El fiscal general del Estado recuerda que “cualquier posicionamiento ante la ley de amnistía exige conocerla en su literalidad”

Dos días después de que las asociaciones de fiscales emitieran un comunicado conjunto para oponerse al pacto de investidura de PSOE y Junts que contempla la aprobación de una ley de amnistía cuyos detalles todavía se desconocen, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recordó este sábado que “cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada Ley de amnistía, exige, en todo caso conocerla en su literalidad”. En Jerez, durante la clausura del congreso de la Asociación de Fiscales, la más conservadora y mayoritaria en la carrera, García Ortiz anunció:  “El posicionamiento del ”ministerio público se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demande nuestra intervención“. 

A continuación aseguró que la carrera fiscal y él mismo “velarán siempre por la independencia de los tribunales y procurarán ante éstos la satisfacción del interés social”. “Es nuestro imperativo constitucional y legal”, concluyó su intervención. 

Las palabras de García Ortiz tienen lugar después de que la Asociación de Fiscales (AF),haya pedido en un comunicado su dimisión por “su pasividad en la defensa del Estado de Derecho, la efectiva separación de poderes y la independencia del Ministerio Fiscal” en relación con la amnistía. Así lo ha manifestó la AF tras su XXVI Congreso.

“La aprobación de la amnistía supondría la quiebra del Estado de Derecho y el incumplimiento de los deberes y obligaciones de España ante la Unión Europea”, han advertido los fiscales, quienes han subrayado su “compromiso con el Estado de Derecho y la Constitución” y han reconocido a “todos los servidores públicos que la defienden”.

Estamos ante un momento un momento de gran agitación en el sector judicial, después de que las tres asociaciones de fiscales, la Asociación de Fiscales, la APIF y la Unión Progresista de Fiscales, de la que forma parte García Ortiz, emitieran un comunicado para mostrar su “absoluto rechazo al respecto de las referencias al lawfare [la guerra sucia que los independentistas atribuyen a una parte del sistema judicial y policial] o judicialización de la política contenidas en el documento suscrito entre PSOE y Junts con objeto de la investidura”. 

“Entendemos inadmisible la posible creación de comisiones de investigación en sede parlamentaria sobre actuaciones judiciales ya que pervertiría completamente el sistema constitucional de separación de poderes”, dice la nota de las asociaciones. 

Las dos asociaciones conservadoras de jueces fueron más lejos y denunciaron “la quiebra de la separación de poderes”. En el acuerdo político que sellaron PSOE y Junts no se alude a crear comisiones de investigación parlamentarias para fiscalizar las sentencias de los jueces pero sí se compromete a ampliar los beneficiarios en futuras modificaciones de la ley de amnistía teniendo en cuenta el resultado de aquellas investigaciones parlamentarias ya anunciadas sobre Pegasus y la Operación Cataluña. Se trata de dos operaciones  donde hay pruebas de espionaje a líderes independentistas y de la utilización del Ministerio del Interior en pasadas legislaturas para perseguir a dirigentes políticos por sus ideas.

En este contexto, el fiscal general del Estado recomienda a los integrantes de la carrera conocer la literalidad del texto de la ley de amnistía que previsiblemente se registrará este lunes antes de posicionarse ante ella.