La Fiscalía General del Estado ha pedido este lunes a las fiscalías superiores de las comunidades autónomas todas las denuncias y querellas sobre agresiones y abusos a menores de edad que se hayan producido en espacios religiosos, según ha adelantado El País y ha podido confirmar elDiario.es. El plazo para que se envíen estos procedimientos será de 10 días.
En los registros que se tienen de este tipo de trámites no se especifica si el delito tuvo lugar en el seno de la Iglesia católica o en otro lugar, con lo que es necesario revisar cada caso para conocer cuántos de ellos se han dado en instituciones religiosas.
Esta decisión ha provocado “indignación” en el seno de la Conferencia Episcopal, que no la conocía previamente. Fuentes episcopales han manifestado a elDiario.es su sorpresa y creen que la investigación tiene poco recorrido.
El pasado 19 de diciembre, el Papa ordenó una investigación sobre los casos de abusos en la Iglesia española después de que el periódico del grupo PRISA le entregara al pontífice un informe con 251 nuevos casos desde 1943 hasta 2018. Tras la noticia, el portavoz de la Conferencia Episcopal (CEE), Luis Argüello, confirmó a elDiario.es que se envió una nota a la diócesis y congregaciones religiosas en la que ofrecían a los obispos investigar los casos que detallaba el dossier si lo consideraban “necesario”.
La comisión de investigación del Gobierno
Este martes la Mesa del Congreso decidirá si tramita la solicitud de una comisión sobre los casos de pederastia en la Iglesia registrada por Unidas Podemos, ERC y EH Bildu. Precisamente este lunes se ha conocido que el PSOE votará a favor de calificar la propuesta, aunque el partido no está convencido del formato ni el contenido planteado.
También se están estudiando maneras alternativas para llevar a cabo este estudio, como impulsar una comisión con expertos independientes “de prestigio”. Sin embargo, la iniciativa de la Fiscalía no sustituye a la que se está promoviendo en el Congreso de los Diputados, según han confirmado fuentes del Gobierno.
Los obispos, por otro lado, denuncian que la comisión del Gobierno es una campaña política y mediática. “Eso nos preocupa [....] nos parece especialmente doloroso que se pudiera utilizar, incluso, la situación de las víctimas en la disputa política, en la confrontación propia del Parlamento o de la vida social y política española”, declaró Luis Argüello en una entrevista con los medios del Vaticano.