Eldiario.es ha tenido acceso al recurso presentado por la Fiscalía contra el auto de inhibición del juzgado de instrucción número 8 de Plaza de Castilla.
En él la Fiscalía Provincial de Madrid considera que la competencia para investigar los casos de 25 detenidos del 25S no es de la Audiencia Nacional, sino del juzgado de instrucción de Plaza de Castilla. Es decir, entiende que no hay presuntos delitos contra las altas instituciones del Estado por parte de esos detenidos. Sin embargo, hace una excepción con otros ocho arrestados del 25S, en los que sí ve indicios de “intento de tomar el Congreso”.
En el recurso la fiscal enumera estos ocho casos y dice que en ellos “existiría una acción concreta imputable que constituiría un indicio de su intención de seguir los postulados de la convocatoria realizada en las redes sociales para ”tomar el Congreso“ y que por tanto estaría justificada la atribución de la competencia de la Audiencia Nacional en cuanto que existe un intento de invasión mediante fuerza, violencia o intimidación de la sede del Congreso, estando éste reunido”.
“Intentos de invasión del Congreso”
Como “intentos de invasión del Congreso” menciona el caso de un detenido que se subió a una valla, otro que “se negó a abandonar el perímetro de seguridad”, otros tres que “intentaron traspasar el cordón policial” en la Plaza Cánovas del Castillo, otro que se tumbó en el suelo y otro que “zarandeó el vallado de protección”.
Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de una de estas ocho personas que fueron detenidas el 25S, considera que la imputación por delito contra las altas instituciones del Estado “es absurda, a menos que se quiera lanzar un mensaje de advertencia a futuras convocatorias de ese tipo o de similar contenido político”.
En conversación con eldiario.es, Gómez Cuadrado ha indicado que “desde el punto de vista jurídico es kafkiano imputar semejantes delitos a unas personas que estaban frente a una valla, o encaramadas a la valla. Había unos ciudadanos protestando. De ahí a pensar que intentaban tomar un Congreso rodeado de policías, hay un gran trecho. Otra cosa es que se esté intentado lanzar un mensaje político”.
“Esto parece una persecución política”
José Cosín, abogado, es una de esas ocho personas que, según la fiscal, deben ser imputadas por la Audiencia Nacional por delitos contra las altas instituciones del Estado.
En su recurso, la fiscal indica que Cosín “se tumbó en el suelo intentando impedir que los agentes de Policía pudieran despejar la zona de manifestantes y restituir las vallas de protección a su posición originaria, y agarró por la pierna a un agente de policía provocando su caída, en su intento de impedir que se pudiera restablecer el vallado”.
En conversación con eldiario.es José Cosín muestra su indignación por dicha acusación:
“Yo estaba tumbado en el suelo y no cogí la pierna a nadie. Un policía me golpeó la cabeza contra la valla, hay testigos de ello. Después de que golpearan me quedé en posición fetal, tapándome la cara. Me parece muy triste que un policía tenga que inventarse eso. He dicho en muchas ocasiones que nunca fui a tomar el Congreso. Fui a protestar. Esto parece ya una persecución política. Espero que las aguas vuelvan a su cauce, porque esto es arbitrario e indignante”, denuncia.
Los abogados de estas ocho personas mencionadas por la Fiscalía estudian ahora presentar alegaciones. Tiene dos días de plazo. Tras ello, la magistrada del juzgado de instrucción número 8 decidirá.
Con respecto al resto de los detenidos -25 personas, ya que el auto de inhibición hacía referencia a 33-, la Fiscalía considera que no hay presunto delito contra las altas instituciones del Estado y que por tanto su causa no es competencia de la Audiencia Nacional, sino del juzgado de instrucción de Plaza Castilla, tal y como reclamaron desde el primer momento los abogados de los arrestados del 25S.