La Fiscalía Europea ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno asumir la investigación del llamado caso Koldo, una presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario durante lo peor de la pandemia que salpica a un antiguo asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, varios empresarios y un guardia civil.
En un comunicado, el organismo explica que ya inició una investigación relativa a un posible fraude relacionado con la adjudicación de contratos adjudicados por los servicios de Salud de Baleares y Canarias a una misma empresa para la adquisición de material sanitario, incluyendo mascarillas, durante la pandemia de la COVID-19.
A la vista de que el Juzgado Central de Instrucción 2 investigaba a la misma empresa por contratos adjudicados por otras administraciones y, como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos.
Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo.
La decisión anticipa un posible conflicto de competencias que acabará en el Tribunal Supremo. Si el juez Ismael Moreno entiende que la instrucción tiene que continuar en la Audiencia Nacional, deberá plantear una cuestión de competencia. En ese supuesto, sería la Sala de lo Penal del Alto Tribunal quien tendría que resolver la discrepancia de criterios entre la Fiscalía Europea y el juez nacional y decidir dónde se sustancia la investigación, previa consulta a la Fiscalía del propio Supremo. Así lo determina el artículo 9 de la Ley Orgánica 9/2021, que aplica el reglamento comunitario 2017/1939 y que establece “una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea”.