La Fiscalía denuncia al exjuez Presencia por calumniar a magistrados del Supremo y pide el cierre de su web

En los últimos años, el exjuez Fernando Presencia ha dirigido sus acusaciones contra todo aquel magistrado, fiscal o vocal que, de alguna manera, le hubiera agravado en sus años como juez en València o en Talavera de la Reina. Ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pasado al contraataque y ha denunciado al exjuez por difundir en su página web que más de la mitad de los integrantes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo tienen millones ocultos en paraísos fiscales. Le acusan de un delito de injurias o calumnias y otro más contra las altas instituciones del Estado y exigen el cierre cautelar de la página web de su asociación.

Fernando Presencia ejerció como juez de lo mercantil en València hasta que el Consejo General del Poder Judicial le sancionó por organizar cursos sin autorización, momento en que empezó a ejercer en Talavera de la Reina como decano. Fue allí, desde su juzgado, donde favoreció ilegalmente a dos amigos en dos causas judiciales, hechos que le costaron sendas condenas firmes por prevaricación por el Tribunal Supremo y la expulsión de la carrera judicial.

Desde entonces, el exjuez -que todavía se presenta a sí mismo como magistrado- ha dedicado buena parte de sus esfuerzos a cargar contra los vocales, fiscales y jueces que en algún momento han firmado o avalado algunas de sus condenas o sanciones. Más recientemente ha empezado a hacerlo a través de su Asociación Contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), apoyándose en ocasiones en documentación procedente del conocido como 'Expediente Royuela', según el cual una trama criminal liderada por el fiscal José María Mena ha ordenado cientos de asesinatos en España sin presentar más pruebas que documentación de procedencia desconocida.

Las últimas denuncias de Presencia han ido dirigidas contra los integrantes de la sala de lo penal del Tribunal Supremo, que en los próximos meses tenían que decidir sobre una condena que le puede llevar a la cárcel por injuriar a un fiscal. Según el exjuez condenado por prevaricar, nueve miembros de la sala segunda tienen cuentas en paraísos fiscales con millones de euros escondidos. En ese grupo también está incluido Carlos Lesmes, el presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Ninguno de los aludidos por estas supuestas bombas informativas de Fernando Presencia había decidido denunciarle para no darle más publicidad, según han explicado varios afectados a este periódico en los últimos meses, pero esa tendencia acaba de cambiar. Si hace unos días era Lesmes el que ponía el caso en manos de la Fiscalía, ahora ha sido el Ministerio Público el que ha llevado su caso ante la Justicia acusándole de varios delitos.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, está firmada por el teniente fiscal Jesús Alonso y acusa a Fernando Presencia de dos delitos: uno de injurias o calumnias y otro contra las altas instituciones del Estado. Exige, además, como medida urgente que la página web de su asociación quede clausurada y que se retire de internet una entrevista que ofreció en Estado de Alarma lanzando todas estas acusaciones contra una decena de miembros de la sala de lo penal del Supremo. Desde hace unos días ese enlace ya no está disponible en el canal que dirige Javier Negre, donde Presencia ha participado en diversas ocasiones en el último año.

También pide que Fernando Presencia tenga que declarar como imputado en la Audiencia Nacional así como a todos los magistrados y magistradas afectados por sus informaciones basadas en datos y documentación supuestamente falsas. Se trata de un nuevo frente abierto para el magistrado después de que el juzgado 6 de la Audiencia Nacional enviase su caso a los juzgados de Talavera por usar, supuestamente, documentación falsa para alimentar sus denuncias.

En ese caso las denuncias de Presencia no iban dirigidos contra magistrados del Supremo, sino contra otras personalidades públicas: José Luis Rodríguez Zapatero y Dolores Delgado, a los que acusaba de tener millones de euros ocultos igualmente en paraísos fiscales y de formar parte de la red que organiza asesinatos clandestinos en España. Otras de estas acusaciones, basadas en la documentación supuestamente falsa de la familia Royuela, también ha ido dirigida contra una funcioniaria judicial que tramita su proceso de desahucio.