Las fiscales de Púnica piden que dos peritos examinen contratos de obras de Metro en busca de “irregularidades”
Las fiscales que investigan el caso Púnica quieren que dos peritos examinen los contratos de construcción de varios tramos de tres líneas de Metro de Madrid, con el objetivo de determinar “las posibles irregularidades en su tramitación, adjudicación y ejecución”. Las obras bajo sospecha son la conexión entre la Línea 10 y el Metro Sur, las ampliaciones del Metro Ligero desde Colonia Jardín a Boadilla del Monte y el tramo 1-A el Metro Norte.
En un escrito al que ha tenido acceso eldiario.es, María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá piden al juez instructor, Manuel García Castellón, que solicite a la Intervención General de la Administración que nombre a dos funcionarios del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado para que analicen los expedientes de licitación y ejecución de los citados contratos y sus modificados.
Las primeras adjudicaciones tuvieron lugar entre abril de 2004 y enero de 2005 y el ente contratante fue la extinta Mintra, empresa pública responsable de las ampliaciones del suburbano y de otras infraestructuras del transporte público. En aquel momento, la sociedad estaba presidida por Francisco Granados, que era consejero de Transportes en el Gobierno regional de Esperanza Aguirre.
Granados, a quien el juez atribuye delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo, tráfico de influencias, cohecho, malversación, prevaricación o fraude estuvo 31 meses en prisión provisional como supuesto cabecilla de las irregularidades que se investigan en la trama Púnica en la Audiencia Nacional. Es el principal imputado del caso.
74,9 millones de sobrecostes
En un auto del pasado 2 de septiembre, el instructor cuantificó en 74,9 millones de euros los sobrecostes en estas obras: acabaron costando al erario público 216 millones cuando habían sido presupuestadas en 141 millones de euros.
“En el caso de la construcción del Metro Ligero a Boadilla del Monte, ese sobrecoste fue de 48 millones de euros, un 56% más de los 86 millones inicialmente fijados como importe de la obra. En la ampliación del Metro Norte, prevista en 42,6 millones, los trabajos complementarios sumaron otros 13 millones (casi un 32% más), y en la del Metro Sur, con un coste inicial de 12,1 millones, el precio final llegó a alcanzar los 26, un 118% más”, sostiene el juez basándose en un informe de la Guardia Civil.
En ese mismo auto, el juez García Castellón señala que los proyectos modificados y complementarios que se efectuaron en los expedientes de los contratos anteriores no fueron consecuencia de “circunstancias imprevistas” –como intentaron acreditar los informes de supervisión que se emitieron en los mismos– y por tanto “no podían adjudicarse al contratista inicial, sino que debieron adjudicarse, de ser cierta la causa y su precio, mediante la convocatoria de una nueva licitación”.
Un informe de tres peritos de la Agencia Tributaria incorporado recientemente al sumario del caso y adelantado por El País, reveló la existencia de “operaciones societarias absolutamente artificiosas” de la trama precisamente para hacerse con adjudicaciones del suburbano e implicaba en esas irregularidades a Granados y a los empresarios Javier López Madrid y David Marjaliza.
De hecho, fue la confesión de este último ante el juez de que se había repartido mordidas con Granados y López Madrid por las obras del Metro lo que llevó a García Castellón a pedir el citado informe a Hacienda. El empresario aportó documentación que supuestamente acreditaba que los tres se habían repartido a parte iguales 3,6 millones de euros por esas ampliaciones.
