La Fiscalía ha vuelto a rechazar que se abra una investigación a Jorge Fernández Díaz por las grabaciones en su despacho que confirman las maniobras del Ministerio del Interior contra el proceso soberanista en Cataluña. Esta vez, el Ministerio Público califica las conversaciones entre el ministro y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya como “un intercambio de información” amparado por la ley.
En un escrito de 18 líneas, al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal, Antolín Herrero, se opone a la admisión de la querella presentada por el Partit Demòcrata Català (PDC) (la antigua Convergencia) y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias contra Fernández Díaz y Daniel de Alfonso.
El PDC y Trias presentaron su querella en el Supremo por ser Fernández Díaz un miembro del Gobierno y estar, por tanto, aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. En la misma atribuyen a Fernández Díaz los delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos.
El fiscal Herrero califica la conspiración entre Fernández Díaz y De Alfonso como un “intercambio de información que podría quedar amparado” por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 14/2008, por la que se crea la Oficina Antifraude de Catalunya.
En esa línea y media del escrito, Herrero descarta que el ministro haya cometido un delito de violación de secretos, a pesar de que el propio ministro cita en los audios a varios medios de comunicación como destinatarios de las informaciones que preparaba con De Alfonso. Algunos de esos medios dieron publicidad a informes apócrifos sobre supuestos delitos de políticos independentistas que nunca acabaron en los juzgados.
El diario El Mundo llegó a publicar una información sobre una cuenta falsa de Xavier Trias en Suiza. Según la querella, en la grabación queda patente “la intención de perjudicar políticamente al afectado”, pese a que Fernández Díaz y De Alfonso “reconocen que no tienen evidencia alguna” de la supuesta cuenta en un banco suizo del exregidor de la Ciudad Condal.
El fiscal Herrero amplía hasta las tres líneas el espacio que dedica a descartar los otros dos delitos atribuidos al ministro; prevaricación y malversación de fondos. Así dice que las afirmaciones de Fernández Díaz en las grabaciones se producen “sin que se relate decisión alguna que tenga el carácter de resolución administrativa y sin que se concrete la financiación pública que sustente la malversación que se presume”.
El fiscal cita el artículo 7.1 de la Ley de creación de la Oficina Antifrau para defender la legalidad del “intercambio de información”. Ese punto se limita a señalar que Antifrau tendrá unas funciones “sin perjuicio” de las que corresponden a otros organismos catalanes. Es en el segundo punto de ese artículo donde la ley señala que el organismo catalán no puede sustituir a jueces, fiscales, ni policía judicial y que debe poner en conocimiento de estos cualquier indicio de delito que obtenga.
De la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía recupera el artículo 259 y siguientes, destinados a la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía los indicios de delito. El citado artículo 259 recoge: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas”.
“La Fiscalía te lo afina”
Este desarrollo argumentativo puede conocerse gracias a que PDC y Trias decidieron presentar una querella, incluso después de que la Fiscalía General del Estado dejara claro en julio que impediría cualquier intento de buscar responsabilidades penales en la actuación de Fernández Díaz. En las conversaciones filtradas, el ministro del Interior llega a decir a De Alfonso: “Esto la Fiscalía te lo afina”. En otro punto asegura que el plan para filtrar las maniobras policiales en Cataluña es conocido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En el desarrollo de las conversaciones, Fernández Díaz menciona por su nombre a varios funcionarios públicos implicados en la guerra sucia. Sin embargo, la Fiscalía considera que no hay indicios de que el ministro del Interior se haya excedido y perjudicado el patrimonio público, ni que haya dictado resolución arbitraria alguna, según describe el Código penal los delitos que le atribuyen los querellantes.
eldiario.es desveló en noviembre de 2014 la existencia de un grupo policial dedicado en exclusiva a perseguir a políticos independentistas, a los que se desplazaba a Cataluña y dotaba de recursos para ello.
El fiscal Herrero casi dedica el mismo espacio a presentar los argumentos para oponerse a la querella que para reprochar a PDC y Trias que no especifiquen si quieren ejercer la acción popular o particular. Además, asegura que la querella se presentó en nombre de CDC y que el partido, “al parecer”, se ha disuelto “sin que conste sucesión de personalidad”. La Fiscalía del Supremo añade que no se pronuncia sobre la presunta implicación de De Alfonso porque éste no es aforado.
Denuncian “sistemática desviación de poder”
La querella asegura que Fernández Díaz “provoca, posibilita, facilita y favorece activamente” la revelación de información confidencial por parte de De Alfonso, puesto que le “incita” a actuar y le emplaza a una segunda reunión, por lo que “sería partícipe en los delitos de revelación”.
El texto, de 42 páginas, alerta de una “política sistemática de revelaciones y desviación de poder en el ejercicio de las potestades investigadoras que, en modo alguno, puede ser casual y que, una vez vistos en su conjunto, permiten pasar del estadio de la conjetura al de indicio”. Así, para los querellantes, de las conversaciones se desprende una “premeditación especialmente insidiosa” de “revelación de información confidencial”.
El propio Fernández Díaz se presenta como víctima de la grabación, a pesar de que una supuesta investigación interna confirma que los instrumentos para captar la conversación estaban en el despacho del titular de Interior. El departamento dice continuar con las pesquisas y no ha actuado aún contra ningún funcionario. La actuación del ministro en funciones le valió el pasado martes la reprobación del Congreso de los Diputados, ante el que deberá comparecer en comisión de investigación.