La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que dirige Javier Zaragoza, forzó su argumentación para que el juez Ismael Moreno acordara el ingreso en prisión de los dos titiriteros detenidos el pasado viernes, hasta el punto de advertir que lo contrario conllevaba el riesgo de que la obra fuera representada de nuevo, con autorización del Gobierno municipal de Manuela Carmena y antes de que acabara la programación del Carnaval.
“No es descabellado que se vuelva a repetir en cualquiera de los espectáculos públicos que se celebrarán estos días en la capital con motivo de las fiestas de carnaval, máxime teniendo en cuenta que el propio investigado ha manifestado que la obra ya se representó con anterioridad en Granada”, afirmó la fiscal Carmen Monfort durante la audiencia celebrada para la solicitud de medidas cautelares, según el acta de la misma a la que ha tenido acceso eldiario.es.
Obvió la fiscal que la obra estaba programada para el día y la fecha en la que se representó y que el Ayuntamiento no tenía previsto programar otra función. Su afirmación supone inferir que las detenciones y el revuelo mediático provocarían una reacción en el Gobierno de Ahora Madrid en el sentido de insistir con su representación. La alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, ha asegurado que programar la obra, una sola vez, ya fue “un error muy grave”.
En el recurso que han presentado los abogados de los artistas se alega que difícilmente podrían reincidir en el presunto delito si les han sido requisados los guiñoles y el atrezzo.
La Fiscalía aseguró ante el juez que los hechos recogidos en el atestado policial y confirmados por los investigados son susceptibles de dos delitos: enaltecimiento del terrorismo, castigado con entre uno y tres años cárcel, y otro contra los derechos y las libertades fundamentales, cuya pena va de un año a cuatro de prisión.
Con esta calificación, la petición de prisión incondicional se adecuaba a dos de los supuestos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que las penas recogidas para los delitos imputados superen los dos años de cárcel y que la eventual condena sea tan grave que se infiera “racionalmente un riesgo de fuga”.
Para alegar el enaltecimiento del terrorismo, la fiscal introdujo un dato erróneo, según consta en el citada acta. “En ningún caso puede justificarse la exhibición de una pancarta con la inscripción GORA ETA”, expuso Monfort, quien a continuación reprodujo jurisprudencia del Tribunal Supremo en ese sentido.
Sin embargo, no existía en la obra tal pancarta, sino un pequeño cartel que sostuvo un guiñol en el que se leía “Gora Alka-ETA”, leyenda con la que los titiriteros reconocieron que hacían un juego de palabras con Al Qaeda y ETA, pero con el fin de denunciar un montaje policial. La supuesta “pancarta” mide en realidad 20 centímetros, según consta en el acta levantada por la Policía. Un cuchillo falso que portaban los guiñoles, y que también fue incautado por la Policía, tiene un tamaño mayor, 25 centímetros.
Recurso de la defensa
El otro error es que el fiscal asegura que uno de los guiñoles, el que representa una monja, resulta violada durante la representación. El recurso de la defensa asegura que hay una violación en la obra, pero es la protagonista quien la sufre, a manos de su casero. La monja interviene para arrebatar a la mujer el hijo fruto de la violación y acaba apuñalada.
La defensa de los titiriteros ha recurrido el auto de prisión en reforma, por lo que el juez Ismael Moreno deberá pronunciarse antes de que el asunto pase a la Sala de lo Penal. Los abogados alegan que Raúl García y Alfonso Lázaro no tienen medios económicos para fugarse de España y que el segundo, además, tiene una minusvalía reconocida por la Junta de Andalucía del 75%. También niegan la reiteración delictiva porque, entre otras cosas, les han sido retirados los guiñoles y el atrezzo de la obra.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional impulsa en los últimos tiempos la persecución del presunto enaltecimiento del terrorismo, con especial atención a las redes sociales. Ahora Madrid lo conoce. La Fiscalía recurrió, con éxito, el archivo de la causa contra el concejal Guillermo Zapata por un chiste en Twitter de hace cinco años.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ) se han querellado contra los artistas. En el caso de la AVT, la querella también se dirige contra el director artístico Ramón Ferrer Prada, contra la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Celia Mayer, así como contra la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena.