La Fiscalía ha abierto una nueva investigación contra Juan Carlos I tras recibir un informe de inteligencia del servicio antiblanqueo. Se trata de la tercera vía de investigación abierta contra el rey emérito, que se suma a la que indaga sobre sus cuentas en Suiza y a las pesquisas sobre la utilización de tarjetas opacas.
Esta nueva investigación está aún en fase indiciaria y todavía no se han practicado diligencias. Se ha abierto después de que el Ministerio Público recibiese un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), según han informado la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en un encuentro con periodistas. No se ha determinado por el momento el alcance temporal de las actividades a investigar, que se refieren a posibles infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales.
Delgado también ha informado de que, a partir de ahora, el fiscal jefe Anticorrupción colaborará con la Fiscalía del Supremo en las investigaciones que afectan a Juan Carlos I y que lidera el fiscal Juan Ignacio Campos.
Más avanzadas están las otras dos investigaciones que atañen al exmonarca. elDiario.es desveló esta semana que Anticorrupción rastreaba los movimientos de unas tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia y también varios de sus familiares más directos, y cuyos gastos no declaraban a Hacienda. Los movimientos financieros de esa cuenta y los gastos de esas tarjetas corresponden a los años 2016, 2017 y 2018.
Parte de los fondos de esas tarjetas provienen del millonario mexicano Allen de Jesús Sanginés-Krause, principal accionista de varios fondos inmobiliarios. Para su uso, el rey emérito contó con la ayuda del teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga Mendoza. Fue ayudante de campo de Juan Carlos I hasta que este militar pasó a la reserva, hace algo más de un año. Murga Mendoza es, según la investigación, el testaferro del dinero que Sanginés-Krause presuntamente puso a disposición de la familia real para cubrir una parte de sus gastos personales.
La primera investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción, y que luego pasó al Supremo, indaga sobre los 65 millones de euros que recibió Juan Carlos de Borbón de Arabia Saudí en 2008 y que, en 2012, transfirió a su entonces amante, Corinna Larsen, y sobre si detrás de esos fondos está una comisión en el marco de la construcción del AVE a la Meca. El rey Juan Carlos abdicó en 2014 y hasta ese año estuvo protegido judicialmente por la Constitución, que establece una suerte de impunidad legal para el jefe del Estado, al considerarlo inviolable.
El fiscal del Tribunal Supremo que lleva el caso de los 65 millones saudíes, Juan Ignacio Campo, planea solicitar el archivo de esta causa, al tratarse de unos presuntos delitos que son previos a la abdicación del rey emérito. Sin embargo, esa petición de archivo incluirá una detallada exposición de lo ocurrido que dejará claro que, de no ser por la inviolabilidad constitucional, la Fiscalía habría propuesto formalmente la imputación de Juan Carlos de Borbón ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. De hecho, la Fiscalía devolverá a Anticorrupción las diligencias que afectan a personas no aforadas, que son fundamentalmente empresarios españoles.