La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 5 años y 6 meses de cárcel y una multa de 7.500 euros para cada uno de los veinte acusados por el asedio al Parlamento catalán en junio de 2011 como autores de un delito contra las instituciones del Estado en concurso con un delito de atentado contra la autoridad.
En su escrito de acusación, la fiscal Teresa Sandoval sostiene que “varios parlamentarios fueron rodeados e increpados por grupos de personas que les impedían el acceso al Parlamento, mediante empujones, golpes, lanzamiento de objetos e insultos, creando un fundado temor en su seguridad personal”.
Los hechos se remontan al 15 de junio de 2011, cuando una concentración convocada por el 15M ante el Parlamento catalán derivó en situaciones de asedio a más de una decena de parlamentarios, entre ellos al presidente de la Generalitat, Artur Mas, al que se le impidió el paso cuando viajaba en su vehículo oficial, que fue golpeado y zarandeado y accedió finalmente en helicóptero junto con otros diputados.
El juez instructor Eloy Velasco acordó mantener imputados a 22 de los acusados de participar en el asedio, aunque ahora la Fiscalía se refiere a 20 (14 hombres y 6 mujeres), y destacó entonces que la intimidación a parlamentarios por parte de un grupo convierte lo que pudiera ser una falta en un delito grave, interpretación que según indicaron entonces fuentes jurídicas podría aplicarse para perseguir los escraches.
En el escrito de acusación, la fiscal pide también una multa de 7.500 euros a cada uno de los acusados (1,5 millones en total) y a uno de ellos le imputa una falta de daños por haber pintado una cruz en la gabardina de una de las diputadas autonómicas.
En el relato de hechos, la fiscal explica que los acusados protagonizaron una serie de “comportamientos y actitudes violentas e intimidatorias” contra los diputados que tenían como objetivo impedir su asistencia al pleno, que ese día discutía las enmiendas a la totalidad de los presupuestos catalanes y un proyecto de ley de medidas fiscales y financieras.
Narra que “en un contexto de protesta social ante los recortes prestacionales acordados con anterioridad por el Parlament”, se convocó una manifestación bajo el lema “Aturem el Parlament. No deixarem que aprovin retallades” (“Paremos el Parlamento. No dejaremos que aprueben recortes”).
Así, indica que en la noche del 14 al 15, varias personas pusieron “gran cantidad de objetos, materiales de obra (vallas, hormigón, cuerdas, maderas...) en las puertas de acceso” al recinto del Parlament con el objetivo de impedir el acceso a la Cámara.
En la manifestación llegaron a reunirse mil personas y la Policía bloqueó entonces las puertas de acceso y dejaron una abierta para que entraran los diputados, en torno a la cual llegaron a concentrarse unas 600 personas.
Aunque finalmente los diputados llegaron a acceder al Parlament en helicóptero y en coches policiales, la sesión parlamentaria se inició con un retraso de once minutos y tuvo que suspenderse media hora para dar tiempo a que llegaran más diputados (el pleno se inició con 70 de los 135 parlamentarios), y finalmente se suspendió hasta el día siguiente.
El escrito de acusación hace un relato individualizado de las conductas de cada uno de los acusados y sitúa a cuatro de ellos, Javier Tadeo, Cristóbal Nicolás, Daniele Vinci y Rubén Molina, en el asedio al coche oficial de Artur Mas, al que cortaron el paso y, tras subirse al capó para dar golpes al vehículo, lo zarandearon y le impidieron acceder al Parlament.
Tilda de “actitud extremadamente agresiva” la de una de las acusadas, Marta Pi Morera, quien empujó al diputado Joan Boada, y explica cómo otro de ellos impidió el paso al invidente Josep Maria Llop y Rigol.
A Alfons López i Tena le robaron del bolsillo unas llaves y a Ernest Maragall le rodearon varios que se le encararon con actitud hostil, “completamente pegados a él”, y uno de los acusados, Ciro Morales, “le gritó a escasos centímetros dejándole perplejo, desorientado y buscando una salida para escapar del acoso”.
La fiscal relata además que a la diputada Ana Isabel Marcos se le arrojó “gran cantidad de una sustancia líquida”, cuando uno de los acusados, Antoni Dolz, la cogió del brazo y le dijo: “Ahora toca la sesión fotográfica. Sonríe”, tras lo que la fotografió y la grabó en vídeo.