La Fiscalía considera que no hay reproche penal en la actuación del comisario jefe de la policía política del PP, Eugenio Pino, ni de su lugarteniente Bonifacio Díez Sevillano en el caso por intentar adulterar el caso Pujol. El Ministerio Público llegó al juicio del pendrive de Pujol Ferrusola sin acusar y ha finalizado la vista manteniendo su petición de absolución para los dos procesados.
La acusación particular, que ejerce el hijo del expresident, mantiene su petición inicial de dos años y medio de cárcel para cada uno de los dos policías por revelación de secretos. Podemos, que ejerce la acusación popular, ha rebajado el escrito con el que llegó a la vista: suprime la acusación de falso testimonio para Díez Sevillano y lo mantiene para Pino. Para ambos, la formación morada rebaja la estafa procesal a tentativa y mantiene la revelación de secretos. Aun así, los delitos por los que acusa Podemos ascienden a 6 años y medio para el exdirector operativo de la Policía y cinco para el inspector jefe Díez Sevillano.
El escrito en el que declinaba acusar fue presentado por el Ministerio Público en junio de 2019 cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado Maria José Segarra, nombrada por el primer Gobierno de Pedro Sánchez. Como ya ocurriera en el caso del borrado de los ordenadores de Bárcenas, Segarra permitió mantener el criterio adoptado por el Ministerio Público en la época del Partido Popular. La formación política resultó finalmente absuelta.
En abril de 2016, los investigadores policiales pensaron que tenían en su poder la llave para dar un impulso a la causa contra los Pujol que se sigue en la Audiencia Nacional, un pendrive con documentos informáticos del principal investigado, Jordi Pujol Ferrusola. Pero la confusa explicación que los policías presentaron al juez sobre el origen de la memoria informática provocó que José de la Mata sospechara de que podía haber sido obtenida de forma ilícita.
El magistrado apartó la documentación para que no contaminara el resto de la causa y abrió una investigación. El resultado confirmó sus sospechas: los policías estaban utilizando documentos de origen dudoso, posiblemente robados. Al pedirles explicaciones en sede judicial, los mandos mintieron. De la Mata envió entonces al juzgado competente los hechos que han acabado con Pino y Díez Sevillano en el banquillo.
En su exposición final, el abogado Cristóbal Martell, que representa a Pujol Ferrusola, ha dicho que “la madre de todas las batallas va a ser determinar si conocieron o no el origen ilícito”. Y ha añadido: “Hay algo que es evidente: quien conoce lo que hay dentro (del pendrive) sabe que es ilícito. No un policía, un hombre medio también. O lo consigue un juez o no lo pueden tener. Es la vida íntima de un sujeto en su universalidad”. La memoria informática contenía “toda la vida informática” del hijo del expresident entre 1997 y 2002, ha defendido en el juicio Martell.
El fiscal, por contra, ha expuesto que, pese a que están todos los correos electrónicos en cinco años de Pujo Ferrusola, “no ha quedado acreditado que los acusados tuvieran conocimiento de que supieran lo que estaba en el interior del pendrive y que, por tanto, tuviera un origen ilícito, por tanto”. “No sabemos de dónde venía esa información y si seguimos desconociéndolo, cómo lo iban a saber ellos y cómo iban a saber que procedía de una actuación ilícita. Tendría que estar perfectamente acreditado (para condenarlos)”, ha expuesto el representante del Ministerio Público.