La Fiscalía rechaza la detención de los reclamados en Argentina por crímenes del franquismo

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se va a oponer hoy a la detención de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por la juez argentina María Servini de Cubría por su supuesta implicación en torturas durante el franquismo, aunque apoyará que se tramite la extradición.

El departamento que dirige Javier Zaragoza presentará hoy un escrito en este sentido en el juzgado de guardia en la Audiencia Nacional en el que alegará que la detención preventiva de los reclamados por la juez argentina no es “procedente”, dado que se trata de hechos muy antiguos, que además han prescrito y están amnistiados, han informado hoy a Efe fuentes fiscales.

Considera además la Fiscalía, que la orden de detención cursada por Servini “es insuficiente”, aunque, por contra, no se opondrá a que se tramite la extradición de los reclamados: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exescolta de Franco Celso Galván Abascal, el excomisario José Ignacio Giralte y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”.

El juzgado que se encuentra de guardia esta semana es el Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encuentra actualmente Pablo Ruz tras la inhabilitación de Baltasar Garzón, quien ya trató de investigar sin éxito los crímenes del franquismo y que fue juzgado por un delito de prevaricación por intentarlo, aunque finalmente resultó absuelto.

Con la presentación de este escrito, la Fiscalía deja en manos de un juzgado español el procedimiento puesto en marcha por la juez Servini al cursar el pasado 18 de septiembre una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo.

La resolución de la juez, de 200 páginas, reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.

Entre los argumentos de su decisión, adoptada en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por “delitos de genocidio y/o lesa humanidad” cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la juez retomaba informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.