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La Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre varios contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid para comprar material sanitario en 2020 a dos empresas completamente ajenas al sector sanitario. El organismo comunitario, tras sendas denuncias del grupo de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, ha aceptado investigar posibles delitos de fraude a los fondos europeos en la adjudicación de siete contratos por 18 millones de euros para comprar material sanitario a dos empresas ajenas a la sanidad: una se dedicaba al vino con oro y otra al sector audiovisual.
Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, el partido de Ione Belarra ha denunciado, por un lado, tres contratos adjudicados entre marzo y abril de 2020 a la empresa Vin Doré 24K por 7.744.000 euros. Los tres para adquirir distintos tipos de material sanitario para el pabellón 10 del recinto ferial IFEMA, donde la Comunidad habilitó un almacén “que dio servicio a centros sanitarios, residencias, ayuntamientos y otros espacios públicos de toda la Comunidad de Madrid”, según recoge la memoria de IFEMA de ese año.
La segunda denuncia por la que la Fiscalía Europea abre una investigación es por cuatro contratos adjudicados a Air Global Media por un total de 10.660.500 euros entre abril y junio de 2020. Contratos, igualmente, para traer material quirúrgico para el almacén de IFEMA y también para abastecer a centros sanitarios de la Comunidad de Madrid.
Ninguna de las dos empresas, tal y como explica la denuncia, se dedican al sector sanitario o textil. Vin Doré 24K, que según el portal de contratación ha sido objeto de hasta seis contratos de suministro de material sanitario por valor de más de 17,5 millones de euros en la Comunidad de Madrid, se dedica según explica su página web a comercializar vinos de lujo con partículas de oro en suspensión. Air Global Media, según su página web, se dedica al sector audiovisual y al 'big data'.
Unidas Podemos ha llevado el caso hasta la Fiscalía Europea que, después de verificar su competencia al tratarse de contratos financiados con fondos comunitarios, ha decidido abrir diligencias. Lo hace explicando que, a tenor de lo que contiene la denuncia del partido político, puede intuirse un posible delito de fraude a los fondos europeos, pero lo dice sin dejar de destacar que por ahora sólo cuenta con lo que afirma la denuncia y que los “contornos” de los hechos son, por ahora, “difusos”.
En ambos casos la Fiscalía Europea pone en marcha diligencias, reclama a Unidas Podemos toda la documentación disponible y explica que, por el momento, rechaza hacer cualquier imputación para evitar precipitarse. A medida que avancen las diligencias, explica la Fiscalía Europea en estos escritos, decidirá si alguien debe ser llamado a declarar.
Alejandra Jacinto, diputada de Unidas Podemos, entiende que esta iniciativa de la Fiscalía Europea apunta de nuevo contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, “Mientras la señora Isabel Díaz Ayuso trata de entretenernos generando titulares sobre censurar libros de texto, la Fiscalía Europea abre una investigación por la adjudicación de contratos millonarios a dos empresas que, sin tener experiencia en el sector, recibieron millones de euros por la compra de material sanitario ante la presunta comisión de un posible delito de fraude a los presupuestos de la Unión Europea y estafa”, dice.
También añade la parlamentaria que, en el caso del Partido Popular, hay “un patrón” según el cual el PP “entiende las instituciones como espacios para regar con dinero público a empresas y empresarios afines, sea en el Ayuntamiento de Madrid o sea en la Comunidad”.
“Dos casos aislados”, según el PP
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha asegurado este jueves que los contratos adjudicados por la Comunidad en plena pandemia para la compra de material sanitario a dos empresas que no tenían relación con el sector y que ahora investiga la Fiscalía Europea son “dos casos aislados que seguro van a terminar en nada”.
Abrines ha afirmado que la demanda, interpuesta por Unidas Podemos, es “de parte”. “Suelen llenarlo de falsedades, por no decir directamente mentiras”, ha dicho el portavoz, que ha reconocido que “sin conocer la denuncia exacta es muy difícil valorar”.
“Como hemos visto a lo largo de la historia reciente de esta Comunidad, todas las denuncias que presenta la izquierda contra la Comunidad de Madrid terminan siendo archivas”, ha asegurado, antes de reclamar a esta institución europea, “la misma diligencia con los contratos que nosotros denunciamos ante la Fiscalía Anticorrupción que no son contratos menores sino que ascienden a 300 millones de euros.
Conflicto por el contrato de su hermano
No es la primera ocasión en que la Fiscalía Europea pone la lupa sobre contratos sospechosos de la Comunidad de Madrid. Este organismo comunitario ya mantuvo un conflicto con la Fiscalía española para investigar el contrato que el gobierno regional adjudicó a la empresa de un amigo personal de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, con la intermediación de su hermano Tomás como comisionista. Un contrato que, tal y como reveló elDiario.es en noviembre, fue adjudicado por 1,5 millones a dedo a Priviet Sportive, empresa de Daniel Alcázar, amigo de la presidenta y su familia desde su infancia.
Este caso supuso un conflicto inédito entre fiscalías después de que la guerra interna en el Partido Popular aflorase la intervención y comisiones del hermano de la presidenta regional. La primera en hacerse cargo del asunto fue la Fiscalía Anticorrupción en Madrid tras la denuncia de varios partidos políticos pero pocos días después la Fiscalía Europea reclamaba hacerse con la investigación usando el mismo argumento que usa ahora: que son contratos financiados con fondos europeos.
En se caso la fiscal general, Dolores Delgado, convocó a la junta de fiscales de sala que decidió por unanimidad apoyar la propuesta del jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, de quedarse con la causa. Esa decisión se tradujo en varios comunicados de la Fiscalía Europea mostrando su oposición a que el caso fuera investigado en Madrid, llegando a acusar a Dolores Delgado de desafiar la supremacía de la normativa europea.