El fiscal del caso Villarejo ha pedido al juez que aparte al principal investigador y que disuelva la comisión judicial a la que pertenece el policía, cuya investigación ha concluido en la imputación del comisario Jose Manuel Villarejo y en la solicitud de que corran la misma suerte el recién jubilado jefe operativo de la Policía designado por el PP y otros mandos.
El escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, está fechado el 29 de junio, pero el juez ha dado traslado a las partes al día siguiente de que Villarejo compareciera como imputado y en un momento de su declaración deslizara que ha existido una “Operación Cataluña” contra el proceso soberanista.
El fiscal de Madrid Alfonso San Román aprovecha una solicitud de la defensa de Francisco Nicolás Gómez Iglesias para adherirse a ella. El joven alega que el inspector del caso le propuso una mañana en los juzgados identificar a quién hizo la grabación ilegal que se investiga, un audio filtrado a los medios en el que aparecen los policías que seguían al Pequeño Nicolás y dos agentes del CNI hablando del caso. Según la versión del joven, el inspector le ofreció a cambio interceder por él ante el juez y el propio fiscal.
“Los hechos suponen una extralimitación intolerable de las funciones del funcionario policial referido que en este momento actúa como Policía Judicial en esta causa”, afirma en su escrito el fiscal. Una semana después de que San Román firmara su escrito, el inspector Rubén L. desmintió ante el juez los aspectos principales de la versión del Pequeño Nicolás. Aun así, el magistrado ha abierto una pieza separada para investigar los hechos y aún no se ha pronunciado sobre la petición del Ministerio Público.
El juez Arturo Zamarriego ordenó crear la comisión judicial hace un año y que la encabezara el comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, encargado en su momento de la investigación del Pequeño Nicolás, víctima de la grabación ilegal y apartado de la jefatura de la Unidad de Asuntos Internos por su enfrentamiento con el comisario Villarejo. De esta forma blindaba que la cúpula policial se inmiscuyera en el trabajo de unos investigadores que solo responden ante él.
El fiscal fue aprobando el trabajo de Marcelino Martín y sus subordinados hasta que éste culminó en un informe de 572 páginas en el que pide imputar a un grupo de mandos policiales, con el recién jubilado número dos del Cuerpo Eugenio Pino a la cabeza. La comisión judicial les acusa de boicotear la investigación que señala a Villarejo como autor intelectual de la grabación ilegal. El 8 de junio pasado, el fiscal se descolgó con un escrito en el que criticaba la investigación por excederse del objeto inicial y rechazaba la imputación de Villarejo y el resto.
Los delitos que atribuyen los investigadores al número dos de la cúpula policial del PP y otras doce personas, entre ellas varios periodistas, son blanqueo de capitales, manipulación y alteración de pruebas judiciales, acusación y denuncia falsa, actividades prohibidas a funcionarios públicos y otras filtraciones policiales.
En su informe, la comisión judicial que ahora quiere disolver el fiscal también llama la atención sobre el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aspirante a suceder al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por su intercambio de llamadas con los policías señalados en momentos clave del caso. Por ejemplo, con Villarejo, el número dos de Interior habla más de un cuarto de hora mientras los investigadores registran el 20 de octubre de 2014 la casa del Pequeño Nicolás y encuentran anotaciones que hacen referencia al comisario.
La referencia de Villarejo a la “Operación Cataluña” supuso un instante en dos horas y media de declaración. Ninguna de las partes interrogó por esa mención al comisario, ni el funcionario que tomaba notas para hacer un resumen lo incluyó en su escrito. Pero el mensaje trascendió y provocó el revuelo que merecía que, por primera vez, uno de los protagonistas de las maniobras policiales contra la oposición política se refiriera en público a ellas, les pusiera nombre y admitiera que había participado en las mismas. Todo ello en sede judicial y grabado.
Villarejo, contra Moncloa
El comisario Villarejo, que siempre había trabajado en la sombra, se ha visto envuelto en varios escándalos en los últimos tiempos. En ocasiones, ha reaccionado a ellos a través de editoriales del medio de comunicación que controla junto a su esposa –informacionsensible.com- o en denuncias que han fracasado en los tribunales. De ambas formas ha cargado contra periodistas que no son sus “infiltrados” en los medios, fiscales, otros miembros de las Fuerzas de Seguridad, el CNI y, de forma relevante, contra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
Pero nunca había reconocido su participación en la estrategia puesta en marcha por el Ministerio del Interior contra los independentistas, de la que eldiario.es dio cuenta en marzo de 2015 al informar de que Villarejo había sido condecorado un año antes por su participación en la misma. Esas maniobras policiales buscaban desacreditar a políticos independentistas, sin control judicial y su resultado acababa en las portadas de medios afines coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.
El fiscal da un giro radical a su postura y dice que aquel que fue víctima de la grabación ilegal investigada, el comisario Marcelino Martín, no puede seguir al frente de la investigación bajo la tesis de que ya ha hecho “una exhaustiva investigación” y que, a pesar de ello, “no se conoce todavía, con certeza, el método empleado para la grabación de la reunión”. El Pequeño Nicolás aspiraba a la nulidad de las actuaciones, pero el fiscal se opone a tal pretensión.
La otra grabación que afecta al ministro
Este movimiento del fiscal San Román se produjo un día antes de que publico.es entregara a la Fiscalía General del Estado las grabaciones en las que el ministro del Interior conspira con el entonces director de la Oficina Antifraude para perjudicar a políticos independentistas. Tanto la grabación ilegal que investiga la comisión judicial como esta grabación al ministro se produjeron en octubre de 2014.
En los próximos días, la Fiscalía General adoptará una decisión sobre la grabación a Fernández Díaz, en el sentido de si considera necesario abrir diligencias, han informado a eldiario.es desde el Ministerio Público. Por ahora, el caso no está judicializado porque Fernández Díaz evita presentar una denuncia, al igual que el exdirector de Antifrau, Daniel de Alfonso.
Fernández Díaz ha ordenado una investigación interna a policías vinculados a los posibles protagonistas de la grabación. Por su parte, De Alfonso ha dicho este jueves a eldiario.es que esperará, al menos hasta septiembre, a que Fernández Díaz denuncie porque él no quiere “gastar sus ahorros” en una querella. Si llega septiembre y el ministro no actúa, él acudirá a los juzgados, ha añadido.