La Fiscalía de Madrid acusa al que fuera teniente de alcalde de Palma y promesa de la regeneración del PP en Baleares, Rodrigo de Santos, de agredir sexualmente a dos reclusos que pasaban sus días de permiso en una casa de acogida de la ONG Horizontes Abiertos, donde el expolítico trabajaba, y a los que amenazó con informar a Instituciones Penitenciarias en contra de sus salidas si se negaban a mantener relaciones con él. El fiscal solicita para De Santos 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual continuada a uno de los presos y otros cinco por otra agresión sexual a un segundo, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso elDiario.es.
Rodrigo de Santos llegó a Horizontes Abiertos en septiembre de 2014, seis meses después de salir en tercer grado. Había pasado cinco años en la cárcel por abusar de dos menores, amigos de sus hijos, y por gastarse 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina mientras exhibía militancia ultracatólica. A los pocos meses pasó de voluntario a contratado en la ONG y terminó ascendido a responsable de una de las casas de acogida en abril de 2017, esto último con la actual diputada del PP en la Asamblea de Madrid María Dolores Navarro como presidenta de la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Navarro tuvo que dimitir tras la detención de Rodrigo de Santos, que tuvo lugar en diciembre de 2017.
El escrito del fiscal hace un resumen de la investigación que desveló elDiario.es en julio de 2018, ocho meses después de que De Santos fuera detenido. El representante del Ministerio Público recoge cómo entre los meses de febrero y julio de 2017, Benjamín, que entonces tenía 29 años, estuvo residiendo durante sus permisos penitenciarios en las casas Javier I y Javier II que la ONG fundada por el Padre Garralda, ya fallecido, tiene en Madrid. Los presos que no tienen arraigo son acogidos por la ONG para que puedan disfrutar de las salidas y ésta informa a Prisiones de su comportamiento durante las mismas.
Durante la estancia de Benjamín en las casas, Rodrigo de Santos “le obligó en siete ocasiones, sin que puedan concretarse las fechas, a mantener relaciones sexuales con él”, escribe el fiscal. Según consta en las actuaciones, De Santos practicaba felaciones a la víctima para que luego éste le realizara penetraciones anales. Rodrigo de Santos, añade, lo hacía bajo “la amenaza de retirarle el aval por parte de la Fundación, imprescindible para poder disfrutar de los permisos penitenciarios”. elDiario.es viene utilizando desde la primera información del caso identidades supuestas para proteger a las víctimas. Benjamín, que ha necesitado de ayuda psiquiátrica, intenta rehacer su vida con su pareja y la hija que han tenido.
A continuación, la Fiscalía se refiere a la segunda víctima, Rachid (nombre supuesto), y a unos hechos que se remontan a 2015. “Durante su estancia en esta vivienda el procesado no dejaba de realizar a Rachid insinuaciones de carácter sexual, manifestándole que si accedía a las mismas, le ayudaría con su hijo y con sus problemas de extranjería, llegándole a enviar unos whatsapp el 5 de febrero de 2017 donde le decía: 'la verdad es que me encantarías que fueras mío', 'si fueras bisexual como yo tendrías un 100%', 'me voy a dormir Rachid, si quieres bajar a dormir a mi cama te dejo abierto', 'prometo tratarte con mucho mimo y respeto, como si fueras mi hijo… mi casa es tu casa y mi cama es tu cama, que sepas que me encantaría que estuvieras aquí a mi lado para dormir abrazado a ti, te quiero mi Rachid'”.
A mediados de febrero de 2017, continúa el fiscal, Rodrigo de Santos invitó a Rachid a su casa de Alcobendas “acudiendo éste coaccionado por miedo a que le retiraran los permisos”. El relato del Ministerio Público dice que De Santos hizo tocamientos a Rachid, que intentó ser correspondido en los mismos y que le comenzó a besar en la cara y en el cuello, “invitándole a dormir en su cama, lo que Rachid rechazó, durmiendo en otra cama”. “Durante la noche, encontrándose Rachid dormido, el procesado se introdujo en su cama, realizándole tocamientos, sin que haya acreditado que lo penetrara analmente”, añade el fiscal.
La Fiscalía concluye que estos hechos son constitutivos de los delitos de agresión sexual antes citados y que concurre el agravante de la reincidencia en el caso de Rodrigo de Santos. Además de los veinte años de cárcel solicita que no se pueda acercar a sus víctimas a menos de 500 metros durante otros veinte años en el caso de Benjamín y 10 en el de Rachid. También solicita la libertad vigilada cuando salga de la cárcel y que participe en programas de educación sexual.
La Fiscalía solicita una indemnización de 30.000 euros para Benjamín y 6.000 para Rachid por las secuelas psicológicas sufridas y hace responsable civil subsidiario, esto es, encargada de pagar si De Santos se declara insolvente, a la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, en el ámbito de cuya actividad se produjeron las presuntas agresiones sexuales, cometidas con el poder que la ONG había concedido al acusado sobre los reclusos pese a sus antecedentes.
La ONG, responsable civil subsidiaria
Un informe policial incorporado a la causa asegura que a partir de que la Fundación del Padre Garralda le nombrara director del Proyecto Javier, el comportamiento de Rodrigo de Santos “cambió radicalmente” y “ejercía un tremendo poder en las casas de acogida”, dice uno de los atestados policiales, redactados a partir de los testimonios de internos y trabajadores de Horizontes Abiertos. El trato a los presos por parte de Rodrigo era “despótico”, “vejatorio” y “humillante”, según los adjetivos que utilizan los testigos que declararon ante la Policía y ante el juez instructor, Juan José Escalonilla.
La Fundación Padre Garralda, con un patronato vinculado al PP, intentó personarse como acusación popular contra De Santos dos años después de que el antiguo concejal de Urbanismo de Palma fuera detenido, tiempo en el que la ONG se desentendió de los jóvenes presuntas víctimas del depredador sexual. El juez Escalonilla rechazó la pretensión de Horizontes Abiertos y declaró su responsabilidad civil subsidiaria. Las víctimas habían denunciado en un escrito que la Fundación que rige la ONG solo pretende lavar su imagen. Rachid fue alojado en una residencia junto a Rodrigo de Santos después de haber denunciado ante la Policía.
Cuando se produjeron los hechos, el Patronato de la fundación estaba integrado por dos exconsejeros de Esperanza Aguirre, Regina Plañiol y Luis Perales, así como por el exsecretario de Estado de Comercio con Rajoy, Jaime García-Legaz, quien se marchó por la gestión del caso de la entonces presidenta, Lola Navarro, y volvió después como vicepresidente. Todos pertenecen a la corriente más conservadora en asuntos de moral dentro del PP. En la actualidad solo tres personas componen el patronato: su presidenta, María Matos González de Careaga, el propio García Legaz y Celia Ordoñez.
Lola Navarro tuvo que dimitir cuando De Santos fue detenido a finales de 2017, pero desde entonces la carrera política de la exconcejala de Torrejón de Ardoz y Madrid se ha visto impulsada. Condenada y después absuelta por el caso de la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitre, el PP la incluyó en la lista encabezada por Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea de Madrid en 2019, cuando elDiario.es ya había desvelado su papel en el caso de las presuntas agresiones sexuales de Rodrigo de Santos. María Dolores Navarro es actualmente diputada autonómica y presidenta del PP en el madrileño distrito de Arganzuela.