La fiscal del caso de las ‘comfort letters’, las cartas con las que el exalcalde León de la Riva avaló el crédito para el soterramiento ferroviario saltándose al Pleno y a la intervención municipal, ha recurrido la sentencia absolutoria para él y sus concejales por “una cascada de olvidos” y solicita su anulación y la celebración de un nuevo juicio con un tribunal distinto que garantice la imparcialidad. León de la Riva estaba acusado de tres delitos de prevaricación en concurso con uno de falsedad por los que se le había solicitado una pena de nueve años de prisión y 33 de inhabilitación. El tribunal sólo apreció en su comportamiento “una actitud negligente y despreocupada”.
El recurso de apelación, de 31 folios, es demoledor. Para la fiscal existe un error en la valoración de la prueba. Así, impugna los hechos probados por omitirse en ellos extremos relevantes que constan en la sentencia y que contienen afirmaciones que se contradicen con otros hechos probados y con la prueba documental. En su escrito enumera todos los olvidos y omisiones del tribunal en su sentencia, desde un dictamen de Consejo Consultivo que descarta que las cartas de conformidad fuesen un “elemento novedoso” hasta correos electrónicos y actas de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde los accionistas debatían cómo afrontar el problema del impago de los créditos, que computaban en la deuda pública de las administraciones que formaban parte de ella.
“La sentencia no razona los motivos que llevaron a los magistrados a otorgar un peso probatorio total a las manifestaciones exculpatorias de los acusados frente a las pruebas de cargo, especialmente la prueba documental que se ha practicado”, dice la fiscal en su escrito.
Para el Ministerio Público, las pruebas avalan que León de la Riva “obró de forma dolosa, esto es, con plena conciencia y voluntad” cuando firmó las tres comfort letters que endeudaban al Ayuntamiento. Siempre según su versión, la intención del exalcalde era “eludir unos informes técnicos municipales que probablemente hubieran sido contrarios a la asunción de un mayor endeudamiento” y además trataba de evitar el “desgaste político” que habría provocado el debate por el elevado coste de los avales que firmó.
La fiscal no ahorra reproches al tribunal por omitir en la sentencia una buena parte de la prueba documental que acredita que León de la Riva acudía a los consejos de administración de la Sociedad Alta Velocidad –formada por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento- y que conocía el alcance de las cartas de conformidad que firmó en el 2008, 2010 y 2011. Dice en su recurso que parece que “las cartas aparecieron en el Ayuntamiento como por arte de magia, sorprendiendo al acusado, que a partir de entonces optó por una huida hacia adelante que le hizo observar un comportamiento inexcusablemente negligente”.
La fiscal pretende que la sentencia de apelación acuerde la revocación de la recurrida. “Se trata meramente de un cambio de inferencia: donde la Sala de instancia ha visto una conducta negligente- por no haber valorado a tales fines los hechos que se acreditaron en el acto del juicio oral por la vía documental, esto es, mediante las actas de los tres consejos de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que precedieron a la firma de las tres comfort letters- puede verse ahora una conducta intencional”. Según la fiscal, esta conclusión se debe no tanto por la revisión de la prueba documental, sino por el análisis detallado de los hechos que la sentencia considera probados y en la que se reconoce la existencia de los delitos de falsedad documental y la participación de León de la Riva en los mismos.
No se cree la versión de León de la Riva, apoyada por el tribunal, de que desconociese el alcance real de los avales que firmó, algo que para ella es “inconcebible”. León de la Riva no era una persona “ignorante”. “Conocía hasta el último detalle de cada operación financiera” y que la firma de las comfort era necesaria para la formalización de cada operación de crédito, por lo que “obró a título individual prefiriendo conscientemente eludir cualquier control técnico de los órganos municipales”, así como cualquier tipo de conocimiento político, a excepción de los dos concejales que fueron también acusados, el de Hacienda, Alfredo Blanco, y el de Movilidad, Manuel Sánchez.
Cuando León de la Riva eludió el control técnico y político, ello supuso “la subversión de las más elementales reglas de funcionamiento democrático de un ente local y la sumisión completa de este a los designios de una sola persona”.
No quedan libres en el recurso los concejales Blanco y Sánchez, de quienes considera que tenían conocimiento de los acuerdos que adoptaban en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. “A pesar de tener ese conocimiento preciso y de ser responsables de concejalías tan relevantes, no adoptaron medida alguna tendente a asegurarse de que la firma de las comfort letters obedeciera a la verdadera voluntad municipal y no únicamente a la de su alcalde presidente”. “Lo único que puede pensarse es que los tres acusados obraron en esto de común acuerdo”.
La Fiscalía pide además que se cite a León de la Riva, a Blanco y a Sánchez a la vista de apelación para ser oídos, puesto que el recurso de apelación afecta al elemento subjetivo del delito. El Ayuntamiento de Valladolid, que denunció el caso tras encontrarse con la reclamación de una deuda de crédito de 100 millones de euros, no ha recurrido la sentencia.