general rebate que esa tesis “contradice” la voluntad del legislador, que alude claramente a que el desvío de fondos “limitado” al referéndum está comprendido en el ámbito de aplicación de la norma y debe ser amnistiado.
En este sentido, recuerda que el propio Supremo ya concluyó que los líderes del procés —aunque obraron con ánimo de lucro— “no lo hicieron con el propósito de obtener un enriquecimiento personal” cuando determinó que la última reforma de la malversación no alteraba el procesamiento por este delito. Por otro lado, el fiscal general afirma también que los borradores propuestos por los fiscales “no respetan” lo que figura en las instrucciones del Ministerio Público en relación a las cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Asimismo, califica de “insuficientes” los argumentos esgrimidos para poner en duda la constitucionalidad de la norma o tacha de “incompleto” el análisis sobre su supuesta colisión con las leyes europeas.
Valoraciones políticas “improcedentes”
Por otro lado, el fiscal general sostiene que los fiscales del procés incluyeron “de forma profusa” en sus borradores “valoraciones políticas e ideológicas” y “argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico” y que, a su juicio, comprometen la imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal. En consecuencia, las considera “improcedentes”. Por ejemplo, califica de “extravagante” la afirmación realizada por estos cuatro fiscales de que la ley fue aprobada como contrapartida para lograr que un partido político obtuviera la gobernabilidad del país.
Aunque sin citarlo, los fiscales cuestionaban el “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE, que “pasó de mostrarse totalmente contrario a la aprobación de cualquier norma que concediera una amnistía (...) a sostener justamente lo contrario en fechas inmediatamente posteriores” a las elecciones del 23 de julio. Es una afirmación que García Ortiz considera “especialmente llamativa” por “desbordar” el “estricto ámbito jurídico al que deben atenerse los escritos procesales”.
En su informe, los fiscales también cuestionaron que la norma fuera objeto de modificaciones durante el debate en Las Cortes. Según García Ortiz, se trata de un “juicio de valor” que “desconoce la complejidad del sistema parlamentario”. “Que una ley sea resultado de la negociación política y que los grupos parlamentarios traten, a través de negociaciones, lograr la consecución de sus objetivos políticos, no es algo que permita poner en duda, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la legitimidad del proceso legislativo ni de la norma aprobada”, sostiene en su escrito.
En este sentido, el fiscal general cuestiona que más allá de “conjeturas e hipótesis”, los fiscales no han aportado ni un solo “argumento objetivo” que permita concluir que la ley no contribuye a la consecución del objetivo que el preámbulo dice perseguir: la normalización institucional, política y social en Cataluña. Y, respecto al juicio de constitucionalidad, insiste en que un dictamen del Ministerio Fiscal “no puede emplear como canon para valorar la constitucionalidad de una norma y su adecuación al ordenamiento jurídico criterios ajenos al proceso”.
Apenas tres horas después de recibir, los fiscales Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno se opusieron a esta orden, que reclamaron que se hiciera “por escrito de manera motivada y fundada”. Un órdago que anticipaba sus siguientes pasos: activar el citado artículo 27. Anticipándose a este escenario, García Ortiz advirtió a los miembros de Junta de Fiscales de Sala para que, en la medida de lo posible, liberaran sus agendas para el próximo martes. El resultado de esa reunión no es vinculante para el fiscal general, al que la ley confiere autonomía para mantener su criterio. Y, en todo caso, la decisión última sobre la aplicación de la amnistía es de los jueces.