- Corinna habla de una comisión de 80 millones por la adjudicación y señala que Juan Carlos I habría recibido una parte. En esa fecha el rey gozaba de inviolabilidad
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se interrogue por videoconferencia a Corinna zu Sayn-Wittgenstein por las supuestas comisiones pagadas al rey emérito Juan Carlos I por la adjudicación de la construcción del AVE a La Meca en 2011, según ha informado este miércoles la Cadena SER. Se lo ha solicitado a la Serious Fraud Office (SFO) –el departamento responsable de investigar los grandes fraudes en Reino Unido, porque Corinna reside allí– para saber si se ratifica en las afirmaciones que realizó en las conversaciones grabadas por Villarejo.
En las grabaciones, Corinna daba a entender que Juan Carlos I cobró comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca, además de que tenía cuentas en Suiza y que la usó como testaferro en un terreno en Marruecos. En concreto, en una parte de la conversación con el comisario y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga, la mujer habla de una comisión de 80 millones de euros por la concesión a un consorcio de empresas españolas del AVE a La Meca.
Todo por haber ejercido en 2011 un papel como intermediario en representación del grupo de compañías del que formaba parte la constructora del Grupo Villar Mir OHL para que estas ganaran un contrato superior a los 6.300 millones de euros. El consorcio español se impuso a sus rivales. Según la consultora, el empresario Juan Miguel Villar Mir primero habría rechazado la petición de Juan Carlos de Borbón, pero más tarde el monarca acabó recibiendo parte de los fondos.
Al conocer esas revelaciones, OHL remitió un comunicado en el que especificaba que en esas doce empresas a las que se refería Corinna, la constructora tiene una participación minoritaria y afirmaba que el grupo siempre ha actuado en el marco de la ley negando así haber participado en cualquier acto ilícito.
La petición de Anticorrupción fue realizada en abril, según informa la SER, con el objetivo de saber en el interrogatorio si se ratifica en las afirmaciones grabadas por Villarejo. Se trata de una investigación que desarrolla la Fiscalía para determinar si existe una causa penal y los datos permiten presentar una querella. En la fecha en la que se habría producido el supuesto pago el entonces rey Juan Carlos gozaba de la inviolabilidad reconocida al jefe del Estado en la Constitución.