La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre la protesta ultra de esta Nochevieja en las inmediaciones de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en la que se colgó y golpeó un muñeco identificado como Pedro Sánchez. La representación del Ministerio Público en el tribunal especial estudiará los hechos denunciados por el PSOE con el objetivo de determinar los “posibles delitos” y la competencia sobre quién debe dirigir las pesquisas, ha informado en una nota de prensa. En la denuncia, presentada el 5 de enero, los socialistas consideran que los hechos “exceden de la crítica política” y colocan a su partido y a Sánchez “en el objeto de la diana de una exaltación de conductas con tintes violentos, de odio, de hostilidad y discriminación”.
El pasado 10 de enero, la fiscal jefa de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Ana Isabel García León, acordó remitir esa denuncia al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, “por resultar inicialmente materia competencia de la Fiscalía bajo su dirección”. El artículo 65.1a) de la ley del Poder Judicial atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el enjuiciamiento de los delitos contra altos organismos de la Nación y forma de Gobierno.
Según el PSOE, las actitudes que se vieron durante esa protesta incitan a actuaciones “no legítimas, como es un magnicidio o un linchamiento” y ponen en riesgo, aunque sea en abstracto, la seguridad e integridad personal y la de los que representan al PSOE o se identifican con la ideología socialista, con “una clara actitud amenazante a todos ellos”. Así, los socialistas defienden que la “absoluta gravedad” de los hechos impide que puedan estar amparadas por la libertad de expresión y apuntan a la existencia de varios delitos.
La denuncia recoge que si los hechos se consideran “exclusivamente” desde la perspectiva del derecho al honor del presidente del Gobierno se podría haber cometido un delito de injurias de los artículos 205 y 208 del Código Penal. También alude a su posible calificación “particular” como amenazas, con agravante de “discriminación ideológica” al dirigirse contra el colectivo social, el PSOE y los militantes socialistas.
E incluso alude al artículo 504.1 del Código Penal, que tipifica como delito especial las injurias, calumnias, amenazas graves al Gobierno de la Nación, y otras instituciones del Estado. Además, los socialistas consideran que la existencia de una “reiterada incitación al odio” en estos hechos puede estar enmarcada bajo un delito de odio recogido en el artículo 510 del Código Penal.