La Fiscalía Europea ha decidido elevar al Ejecutivo comunitario, guardián de los tratados de la UE, la negativa de la fiscal general española, Dolores Delgado, a entregar el caso del contrato con la Comunidad de Madrid del que se benefició el hermano de Isabel Díaz Ayuso. Así, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha recibido una carta de la fiscal general Europea, Laura CodruÅ£a Kövesi, sobre este asunto. “Responderemos a su debido tiempo”, explican fuentes del Ejecutivo comunitario a elDiario.es.
“Como guardián de los tratados”, explica la Fiscalía Europea a elDiario.es sobre su carta a Reynders, “la Comisión Europea es responsable de controlar si las leyes de la UE se aplican correctamente y a tiempo. En consecuencia, la Fiscalía Europea ha informado a la Comisión Europea sobre sus preocupaciones con respecto al marco legal en el que debe operar la Fiscalía Europea en España, lo que llevó a la reciente decisión de la Fiscalía General del Estado española de dividir la competencia sobre unos mismos hechos entre la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea considera que esta decisión no se ajusta a la legislación de la UE”.
Si la Comisión Europea entiende que un Estado miembro no está cumpliendo con la legislación europea, puede abrir un procedimiento de infracción que podría acabar en última instancia ante el Tribunal de Justicia de la UE si el Estado miembro en cuestión no atiende a las peticiones previas de Bruselas.
La Fiscalía Europea emitió este miércoles un comunicado en el que cargaba con dureza contra la decisión del Ministerio Público español de dejar en Madrid la investigación sobre el contrato de mascarillas por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una comisión. La institución reprocha a Dolores Delgado que haya tomado la decisión siendo “parcial” al estar al frente de la Fiscalía, sin escuchar a las partes y llega, incluso, a acusar al organismo español de desafiar la supremacía de la normativa de la Unión Europea por encima de la nacional.
La decisión no ha gustado en el organismo comunitario, que incluso había propuesto dejar el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo para que tomara una decisión final. En este comunicado, el organismo expresa su “preocupación”, apunta a que la fiscal general del Estado es “parcial” en el procedimiento al ser la líder de la Fiscalía y que, además, la decisión ha sido tomada “sin escuchar a las dos partes del conflicto de competencia durante la reunión de los fiscales de sala”.
Además, critica este organismo, la normativa española que regula este procedimiento “no promueve ningún remedio” a esta situación. La acusación más grave llega al final del comunicado: “Esto impide que la Corte Europea de Justicia haga uso de su mandato exclusivo para asegurar la correcta interpretación de la Ley de la Unión Europea, y constituye un desafío a la supremacía de la Ley de la Unión Europea”.
La Comisión Europea, por su parte, recuerda que la Fiscalía General Europea (EPPO) es “un organismo totalmente independiente”.
Aunque evita pronunciarse sobre los detalles de ningún caso concreto, “que deben resolverse sobre la base de las normas establecidas en el reglamento de la Fiscalía Europea”, Bruselas entiende que “correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia de la UE decidir, y debe existir un mecanismo que permita que las cuestiones preliminares lleguen al Tribunal”.
Bruselas, además, insiste en que la Comisión Europea “está totalmente comprometida en garantizar que todos los Estados miembros que participan en la Fiscalía Europea [como es el caso de España] cumplan con sus obligaciones en virtud del reglamento del organismo y los Tratados”.
La Comisión, además, afirma que está “siguiendo de cerca la situación en todos los Estados miembros”.